Por Francisco Soriano. El juez español Baltazar Garzón, mundialmente famoso por su actuación en causas contra violadores de los derechos humanos, enfrenta un segundo juicio en el que se lo acusa de haber cometido “prevaricato” al investigar los crímenes del franquismo.
La nueva acusación proviene del pseudo-sindicato ultraderechista “Manos Limpias” y cuenta con la adhesión de los sectores más conservadores de la sociedad española. La comunidad internacional demostró su preocupación y su rechazo al proceso en diversas declaraciones y en el envío de 30 observadores que velarán por la legalidad del proceso.
El magistrado español Baltazar Garzón, responsable de la investigación del caso Scilingo y los tristemente recordados “vuelos de la muerte”, de haber ordenado la detención de Pinochet y de investigar los crímenes del franquismo, entre otras actuaciones mundialmente reconocidas, podría quedar inhabilitado para ejercer sus funciones por 20 años. A su edad, 57 años, esto significaría el fin de su carrera judicial.
La acusación fue realizada por el Colectivo de Funcionarios Públicos Manos Limpias, cuyo dirigente es el militante ultraderechista Miguel Bernad, nombrado Caballero de Honor de la Fundación Nacional Francisco Franco por sus “servicios en defensa de los ideales del Movimiento”. Luego se sumaron la Asociación Libertad e Identidad y el partido Falange Española de las Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista (JONS), aunque esta última adhesión fue rechazada por los defectos formales de su acusación. También cuenta con el apoyo de la Iglesia Católica española, quien en su momento fuera incondicional defensora de Franco.
Las víctimas del franquismo denuncian la intencionalidad política de la querella presentada, así como también la total falta de investigación respecto de los crímenes de la prolongada dictadura. Se estima que hubo unos 130 mil desaparecidos entre la guerra civil y los 40 años del régimen que le siguió. Paradójicamente, la primera vez que el Tribunal Supremo de España tratará la investigación de aquellos terribles crímenes será sentando en el banquillo de los acusados al único juez que se animo abrir las fosas y ver que escondían.
Tanto las víctimas como la comunidad internacional temen por el efecto disuasor que este proceso pueda tener sobre otros jueces que quieran correr el velo de impunidad. Desde Amnistía Internacional han declarado que la investigación de delitos de lesa humanidad nunca puede constituir delito y han enviado observadores para seguir de cerca el proceso. En la primer audiencia, celebrada el pasado martes 24 de este mes, también se hicieron presentes representantes de Human Rights Watch y más de 200 manifestantes con pancartas que, entre otras cosas, decían “Verdad, justicia, reparación. Ni olvido ni perdón”.
Al magistrado se lo acusa de haber cometido el delito de prevaricato, es decir, de haber dictado resoluciones contrarias a la ley en conocimiento de esta circunstancia. Según la acusación, el delito se habría consumado al haber Garzón investigado los crímenes del franquismo contrariando la ley de amnistía del año 1977 y haber ordenado la apertura de fosas comunes y la exhumación de los cadáveres allí encontrados. Sin embargo, tal como expresaron juristas reconocidos, la ley no se refiere a los delitos de lesa humanidad y, en todo caso, de hacerlo, sería nula por contrariar al derecho internacional receptado por la Constitución Española.
El fiscal en la causa insto la desestimación de la acusación y junto, con la defensa, planteó como cuestión previa a tratarse la insólita actuación del juez Varela, quien indicó a la querellante Manos Limpias las correcciones que debían hacer en sus presentaciones para que fueran válidas. La próxima audiencia se celebrará el 31 de enero.
El video que muestra a un Juez del Tribunal Supremo recibiendo en plena audiencia una llamada de La Moncloa, sede del gobierno español, da cuenta de la importancia de un proceso que puede servir de oscuro precedente para prolongar la impunidad. Sin embargo, quienes la enfrentan y buscan verdad, justicia y reparación son optimistas y ven con buenos ojos que varios testigos de familiares de desaparecidos puedan declarar ante el Tribunal Supremo español por primera vez sobre los crímenes del franquismo.