Por Tomás Eliaschev. El precario equilibrio entre el gobernador y su vice se resquebraja ante cada hecho que hace inocultable la descomposición de la Policía Bonaerense. El primer aniversario de la nueva masacre de José León Suárez y un panorama de quiénes son los policías involucrados.
Es una guerra fría, donde se juega uno de los principales antagonismos políticos actuales. Y se produce dentro de la fuerza gobernante. Daniel Scioli, el gobernador bonaerense que aspira en 2015 a reemplazar a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, sostiene el autogobierno policial mientras que el ejecutivo nacional reconoció a partir de la creación del Ministerio de Seguridad que encabeza Nilda Garré que existe el crimen organizado por que hay una pata policial, posición a la que adhiere el vicegobernador de la provincial, Gabriel Mariotto.
La conmemoración del aniversario de la nueva masacre de José León Suárez, donde fueron asesinados Mauricio Ramos, de 16 años, y Franco Almirón, de 17, fue el marco donde se agudizó el contrapunto nación – provincia, que había amainado durante las elecciones de octubre, en un poco edificante ejercicio de hipocresía practicado por los dos bandos oficialista en pugna. En un acto en la estación ferroviaria del barrio, Mariotto lanzó críticas contra la Bonaerense. En su momento, el ministro de Seguridad y Justicia provincial, el ex aicalde dictatorial Ricardo Casal, defendió el accionar policial y la teoría de que los vecinos de la villa La Carcova, próxima al basural del Ceamse habían volcado un tren para saquearlo, una versión que el tiempo (y la falta de pruebas) se encargó de diluir.
“¿Es posible que todavía siga el mismo responsable de la Departamental San Martín?”, se preguntó el vicegobernador en su discurso, en referencia a Marío Edmundo Briceño, a quien ya hemos referido en estas páginas, en el que destacó que “no puede haber complicidad entre la policía y el delito, pero mucho menos entre la política, la policía y el delito”, recordando las responsabilidades policiales en el caso de la niña Candela Sol Rodríguez, secuestrada y asesinada, y los vínculos de la policía del distrito con “Mameluco” Villalba, sindicado como uno de los narcos de la zona. Además, en el mencionado discurso, el vicegobernador, comentó: que ” los policías presos de Valeria del Mar hicieron una ratonera para hacer estadística con las cámaras de televisión”, en referencia a los cinco efectivos que mataron a un hombre y fraguaron un enfrentamiento. Sin embargo, quiso matizar diciendo que “la policía está colmada de actos heroicos que no aparecen en los diarios”.
Días atrás, mientras Scioli difundía fotos en las que se lo veía revisando su prótesis en un consultorio médico, Mariotto intervino la comisaría 2da de Florencia Varela, por los vínculos de los jefes policiales con narcos. Ya de regreso, el gobernador reincorporó a todos los policías separados por la represión a los jóvenes de La Cámpora en el día de su asunción, menos a uno de ellos. Los jefes de la Bonaerense, pese a su descrédito, siguen firmes en sus prácticas y la impunidad no cede. Otro tanto puede decirse del personal del Servicio Penitenciario, que asesinó a un joven en la Unidad Penal 46, paradójicamente a muy poca distancia de los basurales donde cayeron masacrados Almirón y Ramos.
Por la masacre de José León Suárez están imputados y procesados por “homicidio” el suboficial inspector Gustavo Ezequiel Vega, de la comisaría 2ª de San Martín y el efectivo Gustavo Sebastián Rey. Al menos Vega habría sido inducidos por sus superiores para auto inculparse por la masacre según denuncias del Centro de Estudios Legales y Sociales. Descartando que tengan homónimos en la fuerza, se puede inferir a través de los datos disponible en el AFIP que Rey tiene tan solo 24 años y está domiciliado en Barrio Para Jefes y Oficiales General San Martín, mientras que Vega, es sargento primero desde 2005, tiene 42 años y ha sido docente en el Centro de Entrenamiento Táctico de Morón y fija domicilio en Villa Lynch. Su situación económica está en rojo: según el Banco Central, tiene deudas por 52 mil dólares en distintas entidades financieras.
Quienes están quedando al margen de la investigación, además de Briceño, son otros dos jefes policiales que no fueron mencionados en el discurso de Mariotto: además de Briceño, a cargo del operativo también estaba el comisario Jorge Antonio Cortez –que es clase 62 y su Legajo N° 16.476. Está al frente de la Estación Policía Buenos Aires 2 San Martín, esto aún después de dirigir el operativo que terminó con dos víctimas fatales. Fue confirmado en su cargo el 31 de mayo de 2011. Este no era su único antecedente: en 2006, cuando era comisario en Tres de Febrero, fue desafectado por actos de corrupción.
En la resolución firmada por Casal, según el Boletín Oficial, se afirma que “analizados los antecedentes del funcionario policial, no existen impedimentos para el dictado del acto administrativo pertinente”. No tomó en cuenta la desafección de servicio que pesó contra Cortez cuando revistaba como titular en la Comisaría de Tres de Febrero, la 7ma. Fue decidida por el entonces ministro de Seguridad bonaerense León Carlos Arslanían en septiembre de 2006. Cortez infringió los artículos 118 incisos “a” y “h” del Decreto 3326/04, o sea que se lo sancionó por “cometer actos u omisiones que impliquen en forma directa o indirecta cualquier modo de corrupción” y “cometer, por acción u omisión, todo acto que importe el incumplimiento de un deber legalmente impuesto al agente por las normas que rigen su actuación, en tanto se verifique de éste una grave afectación a la ética, el respeto, la integridad y la honestidad del funcionario. Según informó Télam en su momento, Cortez, junto con el teniente Emiliano Leonardo Moncayo y los sargentos Juan Carlos Catalán y Claudio Raúl Giordano, fraguaban servicios adicionales y exigían dinero por esto a sus subordinados.
Cortez, que es subcomisario desde enero de 2003, asistió en diciembre de 2010 en representación de la Policía Buenos Aires 2, junto la plana mayor de policial de San Martín a una reunión pública con el por entonces intendente Ricardo Ivoskus. El jefe policial está domiciliando en Caseros, con domicilio alternativo en El Palomar y en San Martín tal, de la distrital y de la Policía Federal.
El tercer hombre que zafó de ser indagado por la justicia es Víctor Hugo “El Patito” Uhalde, que era titular de la Comisaría de José León Suárez, a cargo del operativo, Este hombre fue condenado por apremios ilegales agravados, es decir, tortura, en el año 93, sin embargo siguió su carrera, como informó Veintitrés. Luego de la matanza de Almirón y Ramos, Uhalde fue removido de la comisaría, pero no sufrió mayores consecuencias.