Por Marcos Hermanson* / Foto: Marcelo Tasso
El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil analiza dos acciones que buscan criminalizar los actos de odio contra la comunidad LGBT (lesbianas, gays, bisexuales, transexuales). De aprobarse se debatirá en el Congreso donde la bancada evangélica es la máxima oposición. La comunidad, en resistencia.
El Grupo Gay de Bahia (GGB), una organización no gubernamental dedicada a la defensa de los derechos de los homosexuales en Brasil, divulgó el último viernes el informe “Muertes violentas de la población LGBT en Brasil”, que reúne datos de 2018. Según el documento, el año pasado fueron registradas 420 muertes – por homicidio o suicidio – de personas homosexuales y transexuales.
El informe demuestra que desde 2011 hubo un significativo incremento en el número de muertes de personas LGBT debido a la discriminación. En aquel año 130 muertes fueron registradas y en 2008, 187. En 2017 la cifra alcanzó un nuevo récord, con 445 muertes.
Entre los segmentos de la comunidad LGBT, los hombres gays están entre las principales víctimas reportadas y corresponden a un 39% de las víctimas. Las transexuales son el segundo grupo más reportado, el 36% de las estadísticas. En tercer lugar están las mujeres lesbianas (el 12%), mientras las personas bisexuales representan el 2% de las muertes reportadas.
Las armas de fuego son el principal instrumento utilizado en estos crímenes. Las regiones más violentas para la población LGBT son el Norte y el Centro Oeste del país, con cifras por encima de 2,8 muertes por millón de habitantes. El estado de Alagoas tiene la mayor cifra, con 6 muertes por millón de habitantes.
Políticas públicas
El informe también presenta relatos sobre las centenas de víctimas de la homofobia y transfobia en el país. Entre los relatos, están la historia de una transexual, Fernanda, apedreada y asesinada a puñaladas en una vía pública y de José Ribamar Ribeiro, quemado vivo en Amazonas. El texto también señala los asesinatos de la concejala Marielle Franco y de la estudiante Matheusa Passsarelli en Rio de Janeiro.
En el documento, la ONG presenta una serie de acciones afirmativas que deberían ser implementadas por el Estado para combatir la violencia y la discriminación, como la educación sexual en las escuelas y leyes que criminalizan la homofobia y la transfobia.
Una de las primeras medidas de Jair Bolsonaro después de su asunción fue retirar la población LGBT de las políticas de derechos humanos en Brasil.
*para Brasil de fato