Diputados galos aprobaron ayer una ley que penaliza a los clientes de la prostitución y anula las sanciones contra quienes la ejercen. El texto está en el centro de una fuerte polémica, con manifestaciones callejeras a favor y en contra.
Los principales partidos políticos franceses, en un acontecimiento con pocos precedentes en la legislatura gala, dejaron “libertad de conciencia” a sus diputados para decidir su postura acerca de la aprobación o rechazo del proyecto de ley que penaliza con multas a los clientes de la prostitución. Ni en las altas esferas del Partido Socialista se logró un acuerdo, a pesar de que el texto fue justamente presentado por la formación oficialista liderada por el presidente Francoise Hollande. La “Ley para incrementar la lucha contra las redes de prostitución” -ese es su nombre original-, fue redactada por dos diputados socialistas, Maud Olivier y Catherine Coutelle, y por Guy Geoffroy, de la opositora Unión por un Movimiento Popular (UMP), partido del ex presidente Nicolas Sarkozy, y ha generado un fuerte debate tanto en el parlamento francés como en la sociedad en su conjunto durante meses. En la cámara baja, la propuesta logró la aprobación con 268 votos a favor, 138 en contra y 79 abstenciones y casi ningún bloque votó compacto. Ahora, el senado tendrá tiempo hasta junio de 2014 para darle sanción definitiva o enmendar el texto.
La ley cambia por completo la forma en que el estado actúa sobre la prostitución. La norma aprobada en 2003, preveía sancionar a quienes ejercieran la prostitución en la calle con 3.750 euros de multa y dos meses de prisión, por el delito de incitación pública. Hoy la penalización pasa a ser sobre los clientes, que recibirán una 1.500 euros y hasta 3.000 en caso de reincidencia, además de la obligación de presenciar talleres de concientización sobre violencia de género. El texto prevé sancionar con hasta tres años de cárcel y 45.000 euros a quienes contraten a una menor de edad, embarazada o minusválida. Se trata de la principal medida de esta nueva norma, que sigue la filosofía prohibicionista adoptada en Suecia en 1999 con una ley muy similar, que según datos de la Unión Europea logró reducir la prostitución forzada a la mitad en diez años.
Otra de las iniciativas polémicas tiene que ver con la “reinserción” de las personas extranjeras que salgan de la prostitución. Según un informe realizado en 2012 por la Comisión de Asuntos Sociales del Senado, el 80% de las 20.000 personas en situación de prostitución en Francia son víctimas de trata y extranjeras, oriundas principalmente de Rumania, Bulgaria, Nigeria, Brasil y China. Para ellas, la nueva legislación prevería el otorgamiento de un permiso de residencia temporal de seis meses y un subsidio de 336 euros mensuales. La ministra de los Derechos de la Mujer, Najat Vallaud-Belkacem, aseguró que el Gobierno destinará 20 millones de euros al año para esta iniciativa, y subrayó que esta ley “permitirá a miles de jóvenes chicos y chicas salir de la prostitución”.
“No toques a mi puta”
Desde octubre, cuando 120 diputados socialistas avalaron la presentación del texto para su tratamiento legislativo, organizaciones de derechos humanos, feministas y los sindicatos de trabajadoras sexuales comenzaron sendas campañas a favor y en contra del proyecto. Entre los hechos más controversiales, se encuentra la publicación de un manifiesto firmado por intelectuales, artistas y periodistas titulado “No toques a mi puta”, donde se afirmaba que “cada uno tiene derecho de vender libremente sus encantos, e incluso de que le guste. Y rechazamos el hecho de que los diputados dicten normas sobre nuestros deseos y nuestros placeres”. El artículo, publicado en la revista Causeur, lleva la firma de “343 bastardos”, en evidente referencia al manifiesto escrito en 1971 por Simone de Beauvoir y publicado en la revista Le Nouvel Observateur, en el que 343 mujeres aseguraban haber abortado, y firmaban como “343 putas”. Entre los autores del artículo en contra de la nueva ley, se destacan Frédéric Beigbeder, director de la revista “para hombres” Lui y Richard Malka, abogado del ex director del Fondo Monetario Internacional, Dominique Strauss-Kahn, procesado en Francia por “proxenetismo agravado” tras la denuncia de violación de una camarera de un hotel cinco estrellas.
En contra del proyecto también se demostró el Sindicato del Trabajo Sexual (STRASS), una de las mayores entidades anti-abolicionistas del país. Según su secretaria general, Morgane Merteuil, “esta ley no va a acabar con la prostitución sino hacerla más peligrosa”, y subrayó el estado de “desamparo” en que se encontrarían trans y travesti “que eligen el oficio”. La nota de color durante el debate la dio la asociación opositora al matrimonio homosexual La Manif pour Tous, que soltó sin mayores explicaciones varias gallinas en la puerta del congreso para protestar contra la aprobación de la ley, ante lo cual la policía mató a cuatro aves para hacer volver la calma. Mientras tanto, centenares de personas pertenecientes a organizaciones sociales y feministas también se acercaron a la cámara de diputados para apoyar el proyecto.