Por Ezequiel Acuña y Evelin Heidel. La ley 11.723 de Propiedad Intelectual de nuestro país está cumpliendo 80 años. Es una de las pocas leyes del mundo que no contempla excepciones para bibliotecas y los especialistas la señalan como una de las más restrictivas. Llegó la hora de jubilarla.
Hace ya casi 80 años, un 30 de septiembre de 1933, después de un intenso debate en ambas Cámaras (Senadores y Diputados), se sancionó la ley de propiedad intelectual. En aquel entonces, el diputado socialista Enrique Dickmann pronunciaba: “Yo auguraría a los artistas y escritores argentinos una prosperidad mayor que la que les va a importar esta ley, si todos los argentinos supiesen leer y escribir; si todos tuvieran necesidad intelectual de poseer en su casa una pequeña biblioteca”.
Hoy, gracias al avance de la digitalización de la cultura y de la expansión de Internet, casi todos los ciudadanos pueden poseer en su casa una gran biblioteca. Sin embargo, esta ley votada hace 80 años se erige como el principal obstáculo a la hora de democratizar la cultura: copiar y reproducir obras monopolizadas por el derecho de autor sin autorización de sus titulares puede comportar una pena de hasta seis años de prisión. “La ley de propiedad intelectual argentina es una de las más restrictivas del mundo desde el punto de vista del acceso a la cultura”, dice Beatriz Busaniche, de Fundación Vía Libre, quien estará como panelista este 10 de octubre a las 18 hs. en el evento “Hacia una agenda propositiva para reformar el derecho de autor” (Ayacucho 555), donde se leerán los 14 puntos esenciales para una reforma de la ley de propiedad intelectual. Marcha dialogó con ella sobre este tema.
– ¿Cuáles son los cambios más urgentes que necesita la ley 11.723?
-La ley de propiedad intelectual argentina merece una serie amplia de reformas, porque tiene muy pocas flexibilidades que equilibren los derechos de acceso a la cultura con los derechos de los autores. Digamos que para empezar a hablar de una reforma que transforme el derecho autoral en Argentina habría que empezar por cambiar la óptica de la ley: el acceso a la cultura debe ser la regla y el monopolio una excepción muy acotada. La propiedad intelectual tiene que ser un medio para un fin y no un fin en sí misma.
Una agenda propositiva
-Pero, ¿qué reformas concretas proponen?
-Una de las primeras cosas es legalizar el intercambio de archivos sin fines de lucro entre particulares. Esta práctica, según investigaciones empíricas sólidas realizadas en diversos lugares del mundo, tiene muy bajo impacto negativo sobre la industria y un impacto muy positivo en el trabajo de los artistas. El intercambio de archivos es una práctica legítima y positiva para la cultura. Además, una reforma debería tener en cuenta las garantías para conservación de obras y de acceso a patrimonio cultural. El tipo de ley restrictiva que tenemos hoy condena a infinidad de obras al olvido, porque muchas pasan a ser obras huérfanas, que deberían estar ampliamente disponibles para ser usadas en bibliotecas y archivos. Lo peor que le puede pasar a una obra no es que la copien, sino que la olviden.
-La mayoría de los estudiantes en la actualidad estudian con fotocopias, ¿esto es legal?
-No, no es legal; por eso es fundamental que cualquier cambio contemple amplias garantías de acceso con fines educativos, académicos. Esto es esencial para la formación cultural de un país. También es necesaria una modificación profunda del sistema de gestión colectiva, que lo dote de transparencia y que otorgue a los autores derecho a autogestionarse o a elegir la entidad que lo represente, saliendo del sistema de monopolios y de gestión de repertorio general vigente hoy.
-Una de las principales razones por las cuales los autores se oponen a reformar la ley es que sienten que se verán limitados sus derechos…
-Al contrario, nosotros creemos que es necesario reformar la ley para imponer, a favor de los autores, una limitación en materia de contratos para terminar con los abusos por parte de las grandes empresas y editoriales, que muchas veces los obligan a firmar contratos leoninos de cesión de derechos.
-¿Y cuál debería ser el rol del Estado en este nuevo esquema?
-Evaluar regularmente el sistema de propiedad intelectual para sopesarlo con la responsabilidad de cumplir con el bien común, entendiendo a la propiedad intelectual como un simple medio, entre muchos otros, para fomentar las artes y la cultura.
Los actores que definen las reglas
-Hay industrias culturales tradicionales que tienen un poder de lobby muy fuerte. ¿Cómo es el panorama actual de los sectores interesados en una reforma del derecho de autor?
-Bueno, el sector representado por las industrias culturales tradicionales en Argentina sigue siendo muy influyente y su llegada a los políticos es muy fluida. El tema que más hace falta trabajar es la construcción de una nueva relación de fuerzas políticas que habilite primero un debate amplio y que luego abra las posibilidades de cambiar la ley en un sentido más progresista. Todavía estamos lejos de eso.
-Sin embargo, si uno lee los diarios, todos los días se encuentra con una noticia vinculada a temas de derecho de autor.
-Claro. Temas como el Canon Digital, el procesamiento a Taringa! o incluso el procesamiento al profesor Potel en su momento pusieron el tema sobre la mesa y la opinión pública tiene una tendencia definida hacia la necesidad de un cambio en la ley.
-¿Y cuál es la postura del sector público?
– Hay de todo, pero actores relevantes como la Secretaría de Cultura de la Nación también construyeron estadísticas y datos que dan cuenta de que la industria está lejos de morir, la crisis que pregonan no es tal, el entorno digital genera oportunidades, etc. De hecho mañana vamos a estar junto a Rodolfo Hamawi, director Nacional de Industrias Culturales, discutiendo todo esto.
Perspectivas a futuro
-¿Cuáles son los pasos a seguir en los próximos años?
-Por un lado, hay que impedir el avance de políticas como las que se impulsan en TPP [Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Asociación Económica], ACTA [Acuerdo Comercial Anti Falsificación] o en regulaciones de tipo SOPA [Acta de Cese a la piratería en línea] y PIPA [PROTECT IP Act]. Luego, y esto creo que supera la cuestión del derecho autoral, hay que cambiar el desbalance que hay a nivel global entre la validez y la observancia de los tratados de comercio y los de Derechos Humanos, pero la tendencia está muy lejos de ir en ese sentido. Sin embargo, estamos en un momento político muy interesante, el debate está cada vez más en la agenda pública, veremos cómo sigue. Lo importante es construir coaliciones amplias que propongan un cambio de agenda a nivel global.