Como hace tiempo no sucedía, Costa Rica vivió este lunes una gran jornada nacional de protesta. Con un amplio abanico de demandas, una veintena de sindicatos y organizaciones populares realizaron paros, huelgas, bloqueos y marcharon en varias regiones del país.
La amenaza del gobierno no logró amainar la convocatoria. A pesar de las palabras previas del ministro de la Presidencia, Carlos Ricardo Benavides, quien advirtió que se descontaría el día de salario a quienes se plegaran al paro del denominado “Bloque Unitario”, miles de trabajadores de la educación, la salud, la electricidad, las telecomunicaciones y los puertos, junto a diversas organizaciones sociales como el Foro Nacional y grupos ambientalistas, se manifestaron en una decena de ciudades costarricenses.
Las principales demandas fueron al corazón del modelo económico implementado por el gobierno de Laura Chinchilla: el rechazo a una nueva reforma fiscal, a la privatización de la Caja Costarricense del Seguro Social y a la concesión de los puertos; el repudio al alza de las tarifas del servicio eléctrico y a una eventual reducción de las tarifas al sector empresarial; y la oposición a la flexibilización de los controles ambientales en los megaproyectos. Se incluyeron también consignas contra el alto costo de la vida, la corrupción gubernamental y por mejores condiciones laborales.
El secretario general de la Unión Nacional de Empleados de la Caja y Seguridad Social (Undeca), Luis Chavarría, sostuvo que la bandera principal de la jornada tuvo que ver con “revertir las políticas neoliberales que ha venido implementando el gobierno. Estas políticas han venido a destruir las instituciones de bien social, a generar pobreza y a concentrar la riqueza en pocas manos”.
El Ministerio de Hacienda tiene previsto realizar una reforma fiscal que contempla un aumento del impuesto sobre las ventas y la supresión de las exoneraciones a productos de la canasta básica, además de establecer nuevos impuestos y eliminar beneficios a los trabajadores públicos.
San José, la capital del país, quedó prácticamente paralizada desde la mañana, cuando las columnas de manifestantes se concentraron en cuatro puntos de la ciudad y confluyeron en la céntrica Avenida Segunda, donde se estima que más de 15 mil personas marcharon hacia el edificio de la Caja del Seguro Social y al Ministerio de Hacienda.
La mayoría de los centros educativos de primaria y secundaria del país permanecieron cerrados ya que los educadores se sumaron a la huelga. Las reformas incluirían la eliminación de beneficios salariales de los maestros, la reducción de la cantidad de docentes, un aumento de la cuota y de la edad de pensión y una baja en el presupuesto educativo.
También hubo grandes movilizaciones y piquetes en otras regiones, como Alajuela, San Carlos, San Ramón, Liberia, Puntarenas, Pérez Zeledón, Siquirres, Guácimo y Ciudad Neilly.
Además se bloquearon importantes vías y carreteras como la autopista general Cañas y la ruta 32 y el cierre de los muelles de Moín y Alemán, en la provincia de Limón, lo que impidió la llegada de un crucero con unos dos mil turistas a bordo.
La Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), el mayor grupo sindical del país, justificó la huelga debido al ” acelerado proceso de concentración de la riqueza y crecimiento sostenido de la desigualdad”. Su secretario general, Albino Vargas, destacó: “Esta protesta expresa el creciente sentimiento de frustración popular con una institucionalidad política que, cada vez más, genera exclusión social”.
En su último tramo al frente del gobierno (las elecciones presidenciales son el 2 de febrero y Chinchilla termina su mandato en mayo), la presidenta condenó la jornada de protesta: “El paro es injustificado, irresponsable y busca amedrentar desde ya a las autoridades del próximo gobierno Lo único que consiguen es profundizar el deterioro de las instituciones de nuestro sistema político”.