Por Mario Hernández
El rechazo al tratamiento del presupuesto 2019 no se limitó a las puertas del Congreso de la Nación. Con cortes, piquetes y ollas populares, organizaciones políticas, sociales y sindicales se movilizaron en distintos puntos del país. Areas afectadas por el Presupuesto.
El gobierno de Cambiemos logró luego de una extensa sesión, que incluyó una vez más la represión callejera, los votos necesarios para sancionar el Presupuesto 2019. Fueron 138 los diputados y diputadas que acompañaron la iniciativa, en tanto 103 los que se opusieron, 8 se abstuvieron y 7 estuvieron ausentes. Ahora le toca al Senado debatir y votar el proyecto que garantiza el ajuste, que para la Casa Rosada es el único camino para enfrentar el proceso de estanflación que vive el país, fruto del modelo económico que implementa el presidente Mauricio Macri desde que asumió en 2015 la presidencia.
El oficialismo consiguió apenas el quórum que exige el reglamento. Lo hizo con 129 diputados y diputadas, el número justo que alcanzó gracias a la presencia de 13 diputados y diputadas de Argentina Federal, el bloque Evolución Radical, de Martín Lousteau, tres monobloques, y Unidad Justicialista, el espacio que corresponde a los representantes peronistas de San Luis.
También logró otorgarle media sanción en la Cámara de Diputados al proyecto de reforma del régimen de Bienes Personales, que incluye un alza progresiva de la alícuota a medida que sube el patrimonio declarado.
Sin embargo, los inmuebles rurales (campos) quedaron exceptuados de esta norma, lo que era una exigencia del sector agropecuario. El campo ya tuvo un aumento muy leve de retenciones, en pesos, que se licuará a medida que suba el dólar.
Salud y Educación serán las áreas más afectadas por el Presupuesto que impone el FMI
Así surge del informe que difundió el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, en base a la propuesta enviada al Parlamento por el Poder Ejecutivo, que fue elaborada a partir de las directivas del Fondo Monetario Internacional.
Según este informe privado, “el recorte real del gasto social alcanzaría el 10% en tan solo dos años” de acuerdo a lo estipulado en el proyecto.
En ese sentido, se advierte que “se consolidará un esquema de redistribución del gasto social entre pobres en el cual para cumplir con la movilidad jubilatoria se recortan a otras funciones sociales”.
El programa de asignaciones familiares caerá un “3,7% en términos reales, mientras la pensión universal para el adulto mayor lo hará un 6,4%”, según las estimaciones.
Educación será de las partidas más afectadas, ya que se invertirán “5.863,8 millones menos en infraestructura y equipamiento, 3.416,9 millones menos en fortalecimiento edilicio de jardines infantiles”.
También el sector de la salud quedará muy afectado. Allí se invertirán “1.022,6 millones menos en el programa de Atención a la Madre y el Niño y 512 millones menos en Salud Familiar y Comunitaria”.
Además se explica que se efectuará un recorte en el financiamiento real destinado a los hospitales públicos nacionales que representará una caída de “13,9% para el Hospital Posadas, de 19,2% para el Hospital Nacional Baldomero Sommer y de 18,7% para Colonia Montes de Oca”.
Se invertirán “1.872 millones menos en abordajes territoriales, por parte del Ministerio de Desarrollo Social, y habrá un recorte de 587 millones” en promoción y asistencia a espacios de primera infancia.
El Presupuesto declara la guerra a las jubilaciones
En el detalle denominado “Venta de Acciones y Participaciones de Capital” que corresponde a las Empresas Privadas Nacionales, del anexo del Presupuesto referido a la ANSES, lo que pretenden obtener el año próximo con la venta de acciones del Fondo de Garantía y Sustentabilidad (FGS) alcanza un valor de $ 73.661 millones.
Ese es exactamente el mismo valor que acordó en junio con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para liquidar el FGS en 20 años, a una tasa de 0,4 % del PBI por año. En el Memorándum de Entendimiento con el Fondo se señala que “por el momento, el valor de los activos de los fondos de pensiones transferidos en 2008 se distribuirá a lo largo del tiempo como ingreso para compensar parcialmente el gasto futuro en pensiones. En particular, el monto se dividirá por la expectativa de vida promedio de los contribuyentes a esos esquemas en 2018, es decir, 20 años. El límite en el importe a reconocer como ingresos será del 0,4 % del PBI por año”.
Pero además, en el Presupuesto 2019 se consigna un nuevo ataque a las y los mayores. Se trata de otro intento por recortar el gasto en pensiones, degradando cada vez más a las y los jubilados a la miseria. Así, luego de sacar la moratoria que otorgaba una “jubilación mínima” ($ 8.637) y reemplazarla por el 80 % de su valor mediante la “Pensión Universal para el Adulto Mayor” ($ 6.909), también creada por la Reparación Histórica, el gobierno empieza a limitar su acceso.
En primer lugar, elimina la posible compatibilidad de dicha pensión con el trabajo, obligando a quienes no llegan a fin de mes a buscar un trabajo precario e informal. En segundo lugar, habilita a la ANSES a hacer “evaluaciones socioeconómicas y patrimoniales (…) a fin de asegurar el acceso a las personas que presenten mayor vulnerabilidad”.
Brutal represión contra la protesta
Pasadas las 14:00 del miércoles pasado se desató la represión contra la multitudinaria protesta contra el Presupuesto 2019.
Se repitieron los lineamientos de “seguridad” que desde el gobierno macrista, y en particular la ministra Patricia Bullrich, buscaron instalar desde un primer momento: operativos de dimensión desproporcionada, de “saturación” y violencia excesiva para instalar el miedo y desalentar sucesivas protestas.
La represión tuvo dos tiempos: un ataque inicial contra la movilización pasadas las 14:00, empujando a los manifestantes desde Congreso hacia la 9 de Julio, y una cacería por las calles laterales extendida hasta muchas cuadras de distancia con policía motorizada y de civil. Hubo al menos 27 detenidos, entre los cuales se contaron trabajadores de prensa y referentes de organizaciones como La Poderosa.