Por Facundo Hernández. En la primera parte del informe referimos a las investigaciones requeridas por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en ocasión del diseño del programa Argentina Trabaja. Similares procedimientos en Provincia y en los municipios. El problema de las políticas sociales focalizadas.
Urbanizar villas del conurbano y garantizar la asistencia a los más chicos
El ministro de desarrollo social de la provincia de Buenos Aires, Baldomero Cacho Álvarez de Olivera, apenas asumió su cargo estableció un plazo de 60 días a su equipo de trabajo para completar el análisis de las 100 villas del gran Buenos Aires que su ministerio se propuso urbanizar en el corto plazo. En este caso, el funcionario provincial decidió no apelar a un estudio académico, sino ir arreglando la agenda de trabajo y prioridades con los intendentes más cercanos. Prefirió anunciar el Plan de Urbanización de Villas y Asentamientos con la presencia del gobernador Scioli, los intendentes y otras autoridades comunales, en distintos municipios, más a tono con la estética del clásico acto político. Cacho Álvarez es uno de los más claros exponentes del PJ bonaerense, y su agenda social se orienta casi con exclusividad a los intendentes del peronismo. Sin embargo, en este caso permitió a sus funcionarios consultar a las organizaciones territoriales del conurbano para consensuar el plan de trabajo allí donde pudieran surgir conflictos.
Por su parte, el intendente quilmeño Francisco Barba Gutiérrez instruyó a su secretaria de Desarrollo Social, Valeria Isla, para que complete un censo de lo que, estiman, son los 40 mil hogares del distrito que oscilan entre la pobreza y la indigencia. El objetivo en este caso sería dotar al Consejo Local de la Niñez y la Adolescencia de los datos precisos para supervisar que la Asignación Universal a la Niñez llegue en forma adecuada a los hogares más necesitados.
¿Control político de los pobres? El problema de las políticas sociales focalizadas
Hasta la aplicación de la Asignación Universal por Hijo hace algo más de un año, el gobierno hizo de la defensa de las políticas sociales focalizadas una bandera de gestión. La explicación oficial –sostenida con vehemencia por la propia ministra Alicia Kirchner- esgrimía que, con la recuperación económica de los últimos años, alcanzaba con detectar ciertos núcleos duros de pobreza y destinar un programa social específico para cada necesidad. Fue una particularidad de las políticas sociales de los últimos años la multiplicidad de programas de asistencia alimentaria, subsidios de desocupación, sostenimiento de comedores populares o planes de vivienda, que sin embargo parecían no dar los resultados esperados. Pero el verdadero motivo del fracaso de estas políticas focalizadas, las críticas más sólidas, se amplificaron con las denuncias de “clientelismo” que apuntaron al manejo discrecional de los recursos en cuestión: si tal beneficio no es para todos o no están claras las condiciones para ser destinatario, ¿a quién se le otorga entonces? La respuesta fue una red de entrega de beneficios sociales a quienes estuvieran alineados polítcamente al oficialismo, o a los funcionarios a cargo de cada programa. Edgardo de Petri, diputado y dirigente del oficialista Frente Nacional y Transversal, explica así la invención del plan Argentina Trabaja: “Había una base social que necesitaba un programa de empleo de estas caracterísiticas, y es cierto que el conurbano era la prioridad, aunque debería extenderse a todo el país, eso es una deuda”. Efectivamente, de dicho programa –el más serio en términos de impulso al trabajo comunitario– quedó excluida el resto de la provincia de Buenos Aires, y las demás provincias del país.
Estudiar el conurbano
Las conclusiones del trabajo realizado por el Instituto Conurbano de la Universidad Nacional General Sarmiento fueron presentadas en el libro Los mil barrios (in)formales. Aportes para la construcción de un observatorio del hábitat popular del Área Metropolitana de Buenos Aires (Ed. UNGS), coordinado por la responsable del programa, Lic. María Cristina Cravino. Allí se exponen los resultados del abordaje de algunos casos y una descripción de la metodología utilizada. El estudio se complementa con dos indagaciones: la perspectiva de los habitantes respecto a la percepción de seguridad en la tenencia y la visión de los medios de comunicación gráfica sobre los asentamientos informales en nuestro país.
Otro trabajo que aporta información y análisis en el mismo sentido, es El tizón encendido. Protesta social, conflicto y territorio en la Argentina de la posdictadura, de los sociólogos Fernando Stratta y Marcelo Barrera. (Ed. El Colectivo). A este trabajo pertenece el gráfico que detalla el crecimiento poblacional en la región metropolitana de Buenos Aires: mientras la cantidad de habitantes en Capital Federal, Avellaneda y Vicente López decrece, en Ezeiza, Escobar, Florencio Varela, Moreno, Pilar y Presidente Perón en los últimos 30 años la población se incrementó en más de 200%.