La justicia analiza realizar un embargo preventivo a los principales accionistas de Papel Prensa, Grupo Clarín y La Nación, en el marco de la investigación por lavado de dinero proveniente de la apropiación de la fábrica de papel durante la dictadura.
El titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Jose Sbatella, solicitó al juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal actuar como querellante en la causa Papel Prensa y pidió a su vez una medida cautelar para el decomiso de bienes que evite posibles maniobras del grupo accionista y garantice de esta manera la cumplimentación patrimonial de una sanción futura.
Sbatella afirmó que la acusación se fundamenta en un capitulo agregado a la ley de lavado de dinero que se aprobó en 2011, el cual establece que “se daña el orden económico y financiero cuando hay dinero que proviene de un hecho ilícito que no haya prescripto” y que comprende a los dueños en ese momento de los diarios, Ernestina Herrera de Noble, Hector Magnetto y Bartolomé Mitre.
“La masa de dinero que se acumuló de los bienes apropiados durante la última dictadura daña ese bien protegido por lo cual a quienes están usufructuando esos capitales, Clarín y La Nación, les corresponde ser acusados de autolavado o de lavado de dinero, y eso hemos hecho ayer en el juzgado del doctor Ercolini ”, agregó el titular de la UIF.
La causa surge por una denuncia realizada por la Secretaria de Derechos Humanos con el fin de establecer si hubo acciones ilegales acompañadas por el gobierno de facto de la última dictadura para garantizar la transferencia compulsiva de acciones de Papel Prensa, en ese entonces propiedad del grupo Gravier, hacia el grupo Fapel, conglomerado compuesto en ese momento por Clarín, La Nación y La Razón.
La presentación de la UIF sostiene que a la fecha “no se ha probado que los vendedores hayan percibido la totalidad del precio convenido”, lo que sumado al reciente hallazgo de los expedientes de la junta militar donde se detalla el seguimiento exhaustivo que el régimen realizó de la empresa, complica aún más a los directivos de ambos diarios.
Sbatella afirmó que “no es una cuestión menor que los bienes pasen de vuelta al Estado, por lo menos en una primera instancia, y luego se verá si la familia los recupera o no en otro proceso judicial”, y agregó que el de Papel Prensa es uno de los “seiscientos casos comprobados de apropiación de bienes” que se realizaron durante el periodo 1976-1983, durante el cual “había un grupo que se ocupaba del decomiso de los bienes de los detenidos desaparecidos”.
Los ejecutivos de Clarin están siendo investigados por otra causa de lavado de dinero que involucra los fondos de las AFJP y sobre la cual el fiscal federal a cargo de la investigación, Miguel Angel Osorio, recibió recientemente nueva información.
La causa comenzó por una serie de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) generados por el Banco Central y por la AFIP, que fueron analizados por la UIF y luego pasaron a la procuraduría antilavado. Estos reportes serían una prueba del destino que pudo haber tenido el dinero obtenido por la colocación de acciones de 2007, cuando el holding fue denunciado por intento de fraude a las AFJP a través de la compra de acciones con fondos previsionales.
La operación que generó la sospecha fue la transferencia, realizada en octubre de 2008, de más de 3 millones de pesos desde el Banco Mariva, base de operaciones del grupo, hacia el First Overseas Nak Limited de Bahamas, un día después de que se denunciase la venta de acciones de las AFJP ante la inminente estatización de los fondos provisionales.