Por Fernando Gómez. Una espera de casi 30 años es la que tuvo que sufrir la sociedad guatemalteca para ver al dictador, general en retiro y político de derecha, José Efraín Ríos Montt, afrontando un proceso judicial por genocidio en su contra.
“Si están con nosotros, los alimentaremos; si no lo están, los mataremos”, se le escuchaba decir frente a las cámaras de televisión cuando le preguntaban sobre las denuncias que las comunidades campesinas realizaban de forma desesperada en 1982 a los organismos internacionales de derechos humanos. Pero ahora, quien es acusado de genocidio y delitos contra la humanidad, se mantuvo en silencio durante las once horas que duró la primera audiencia.
En una decisión considerada histórica y trascendental para las miles de víctimas del conflicto armado guatemalteco, la jueza Carol Patricia Flores procesó con arresto domiciliario a uno de los autores del genocidio en el país centroamericano, quien desempeño el cargo de jefe de estado durante su mandato iniciado el 23 de marzo de 1982 y concluido al 8 de agosto de 1983. También se le limitó de la libertad de locomoción, no podrá salir de su residencia sin autorización del órgano jurisdiccional y se prohibió la comunicación con las personas que se encuentran sujetas a proceso penal. Es importante destacar que el ex general golpista guatemalteco es el primer ex gobernante de Centroamérica en ser procesado por genocidio y crímenes de guerra.
Durante el período de su gobierno, el Ejército cometió 11 masacres, dio muerte a un mínimo de 1771 mujeres, hombres, ancianos y niños, 1485 mujeres menores de edad fueron violadas y se realizó el desplazamiento forzoso de cerca de 30 ciudadanos. Estos eran algunos de los crímenes que hace años se encuentran impunes y las organizaciones de víctimas y de derechos humanos esperan poder lograr justicia con esta “histórica” resolución.
El pasado 14 de enero del 2012 Ríos Montt perdió la inmunidad judicial de la que gozaba como diputado del Congreso de la República. Por este motivo hace más de 10 años, desde que se iniciaron en Guatemala y en España los procesos por graves crímenes internacionales, que el “general de la tierra arrasada”, como trágicamente era conocido, nunca había sido llamado por la justicia guatemalteca.
“Será la primera vez que sobrevivientes de la guerra vean frente a frente a la persona que mientras estuvo en el poder ordenó la barbarie cometida en su contra” comentaron los integrantes la Asociación para la Justicia y Reconciliación.
Daniel Pascual del Comité de Unidad Campesina (CUC) dijo que “esperamos que Ríos Montt sea juzgado y que le caiga todo el peso de la ley”, pero advirtió que “lamentamos que se le haya dado privilegios a quien es acusado de genocidio”.
Por su parte el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos valora “positivamente” la decisión de la jueza de ligarlo a proceso por genocidio y delitos contra deberes de la humanidad, pero manifestó en un comunicado público su “inconformidad por la medida sustitutiva de arresto domiciliario otorgada a Ríos Montt ya que los delitos por los que se le imputó son graves y de gran trascendencia nacional e internacional”. También indica que “había ya un precedente de prisión preventiva para otros dos militares acusados por los mismos delitos, por lo que consideramos incoherente dicha medida”. Aunque en la última década varios militares y antiguos colaboradores suyos han sido procesados y condenados por violaciones de los derechos humanos, esta es la primera vez que en Guatemala un ex jefe de Estado se sienta en el banquillo de los acusados.
36 años de Guerra civil
“Yo tenía 8 ó 9 años (cuando) los militares llegaron a capturar a mi hermano. Dijeron que todos debíamos acompañarlos… no los conocía, además vi que habían golpeado tanto a mi hermano y pensé: ‘si me voy, me van a matar también’ y entonces huí. A él (el hermano) lo mataron”, atestiguó una indígena Maya Ixil de 38 años.
Auspiciada por Naciones Unidas para realizar un informe de lo que ocurrió durante los 36 años de conflicto armado (1960-1996), la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH) registró un total de 635 masacres. Indicó que la mayoría fue contra comunidades indígenas entre 1978 y 1984 y que el 95% ocurrieron en Quiché, un departamento que se encuentra situado en la región noroccidental de Guatemala. Es necesario recordar que el conflicto armado dejó 250 mil víctimas, 45 mil desaparecidos y 1 millón de desplazados. El informe señaló que el 90% de los excesos y violaciones a los derechos humanos fueron cometidos por el Ejército o paramilitares organizados y armados por las mismas fuerzas castrenses. El resto las atribuyó a la guerrilla u otros actores del conflicto.
Según Mario Sosa, Coordinador de Comunicación y Propaganda del Frente Popular, es importante destacar que los trágicos números que arrojaron los años de guerra “son consecuencia no sólo de la política decidida e implementada por las elites económicas, políticas y militares a través del Estado guatemalteco y de organismos paramilitares, sino también de la imposición, dirección, financiamiento y asesoría del Estado estadounidense, el cual, inspirado en su Doctrina de Seguridad Nacional, tiñó de sangre a Guatemala y a toda Nuestra América desde los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial.”
La doctrina militar implementada en esos años, conocida como “tierra arrasada”, implicó la aniquilación de poblados indígenas cuyos habitantes eran considerados como potenciales guerrilleros. Esta estrategia militar de “quitarle el agua al pez” buscaba impedir que crecieran las guerrillas que intentaban tomar el poder y que para esa época habían alcanzado un importante despliegue en varias regiones de Guatemala.
Según el Informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH) y el Informe del Arzobispado REMHI, cuando el general Ríos Montt fue gobernante el Ejército cometió “gravísimos crímenes internacionales imprescriptibles, convirtiéndose en el gobierno más sangriento de la historia reciente de Guatemala”, es decir que casi la mitad de las violaciones de derechos humanos cometidas durante los 36 años del conflicto armado se perpetraron en 1982.
El 29 de diciembre de 1996 después de más de cinco años de negociaciones, se firmó el acuerdo final de paz “firme y duradera”, por los representantes de la guerrilla Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) y el Gobierno, y puso fin al enfrentamiento armado interno.
“Aquí no hubo genocidio”
Por su parte el general retirado y actual presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, que en la época de la guerra cumplió funciones en una de las regiones indígenas donde se registraron cientos de violaciones a los derechos humanos, afirmó que va a ser “respetuoso de lo que puedan decir las cortes y los tribunales”, pero que debe aclarar que “personalmente tengo un punto en este tema, aquí no hubo genocidio”.
Estas palabras surgen de un hombre que fuera jefe de la Dirección de Inteligencia Militar, unidad que según organizaciones de derechos humanos “fueron las responsables de cientos de asesinatos, desapariciones y campañas de masacres de aldeas durante los 36 años de la guerra interna vivida en el país”.
Para la CEH “existen actos genocidas cuando el objeto final no es el exterminio del grupo sino otros fines políticos, económicos, militares o de cualquier otra índole, pero los medios que se utilizan para alcanzar ese objetivo final contemplan el exterminio total o parcial de grupo”.
El pueblo guatemalteco nunca dejó de pelear por memoria, verdad y justicia. Hoy luego de tantos años de lucha, los miembros del alto mando militar de los años 82 y 83 se encuentran rindiendo cuentas a la justicia, escenario que se creía imposible, pero que es realidad.