Ayer y a través de un DNU, el presidente Mauricio Macri flexibilizó aún más la Ley de Riesgo de Trabajo, bajando las indemnizaciones laborales por accidente o muerte. Repaso de una política de estado criminal.
Por Agustín Bontempo
La gestión de Cambiemos parece no tener límites, incluso en su franca retirada. Como si no fuera poco la situación de crisis en la que se encuentra el país a partir de la destrucción del empleo, la retracción de todos los rubros industriales, la creciente inflación, la liquidación de la moneda, la precarización de la vida y un largo etcétera que ya hemos abordado innumerable cantidad de veces en este sitio, el presidente Mauricio Macri firmó el Decreto 669/2019 que reduce las indemnizaciones laborales en caso de accidente o muerte.
Además de empeorar las condiciones de seguridad social de cualquier trabajador o trabajadora, el DNU presidencial se agrava a partir de que es retroactivo en casos de personas ya accidentadas.
El decreto se firma solo una semana después del crimen de Ezeiza, donde al menos un trabajador murió producto del derrumbe en la obra del aeropuerto, mientras una decena más tuvieron heridas de diversa gravedad. Es decir, una contundente provocación del macrismo.
Una de las razones que se expone en la norma es la falta de solvencia que el régimen actual tiene para poder cumplir con los gastos. Frente a esto hay dos cuestiones a tener en cuenta. Por un lado, estamos hablando de personas que se encuentran en posiciones desfavorables por diferentes niveles de incapacidad o, más grave aún, habiendo fallecido con el consecuente resultado -en ambos casos- de condicionar la subsistencia de una familia. Por otro lado, es llamativo el argumento de la solvencia de las aseguradoras, teniendo en cuenta que el gobierno actual se ha caracterizado por ajustar al conjunto de los trabajadores con aumentos grotescos en el sistema impositivo, al mismo tiempo que plagó de favores a los sectores patronales.
¿Cuál es el escenario?
Mucho se ha escrito –y con razón- sobre el plan integral del gobierno actual de transformar estructuralmente nuestra sociedad, ya sea en términos políticos, económicos o culturales. Esa planificación que tuvo su golpe de gracia con el sometimiento al Fondo Monetario Internacional también tuvo lugar en todo lo que respecta a los accidentes de trabajo.
Ya en 2017 y con apenas un año de haber asumido la gestión, el gobierno logró imponer una reforma en la Ley de Riesgo de Trabajo con argumentos similares a los actuales. Según aquella norma, las y los trabajadores contaban con una serie de mecanismos que les permitían judicializar fácilmente las denuncias por accidentes de trabajo, motivo por el cual el gobierno, a través de la nueva normativa, imponía una serie de mecanismos para que estos casos no lleguen a puertos favorables para las personas damnificadas. Una norma al servicio de las empresas que, efectivamente, vieron aumentar sus ganancias porque los aportes de los trabajadores y trabajadoras no se redujeron (al contrario) pero sí pudieron limitar considerablemente los gastos ante eventualidades de este tipo.
Más allá del marco legal, el escenario es más grave. En Argentina no solamente la normativa actual es adversa para las y los trabajadores, sino que las condiciones laborales son precarización incluso para quienes forman parte del universo de trabajadores registrados. Según datos oficiales, este sector está compuesto por alrededor de 12 millones de personas.
Según la campaña Basta de Asesinatos Laborales, en 2018 hubo un crimen cada 20 hs, totalizando más de 400 personas que murieron en sus puestos de trabajo por falta de condiciones para desarrollar sus tareas. Esta cifra que es alarmante en sí mismo no alcanza a las millones de personas que no forman parte del registro oficial de trabajadores y trabajadoras. Es decir, todo lo que se considera empleo ilegal, que no hay aportes en seguridad social, cobertura de ningún tipo, sin convenios sectoriales, sin marco estipulado de duración de la jornada laboral, etcétera, es un sector no alcanzado por estas cifras.
En un plano más general, por la tarde de ayer el INDEC publicó su último informe sobre pobreza e indigencia que contempla el primer semestre de 2019, arrojando la vergonzosa cifra de que en nuestro país más del 35 por ciento de las personas están en situación de pobreza. Es decir que la gestión que encabeza Mauricio Macri se retira del gobierno no solamente sin cumplir con su promesa de campaña, sino que -contemplando las consecuencias de la última devaluación-podría estar más cerca de la mitad de la población, con valores que superen el 40 por ciento.
Catástrofe social
El Indec informó recién que la pobreza se disparó al 35,4% en el primer semestre, unas décimas por encima incluso de lo que adelantaban las estimaciones privadas. Entre menores de 15 años, llega al ¡52,6%!
Por el estallido de la corrida, empeorará este semestre. https://t.co/UJMbMlj1eo— Juan Strasnoy Peyre (@JuanStrasnoy) September 30, 2019
Falta menos de un mes y esta será una demanda que escalará en importancia para la posible gestión de Alberto Fernández. Mientras tanto, el gobierno nacional hace campaña prometiendo suspender aportes patronales a empresarios y las y los trabajadores siguen muriendo tratando de vivir dignamente.