Por Antonio Fargas. Luego de un pronunciamiento de la Iglesia, otro de jueces federales del noroeste argentino y el respaldo a este último por parte de la Corte Suprema, la cuestión del narcotráfico volvió a la agenda. Los “narcoescándalos” en las provincias de Santa Fe y Córdoba, las acusaciones cruzadas entre miembros de la clase política, y los pedidos descabellados de la oposición. ¿Hacia dónde va Argentina en la lucha contra el narcotráfico?
(Casi) todas las voces
Los jueces federales de Salta, Jujuy y Tucumán pidieron más nombramientos y más cárceles para poder combatir el narcotráfico. La Corte los respaldó y allí fueron los diarios: “La Corte Suprema le exigió al Gobierno que tome medidas urgentes contra el narcotráfico”, tituló La Nación. El ministro de Seguridad, Arturo Puricelli, y el de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, salieron rápidamente al cruce, indicando que es facultad del Consejo de la Magistratura (órgano del poder judicial) hacer efectivos la gran mayoría de esos nombramientos.
Lo que nadie dice es qué se hace con esos recursos en el norte. La revista de la Asociación Pensamiento Penal dio a conocer algunas estadísticas sobre el Tribunal Oral Federal (TOF) de Jujuy para 2010: de las 68 condenas que hubo, un 55% correspondió a “mulas” y en casi todos los casos hubo un solo imputado. Es decir que no lograron destapar ninguna red de narcotráfico en la región del país que limita con Bolivia, segundo mayor productor mundial de cocaína y puerta de entrada de gran parte de la droga que se consume y se envía luego a Europa.
Respecto de las cárceles, es llamativo el pedido de más prisiones cuando Argentina es uno de los países con más sobrepoblación carcelaria. Esto puede explicarse, en gran medida, por dos factores: el abuso de la prisión preventiva (considerada como una “pena anticipada” e inconstitucional por numerosos juristas) y la gran cantidad de presos por delitos de drogas, dentro de los cuales se encuentran los eslabones más bajos de la cadena del narcotráfico y los consumidores: según datos judiciales, 12.000 causas son abiertas anualmente por drogas, 8.000 de las cuales son contra consumidores. Según la Asociación Intercambios, los detenidos por ley de drogas pasaron de 14.900 en 1998 a 30.000 en 2008. Y en 2012, el 21% del total de detenidos fue por infracción a la ley de drogas (casi la misma cantidad que los detenidos por robo y hurto). De todos ellos, el 67% es menor de 30 años. El CELS ha hecho notar que la ley de drogas es una excelente herramienta policial para conseguir el dominio territorial en barrios humildes, ya sea deteniendo a jóvenes con pequeñas cantidades de droga o directamente plantándolas para armar causas.
Policías contra policías
La principal solución al problema del narcotráfico parece ser, entonces, represiva. Si bien desde el gobierno dejaron en claro, ante reclamos de la oposición, que no sancionarán una ley de derribo de aviones (sancionada y derogada en Perú luego de asesinar por error a una familia estadounidense), sí se refirieron a la mayor cantidad de efectivos de fuerzas de seguridad como Gendarmería y Prefectura en el conurbano bonaerense y el sur de la Capital Federal.
No es novedad la problemática social que envuelve a la policía en todo el país. Pero en los últimos dos años vienen destapándose escándalos narco que involucran a miembros de las policías provinciales, con Santa Fe y Córdoba a la cabeza. Estos escándalos, que incluyen cámaras ocultas en televisión, renuncia de funcionarios y acusaciones cruzadas, muestran que otorgarle más poder a las fuerzas de seguridad en la lucha contra el narcotráfico no haría más que agrandar el problema: el narcotráfico hoy en día funciona gracias a la intervención policial. Si bien el ministro Alak dijo que el narcotráfico “es un problema global”, omitió decir que, como todo comercio a lo largo de la historia, se desarrolla buscando las rutas de comercio más seguras al menor costo. Argentina comenzó siendo un “país de tránsito” entre los productores de cocaína (Bolivia, Perú y Colombia) y centros de acopio en África Occidental, o bien puertos europeos en Portugal o España desde donde ingresar la droga al Viejo Continente. Hoy percibimos que aumentó el consumo y que el narcotráfico generó fuentes de trabajo y una entera economía subterránea en poblaciones pauperizadas y marginadas.
La policía se inserta en el negocio de diversas maneras: reintegra al mercado negro droga incautada, regula el crecimiento de los pequeños reyes del tráfico territorial (lo cual bloquea, irónicamente, el surgimiento de grandes barones de la droga a lo Pablo Escobar, que no pueden, todavía, hacer frente a la infraestructura policial) y tiene la capacidad logística para cobrarle a todos los actores del tráfico, inflando el precio del producto. Los ribetes mafiosos de los crímenes narco también llegan a la policía, como se vio en el caso cordobés, donde el oficial principal Juan Alós, investigado por vínculos narcos y denunciado en TV por un ex colaborador de la policía, apareció muerto de un tiro en su auto, al igual que la oficial Damaris Roldán. El escándalo llegó a provocar la renuncia del ministro de Seguridad y el jefe policial y hasta arrancó declaraciones al gobernador De la Sota.
En Rosario la situación es peor. Varios policías, incluso de puestos jerárquicos, debieron renunciar y son investigados por vínculos con Los Monos, el clan narco de la familia Cantero cuya lucha por el dominio del tráfico en la ciudad se refleja en la creciente cantidad de homicidios durante los últimos años. Rosario es un punto estratégico para el tráfico: su gigantesco puerto, una especie de “enclave económico” del motor exportador sojero, es ideal para llevar droga hacia afuera del país. Rosario muestra las líneas muestras de lo que podría ser, a futuro, una cartelización del país entero y, de seguir con la política exclusivamente represiva contra el narco, un baño de sangre como en México, Colombia o Brasil.