El pasado lunes se conoció el dictamen que ordenó la detención del sacerdote.
Por María Paula García. Tres fallos condenatorios a 15 años por abuso sexual y corrupción de menores parecían no ser suficientes para que el cura Julio César Grassi sea mandado a prisión. Pero luego de cuatro años de haberse iniciado el juicio en su contra, el Tribunal Oral Criminal Nro. 1 de Morón resolvió por unanimidad que se haga efectiva la “detención inmediata”.
Los privilegios y la impunidad de los cuales ha gozado este abusador de menores, cuya culpabilidad ha sido confirmada por tres tribunales y diez jueces, sólo pueden ser explicados por su condición de sacerdote. Grassi jamás dejó de ser apoyado por la Iglesia Católica, quien a través del Obispado de Morón sigue planteando públicamente dudas acerca de la culpabilidad y sigue a la espera de que la sentencia quede firme a través de la Corte Suprema de Justicia para iniciarle el juicio canónico. Porque aunque parezca increíble, Grassi no ha dejado de ser sacerdote en todo este tiempo, ni aún ahora que se encuentra preso.
Ha sido el mismo obispado quien gestionó que viva en un predio de su propiedad, nada menos que enfrente de la Fundación Felices los Niños donde el cura había llevado a cabo sus abusos. Fue hace poco más de un año que una carta con membrete y sello de dicho Obispado solicitó a los jueces del tribunal que lo condenaron que lo trasladen a la quinta de Hurlingham llamada La Blanquita, para permitirle ejercer allí su ministerio dando misa.
El cura nunca fue dejado solo: recibió protección de sectores de la Iglesia, diversos empresarios financiaron su defensa y contó también con una Justicia cómplice. El mismo abogado querellante denunció una y otra vez cómo Grassi hacía alarde de sus contactos con los jueces entrando y saliendo de los despachos, sonriente ante los medios como un actor de cine dando reportajes y haciendo desfilar a cientos de testigos para decir que era bueno, mientras que entorpeció todo lo que pudo la causa, atacó a las víctimas y logró que éstas tuvieran que declarar ante su mirada intimidatoria, a pesar de los pedidos de los abogados que buscaron denodadamente que esto no ocurriera.
Presas las víctimas
Mientras que el cura condenado por abuso afirma estar tranquilo, en paz y cree en Dios, quien fue dejado solo y no gozó de ninguna paz fue “Gabriel”, uno de los 4500 menores que llegaron a vivir en la fundación de la cual Grassi era el “asesor espiritual”, en palabras del mismo obispado.
El joven que se animó a denunciarlo hace once años tuvo que vivir escondido debido a las amenazas de no llegar vivo al juicio y al estigma que pesa sobre quienes denuncian este tipo de abusos, la mayoría de los cuales son puestos en duda. En principio eran tres los jóvenes denunciantes, pero los jueces desestimaron los testimonios de dos de ellos, conocidos como “Ezequiel” y “Luis”, por no poder ser “probados”. De esta manera, “Gabriel” quedó aislado, teniendo que soportar que Grassi negara todo, lo tratara de mentiroso y de delincuente, repitiera su nombre y distribuyera su imagen.
Hoy, paradójicamente, el otrora mediático “Padre Grassi” se encuentra alojado en la Unidad 41 de Campana, la misma en donde está Carlos Carrascosa, preso por haber asesinado a su esposa María Marta García Belsunce, y por donde también pasó José Arce, quien quedó libre al no poder probársele el asesinato también de su mujer Rosana Galliano. Pedófilos y femicidas. Alguna conexión tienen después de todo.
Niñas, niños y adolescentes desprotegidos
El caso de Julio César Grassi va más allá de él mismo. Desnuda la abominable realidad de la Iglesia Católica, que como institución se opone a la ampliación de derechos para las mujeres y las personas con identidades sexuales transgresoras en nombre de la vida y de la sagrada institución familiar, mientras apaña en su interior a miles de curas pedófilos en todo el mundo sin ninguna consecuencia, debido al poder que detenta sobre la tierra y a los lazos con la justicia de los mortales.
A pesar de las innumerables denuncias y condenas por actos de pedofilia llevados a cabo por sacerdotes, recién este año por primera vez la ONU exhortó al Vaticano a dar explicaciones sobre los casos de abuso sexual y violencia cometidos contra niños en buena parte de las jurisdicciones de la Iglesia Católica en el mundo, en línea con el cumplimiento de las pautas marcadas por la Convención de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Es la primera vez que el Vaticano, que ocupa el lugar de observador permanente, pasa a ser observado por la ONU.
Pero este caso también desnuda el drama de la niñez desprotegida en Argentina. “Gabriel”, “Luis” y “Ezequiel” no son casos excepcionales. Son algunos de los miles de niños, niñas y adolescentes que en nuestro país se encuentran en hogares, institutos, fundaciones o patronatos. Y que están allí porque son pobres, porque fueron abusados o abandonados, porque son adictos a alguna droga o porque sus padres están gravemente enfermos o presos. Y si ello no fuera suficiente, muchos viven durante años sometidos a tratos casi carcelarios, humillados, golpeados y abusados sexualmente por quienes están a cargo de su “guarda”. Según UNICEF, de los casi 20 mil niños, niñas y adolescentes privados de su libertad en nuestro país, el 87% lo están por una causa “de asistencia” o “de protección” y no por causas penales.
Con Grassi preso no termina ni cambia, lamentablemente, la realidad de estos niños. Tampoco el accionar de una Justicia que continúa vulnerando los derechos de los y las menores, que se sigue negando a escucharlos, los pone en duda y necesita de las pruebas tangibles ante abusos y violaciones. Pero es al menos un paso y una decisión judicial que aporta cierta tranquilidad a buena parte de la sociedad.