La Justicia hizo lugar al recurso de amparo que deja sin efecto el decreto del gobernador Bordet. Este eliminaba las distancias para las fumigaciones sobre las 1023 escuelas rurales en horario escolar en Entre Ríos. Queda vigente ahora, las distancias de 1000 metros terrestres y 3000 metros aéreos, además de la prohibición de toda fumigación con agrotóxicos en horario escolar.
Por Vivian Palmbaum / Foto: Coordinadora Basta es Basta
“Gurisito mío, lugar de madreselvas te daré.
Y aunque nazcas pobre, te traigo también:
se precisan niños para amanecer” Daniel Viglietti
“Seño me pican los ojos” es uno de los comentarios más escuchados por las maestras rurales de Entre Ríos. Una clara representación del cotidiano de quienes integran las comunidades educativas rurales, expuestos/as regularmente a las fumigaciones y sus derivas. Las escuelas rurales se hallan en su totalidad dentro de las zonas productivas en Entre Ríos, por lo que alumnas, alumnos, docentes y no docentes se ven sometidos al envenenamiento como práctica regular.
El gobernador de la provincia así lo dispuso cuando derogó por decreto las distancias mínimas para la fumigación en las áreas donde se hallan los establecimientos escolares, aún contra las evidencias que acreditan los peligros del veneno. Ni siquiera alguna duda respecto a la salud de la población escolar hicieron retroceder una medida que pone en riesgo su vida e integridad. Poderosos intereses parecen ser de un orden superior a las vidas de quienes dicen representar.
Entre Ríos parece encabezar el triste ranking de envenenamiento por fumigaciones en el país. Localidades como Uribelarrea encabezan el récord de litros de veneno vertidos en el territorio. Por prácticas como esas Argentina se ha convertido en el primer país consumidor de agrotóxicos a nivel global, una experiencia sin igual en otras partes del mundo.
Por su parte, las y los habitantes de Entre Ríos no se han sometido a estas políticas de negocios y se organizaron en una Coordinadora que nuclea las distintas iniciativas que, en cada pueblo y en cada ciudad, llevan adelante para impulsar las medidas contra las políticas de envenenamiento y a favor de un nuevo modelo productivo, la agroecología. En las rondas de los martes, frente a la gobernación en Paraná hacen visibles con marchas su derecho a defender la vida.
“No hay fumigaciones controlables y sus consecuencias se hacen sentir sobre la vida”
Aldana Sacia es abogada e integra la Coordinadora Por Una Vida Sin Agrotóxicos: Basta es Basta de Entre Ríos. En diálogo con Marcha Sacia se refirió a la medida que acaba de conceder la justicia provincial como histórica. Hacia fines del mes de agosto, el día 27, la Coordinadora Basta es Basta representada por la ONG Foro Ecologista de Paraná, junto a la Asociación Gremial AGMER (en nombre de la Campaña Paren de Fumigar las Escuelas), se presentaban ante el CAMARA II en lo Civil y Comercial, SALA II, para requerir medidas urgentes de protección, para niños, niñas, adolescentes, maestras/os y personal no docente que concurren a las escuelas rurales de la provincia de Entre Ríos, de los impactos negativos que la actividad agrobiotecnológica genera en el suelo, el agua superficial y subterránea, el aire y en consecuencia, en la salud.
Se pedían medidas concretas como la fijación de una franja de 1000 metros alrededor de las escuelas rurales libre del uso de agrotóxicos, con una zona de resguardo, barrera vegetal, para impedir o disminuir el egreso descontrolado de los agrotóxicos. Además solicitaban se prohíba la fumigación aérea en un radio menor a 3000 mts., tal como ordena el decreto reglamentario de la Ley de Plaguicidas, para el radio de zonas urbanas. Además se solicitaban medidas de control epidemiológico sobre la población de las comunidades educativas, que por su edad son más vulnerables, entre otras como análisis del agua de lluvia y agua utilizada en las escuelas.
“Se denomina técnicamente DERIVA, al fenómeno de desplazamiento inevitable de agrotóxicos fuera del área fumigada. Es decir, que no hay fumigaciones controlables y sus consecuencias se hacen sentir sobre la vida”.
Con una sentencia favorable el 1º de octubre de 2018 se admitió parcialmente la acción prohibiendo la fumigación terrestre con agrotóxicos en un radio de 1000 mts. Alrededor de todas las escuelas rurales de la provincia de Entre Ríos y la fumigación aérea en un radio de 3000 mts. alrededor de dichos establecimientos. Además se exhortaba al Estado provincial lleve adelante estudios de impacto que permitan organizar políticas de prevención e implantar las barreras vegetales alrededor de las escuelas rurales. El 29 octubre de 2018, se dictaba la sentencia de la Sala de Procedimientos Constitucionales y Penal del Tribunal Superior de Justicia confirmando el fallo.
Tal como relata la abogada Sacia, a pesar de la medida judicial confirmada en segunda instancia, el Gobierno Provincial encabezado por Gustavo Bordet decidió desoír a la justicia y con un decreto reduce las áreas de fumigación alrededor de las escuelas rurales. “Con la Publicación del Decreto Nº 4.407/2018 se reducen las distancias de las aplicaciones, en cercanías a escuelas rurales establecidas en la sentencia, a 100 mts en relación a las aplicaciones terrestres y a 500 mts la restricción de distancia en aplicaciones áreas”. Una situación que también sucede en la provincia de Buenos Aires, donde en Enero pasado la gobernadora Vidal puso en vigencia un decreto eliminando las restricciones en las distancias de fumigación para las escuelas rurales. “Ante semejante panorama de retroceso en materia de protección de derechos humanos fundamentales, como la salud, la vida, el ambiente y la integridad física de los niños, niñas y personal que acuden a las 1023 escuelas rurales de la Provincia, se presentó el día 25 de febrero de 2019 una nueva acción de amparo ambiental, solicitando se declare la nulidad y se revoque el Decreto Nº 4.407/2018” señala la especialista.
Basta es basta
“En este Proceso de Judicialización desde el primer amparo se oyeron distintas voces, expresiones, debates, charlas, que demostraron el grado de reacción de un sector y de sensibilización por el otro. Se llegó así a instancias de repercusión inimaginables donde paralelamente a la instancia de conflicto desde la Coordinadora proponíamos la adopción de la Agroecología como matriz productiva de la provincia desde todos los ámbitos posibles”, explican desde el espacio.
Tanto es así que incluso en medio de este proceso de judicialización el Estado provincial, a pedido de las organizaciones sociales y ambientales, convocó un Foro Provincial de Agroecología. La finalidad del mismo fue gestionar la transición hacia el cambio de la matriz productiva de la provincia de Entre Ríos. Cambio que se declaró política de Estado emitiéndose la resolución oficial pertinente y del cual se van realizando dos encuentros con amplia repercusión y asistencia y donde se van generando propuestas concretas que den forma y espacio a la mentada transición.
El día jueves 28 de Marzo la acción de amparo fue resuelta, el amparo fue concedido dejándose sin efecto los artículos del decreto que disminuían las distancias quedando efectivos los demás, por lo que persiste la prohibición de aplicaciones en horario escolar. Como resultado, quedan vigentes las distancias de 1000 metros terrestres y 3000 metros aéreos además de la prohibición de toda fumigación con agrotóxicos en horario escolar.
A continuación el docente Elio Kohan, activo ecologista y militante contra las fumigaciones, fue increpado a golpes por un ciudadano de Avigdor, mientras profería dichos acerca de su trabajo en defensa del ambiente, a menos de 24 hs. de conocido el fallo. No obstante los rotundos argumentos planteados y el desenmascaramiento de las justificaciones que “respaldan” el decreto, el dia 29 de marzo el gobierno apeló el fallo ante el Superior Tribunal de Justicia.
Gobernar para las cámaras empresarias
Con posterioridad a la contestación de la demanda, el Gobierno Provincial organizó una reunión en la Bolsa de Cereales en la que participaron el Secretario de Producción, el Fiscal de Estado, el Fiscal de Estado Adjunto, representantes de INTA, la Facultad de Ciencias Agrarias-UNER, el Colegio Profesional de Ingenieros Agrónomos ER y todas las entidades del sector agropecuario. Allí la Fiscalía de Estado asesoró a las cámaras empresarias a presentarse ante la Cámara Civil y Comercial de Paraná, en un proceso colectivo como afectados ante la decisión que pueda tomar la justicia.
“Las actoras denunciamos la extemporaneidad de las presentaciones como asimismo la actitud del estado que ostensiblemente estaría representando y defendiendo a un sector claramente basado en intereses económicos lejanos al interés por la salud de la comunidad educativa de las escuelas rurales” precisó la abogada de la Coordinadora.
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