Eduardo Samán, titular del Instituto Nacional para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios
Por Micaela Ryan, desde Caracas. Venezuela enfrenta uno de los peores escenarios de los últimos años a partir de la guerra encubierta que impulsan empresarios locales y extranjeros. El gobierno de Maduro desarrolla políticas para enfrentar esta nueva arremetida contra la Revolución Bolivariana.
“En este país no hay nada, chico”, se escucha en los mercados de Caracas. Largas colas frente a mercados privados, como Mikro, Excelsior Gama y Unicasa se forman temprano en la mañana para comprar la mayor cantidad de productos en el escenario del “desabastecimiento”. En consonancia, los grandes medios privados instalan una matriz de crisis económica sin dar lugar a explicaciones de las causas que generan los faltantes y los actores implicados.
Desde la asunción presidencial de Nicolás Maduro, la derecha venezolana prometió que desarrollaría todas las estrategias posibles para derrocar el gobierno de la sucesión de Chávez. Su hipótesis continúa afirmándose en que muerto el líder, el proceso revolucionario es fácilmente frenable. El primer intento fue el desconocimiento de los resultados electorales y las instituciones venezolanas por parte de la cara visible de la derecha, Henrique Capriles. Pero tras el fracaso de este artilugio, los empresarios decidieron que los políticos ya no tenían capacidad para manejarse en la arena de la guerra, ahora ellos mismos manejarían los hilos de la táctica y estrategia.
El “desabastecimiento” es la estrategia de estos últimos meses. El mecanismo consiste en retirar productos del mercado de manera selectiva, acompañado de operaciones de prensa -de los medios que también son de su propiedad- para generar sensación de caos y crisis entre la población. Una semana el papel higiénico, la siguiente la mantequilla, luego la leche. De esa manera, los empresarios hacen sentir el poder que aún mantienen en la provisión de productos básicos y atentan contra la seguridad alimentaria que hace más de una década se garantizó por estas tierras.
El gobierno, como contraparte, no sólo redobló el abastecimiento de importaciones de productos de primera necesidad, sino que además reforzó las medidas de control y verificación de la producción. Para ello, Nicolás Maduro nombró a Eduardo Samán al frente del Instituto Nacional para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis) y más recientemente creo el Comité Interministerial del Órgano Superior para la Defensa Popular de la Economía. Este comité tiene como función central controlar la venta de divisas a empresarios, tras conocerse numerosos casos de fraude y fuga de divisas que involucran a varios empresarios del país. Las Fuerzas Armadas también intervienen en la circulación de productos y han logrado el decomiso de más de 2 mil toneladas de alimentos acaparados en galpones y fábricas, sólo en la última semana.
Samán, el hombre de Maduro contra las corporaciones
“La guerra económica está destinada al fracaso”, asegura Eduardo Samán, quien no duda en indicar con nombre y apellido quien es el principal responsable: Fedecámaras. Esta entidad empresarial nuclea a las principales cámaras de industrias y distribuidoras. Es desde allí donde se conspira una guerra económica que apunta al desgaste psicológico de la sociedad.
En entrevista con Venezolana de Televisión, este farmacéutico de formación marxista -que ya había sido ministro de Comercio durante la segunda presidencia de Chávez- compara la guerra económica actual con el paro petrolero empresarial de 2002, impulsado en noviembre de ese año tras el fracasado golpe de Estado contra Chávez. Según el funcionario, este paro empresarial es mucho más “sutil y paulatino” y tiene como objetivo generar un colapso total de abastecimiento en los días previos a las elecciones municipales del 8 de diciembre.
En este sentido, los empresarios no se hacen cargo del paro de producción en las fábricas y de la caída en los rendimientos y, a diferencia del paro de 2002, “ocultan la cara” generando confusión en la sociedad. Frente a las denuncias del gobierno, acusan a los trabajadores como causantes de la baja productividad y vinculan a los “problemas de producción” con la puesta en marcha de la reciente Ley de Trabajadores y Trabajadoras, que ha incrementado sus derechos laborales.
Samán advierte también sobre el accionar de militantes de derecha que colocan carteles en la vía pública y se instalan en los mercados advirtiendo sobre una “cubanización del país”. Esto, acompañado de operaciones de prensa que sobredimensionan y magnifican estos episodios, haciéndolos pasar por movilizaciones y protestas espontáneas. En este sentido, la batalla perdida -hasta el momento- es la mediática, ya que los medios privados controlan la opinión pública en el país.
Atentado contra la verdad
En la mañana del jueves 3 de octubre se conoció la noticia: Samán fue víctima de un atentado. Tras retirarse de sus oficinas en horas de la medianoche, fue interceptado por tres supuestos delincuentes dispuestos a robarle. Sin embargo, Samán era acompañado por su escolta quien se enfrentó a estos sujetos en una balacera. Dos de los atacantes murieron en el enfrentamiento, mientras que el tercero se inmoló al accionar una granada. Efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) encontraron otras dos granadas no activadas en el lugar de los hechos. Samán resultó ileso. Hasta el momento, no se han ofrecido declaraciones oficiales sobre los hechos.
Cabe recordar que el año pasado, el hermano de Eduardo Samán, Ragid, fue asesinado en un episodio de similares características.