Por Mariano Pacheco, desde Córdoba. En lo que va del año, las luchas por la tierra y la vivienda en Córdoba han sido el elemento más dinámico de la protesta social. Esta semana hubo novedades sobre dos procesos judiciales que sientan precedentes.
Que los casos de ocupaciones de tierras para construir viviendas terminen en los Tribunales es cosa común en Córdoba. Esta semana, de todos modos, dos casos emblemáticos se pusieron en juego en la provincia. Por un lado, el fallo favorable de los Tribunales de Cruz del Eje, que establecieron la posesión de la tierra para las familias campesinas. Por otro lado, la citación de la fiscalía de Carlos Paz a 15 “ocupas” de Cuesta Blanca, basándose en los testimonios orales y las filmaciones realizadas por la propia policía que reprimió las protestas y mantiene sitiada a la comunidad.
El Chacho
La Justicia ratificó el pasado martes que las 2.600 hectáreas de tierras, ubicadas en la comuna El Chacho (Departamento de Minas), quedarán bajo posesión de las familias campesinas que las habitan desde hace años. Estas tierras, estaban desde hace casi una década en litigio y en distintas oportunidades empresarios agropecuarios intentaron apropiarse de ellas. Por eso, más de 60 campesinos se dieron cita en los Tribunales de Cruz del Eje, el martes, y festejaron con entusiasmo la lectura de la sentencia que confirmó que las familias que habitan El Chacho son los verdaderos poseedores de la tierra que producen hace un siglo.
El caso lo venían peleando desde 2004, en los andariveles judiciales, Mariana Romano y Rodrigo Fresneda, abogados del Movimiento Campesino de Córdoba, integrante de la Vía Campesina Internacional. Desde el MCC-VC expresaron que este juicio en la Cámara Civil “estuvo interceptado por obras en la Justicia Penal que declaraba sorprendentemente culpables de usurpación a este grupo de adultos de sus propias tierras”. Por otra parte, denunciaron que, mientras que en los 9 años de litigio los empresarios agropecuarios Rodríguez y Buttie nunca pudieron demostrar “la supuesta posesión del inmueble sin escrituras que pretendía acaparar”, los campesinos demandantes tuvieron que padecer que uno de ellos falleciera y otros permanezcan gravemente enfermos.
Lo importante de esta sentencia, que menciona la “propiedad comunitaria” de las tierras, es que sienta un precedente para futuras disputas jurídicas que los movimientos sociales que luchan por la tierra y la vivienda puedan enfrentar.
Cuesta Blanca
Por otra parte, durante los días martes y miércoles de esta semana, declararon gran parte de las 15 personas citadas para una indagatoria en la fiscalía de la ciudad de Carlos Paz, a cargo del Dr. Marchetti. Martín Rodríguez, uno de los abogados de los 15 imputados e integrante del Encuentro de Organizaciones, comentó en diálogo con Marcha que las personas citadas son las mismas que fueron detenidas el pasado 30 de abril, cuando se movilizaban para repudiar la detención de otras 5 personas que participaban de la ocupación de tierras en el Barrio Comechingones de Cuesta Blanca.
“Nosotros denunciamos animosidad por parte de la fiscalía, ya que han aplicado el artículo 194 del código penal, que criminaliza la protesta, basándose en las testimoniales y filmaciones realizadas por la propia policía”, señaló Rodríguez, subrayando que la estrategia de la defensa fue abstenerse, por lo menos hasta que desde la fiscalía le den sustento a la imputación. “Como aún faltan declarar algunos de los imputados, no hemos tenido acceso a la causa. Sea porque estaban de viaje o no les llegó la citación, algunos quedaron para declarar la semana que viene”, remató.
La figura legal que se le imputa a quienes se manifestaban aquel 30 de abril “contra la impunidad, la corrupción policial y el accionar ilegal de esa fiscalía”, es el delito de “entorpecimiento de las vías comunicacionales”. Quienes estuvieron allí ese día, reclamando la libertad de quienes fueron detenidos por intentar resistir el desalojo en Cuesta Blanca, insisten en destacar que en ningún momento el tránsito quedó paralizado. Por eso denunciaron que el gobierno provincial “sólo responde con más represión y judicialización a los sectores populares, particularmente a aquellos que se organizan y luchan por un digno reclamo, el de un techo y un pedazo de tierra donde poder vivir”.
Un modus operandi
Durante marzo, abril y mayo de este año, los conflictos por la tierra y la vivienda se hicieron presentes con fuerza en cuatro departamentos de la provincia de Córdoba. Hubo 63 familias expulsadas y 41 detenidos, en acciones llevadas adelante por la policía provincial, en muchos casos sin órdenes judiciales o sin notificación a los perjudicados. Al menos dos docenas de personas han quedado imputadas por usurpación y otros cargos.
La aplicación del Código de Faltas ha sido una de las herramientas fundamentales de estos procedimientos. Los desalojos, o intentos de desalojos, sucedieron en el paraje Tres Esquinas (departamento Rio Primero), Piedras Blancas (Santa María), Barrio Villa El Bordo (Córdoba capital) y Cuesta Blanca (Punilla), cerca de la turística ciudad Villa Carlos Paz.
Política de Estado
Irregularidades de todo tipo pueden detectarse detrás de los desalojos de tierras y viviendas que, desde hace meses, se vienen desarrollando en la provincia gobernada por José Manuel De la Sota. Tanto de las órdenes impartidas por la Justicia como por los procedimientos llevados adelante por la policía provincial.
Detenciones de pobladores, militantes sociales y hasta abogados es el saldo de una lucha que no deja de ser estigmatizada desde las altas esferas del poder político y los medios hegemónicos de comunicación. Agronegocio y boom inmobiliario son la contracara de una complicación estructural que padecen en la provincia los sectores populares, tanto del campo como de la ciudad.