Por Facundo Hernández. El trabajo realizado por el Instituto Conurbano de la Universidad Nacional General Sarmiento fue el más utilizado por el ministerio que conduce Alicia Kirchner a la hora de diseñar el ambicioso programa de cooperativas Argentina Trabaja. Control político con información precisa.
Corría el 2009, un año difícil para el gobierno nacional. La crisis desatada por la resolución 125 había dado lugar a un inusitado frente opositor liderado por las patronales agroexportadoras que debilitaba al oficialismo. Pero la situación social preocupaba al gobierno no sólo por aquel panorama de chacareros y sojeros rebeldes sino porque en el conurbano profundo comenzaba a notarse un descontento, que en la coyuntura electoral de entonces se reflejó en la derrota del propio Néstor Kirchner.
Organizaciones barriales provenientes del movimiento piquetero comenzaban a movilizar a una base social proveniente de los barrios pobres exigiendo soluciones ante las necesidades sociales. En ese contexto, el ministerio que aún conduce Alicia Kirchner, asesorada por el entonces funcionario Emilio Pérsico, apeló a un estudio de la Universidad de General Sarmiento. Desde entonces el abordaje económico, político y social de una de las zonas donde con mayor atención pone el foco el poder político en la argentina, contó siempre con mapeos precisos y ya no sólo la habitual intuición punteril. Más recientemente, el ministro provincial Cacho Álvarez mandó a hacer su propio registro de villas del conurbano y en Quilmes el intendente Barba Gutiérrez ordenó censar 40 mil hogares pobres de su distrito. Tras la implementación de políticas sociales más activas por parte del gobierno nacional, universidades, ministerios y municipios realizan relevamientos en el gran Buenos Aires que son utilizados para controlar la aplicación de los distintos beneficios.
La ministra Alicia Kirchner buscó, desde un inicio, una forma de implementación que diera racionalidad al reparto de los 100 mil puestos en el Programa Argentina Trabaja entre el medio millón de desocupados de la provincia de Buenos Aires. Para ello, a falta de datos propios, sus funcionarios apelaron al estudio más completo existente hasta el momento. Se trata de un relevamiento elaborado por el Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento que delimita los barrios precarios y asentamientos del gran Buenos Aires.
El informe, realizado por un equipo interdisciplinario encabezado por la antropóloga María Cristina Cravino, detalla la existencia de 819 “villas y asentamientos” en el área metropolitana, 23 en la Ciudad de Buenos Aires y el resto en los distritos bonaerenses de Almirante Brown (20); Avellaneda (36); Berazategui (10); Esteban Echeverría (7); Ezeiza (10); Florencio Varela (36); Hurlingham (36); Ituzaingo (20); José C. Paz (13); Lanús (30); La Matanza (73); Lomas de Zamora (23); Malvinas Argentinas (32); Merlo (22); Moreno (40); Morón (32); Quilmes (48); San Fernando (22); San Isidro (23); San Martín (148); San Miguel (14); 3 de febrero (26); Tigre (39) y Vicente López (29).
En cada caso, el relevamiento hace foco en demarcaciones de territorios, fiscales o privados, donde los habitantes no son propietarios individuales de sus viviendas. Mientras que los asentamientos cuentan con “lotes regulares y calles”, las villas están conformadas por un aglomerado de “lotes irregulares y pasillos”.
El objetivo de dicho trabajo académico resultó ser bien ambicioso: la ficha de cada villa o asentamiento cuenta con información tan variada y detallada como la nomenclatura catastral, la situación de los trámites de regularización, y detalles referidos a la cantidad de lotes o la
existencia o no de redes cloacales, de gas, agua corriente o alcantarillado. Sobre ese relevamiento, se registran 1.200.000 habitantes en situación de vivienda precaria. “Ese es el piso confirmado -explica la licenciada Cravino, directora del proyecto-, pero según estimaciones, serían dos millones.”
A pesar de ser el relevamiento más completo, en el Ministerio que conduce Alicia Kirchner moderaron su entusiasmo inicial con el listado de villas y asentamientos que ofrece el informe. El criterio inicial fue quedando de lado en la medida en Emilio Pérsico primero, y otros funcionarios después, tomaron las riendas del programa y forzaron una distribución de beneficiarios esquivando los listados y acomodando aspirantes según otros intereses. Fueron algunos pocos intendentes los que decidieron mantener el criterio original del programa, y convocar a inscribirse en el programa de cooperativas a través de “mesas barriales” según el esquema que indicaba el informe de la Universidad.
Los relevamientos académicos y los censos de hogares pobres pueden ser buenas iniciativas que ayuden a orientar en forma más justa las políticas sociales, tendiendo a su universalización. Pero resultan inútiles si deben competir con la decisión de hacer las cosas según la arbitrariedad que dicte el interés político de quien las aplique.