Por J.P. Krabbe. Organismos de derechos humanos y familiares de víctimas de la violencia estatal realizaron el día miércoles una conferencia de prensa para dar a conocer el estado de la causa que tiene como acusados de homicidio a Luz Gómez y Diego Romero, exigir su inmediata absolución por las numerosas irregularidades y convocar a una nueva concentración en el día de hoy frente a los Tribunales de Morón.
Luz y Diego habían viajado junto a su beba Zaira desde la ciudad de Ledesma, Jujuy, a Buenos Aires, como tantos otros, buscando trabajo. Al tiempo él, maestro en arte, consiguió un trabajo en una metalúrgica, y ella en una empresa de tinturas. Hace más de un año y ocho meses que la pareja está viviendo un verdadero calvario. Una mochila olvidada en un remís es el único elemento que los vincula a una causa por robo seguido de homicidio plagada de irregularidades, abogados carroñeros y un Poder Judicial que encarcela antes de investigar y mira para otro costado cuando los imputados son pobres.
Denunciar la injusticia
El miércoles al mediodía se realizó en la sede de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos -A.P.D.H.- Nacional una conferencia de prensa donde participaron Amalia Gómez -madre de Luz-, Nora Cortiñas -Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora-, Vanesa Orieta -hermana de Luciano Arruga-, Alberto Santillán -padre de Darío-, y Pablo Pimentel, de la A.P.D.H. La Matanza, quienes exigieron que la jueza Mónica López Osorio rechace el pedido de juicio oral propuesto por el fiscal y determine la definitiva e inmediata absolución de Luz y Diego. “La prisión domiciliaria sigue siendo prisión. Vamos a seguir hasta lograr la libertad total”, sostuvo Nora Cortiñas.
La causa que investiga el hecho se encuentra a cargo de la Unidad Fiscal de Investigaciones N° 7 del Departamento Judicial de Morón, territorio judicial del emblemático caso Candela, en cuyos Tribunales, ubicados en Almirante Brown y Paseo Colón, a 4 cuadras de la estación del Sarmiento, se realizará en el día de la fecha una concentración desde las 10 hs.
A cargo de la causa se encuentra la jueza Mónica López Osorio, la misma que en el año 2002 procesara al cura Julio César Grassi por 17 hechos de abuso sexual agravado y corrupción contra tres chicos identificados como Gabriel, Ezequiel y Luis, que habían estado alojados en la Fundación Felices los Niños, en Hurlingham, otorgándole, en una decisión muy cuestionada, la libertad morigerada.
La U.F.I. 7 de Morón, a cargo de Matías Rappazzo, los señala como responsables del robo y homicidio de un colectivero de nombre Roberto Castillo ocurrido en Castelar en octubre de 2011, y en cuya casa apareciera la mochila que Luz y Diego se olvidaran en julio de ese año en un remis, la cual contenía un comprobante de vacunación de Zaira, su pequeña hija. El 21 de diciembre de 2011 la policía ingreso a la humilde vivienda que Luz y Diego alquilaban en Villa Ballester y golpeó duramente a Lucas, para luego trasladarlo a la DDI de Merlo, donde lo obligaron a cortarse el pelo y la barba para que su aspecto se asemeje al del asesino. En los allanamientos de diciembre del 2011 fueron arrestadas 10 personas. Hoy, además de la pareja, están detenidas tres personas más que confesaron estar involucrados en el crimen y que, además de señalar a otras dos personas que nunca fueron investigadas, aseguraron no conocer a Luz y Diego. A pesar de esto, la fiscal Marcela D´Ascencao -que posteriormente y por la visibilidad que tomara el caso y los numerosos señalamientos a su irregular accionar terminaría dando un paso al costado- los acusa por el crimen.
Por su parte, la viuda del colectivero asesinado declaró en la causa que “la mujer que participó del asesinato tenía pelo largo hasta los hombros, color castaño claro y de tez blanca”, rasgos que no coinciden en lo más mínimo con los de Luz, que es de tez morena y de pelo casi negro. Asimismo la viuda de Castillo sostuvo que quien había entrado a su casa tenía cutis “bien blanco”, algo que difícilmente pueda confundirse con la tez morena de Diego, y “pelo corto castaño oscuro”, como se preocuparon en hacer coincidir los policías devenidos en peluqueros.
Estas son algunas de las arbitrariedades que debieron soportar Luz y Diego de parte de un Poder Judicial empecinado en llevar adelante un procedimiento que acumulaba irregularidades a medida que avanzaba.
La única Justicia está en las calles
El principio de presunción de inocencia garantizado por la Constitución Nacional y diversos tratados internacionales sobre derechos humanos establece que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. En Argentina, si uno es pobre, ese principio se cumple a la inversa: es el imputado el que debe luchar contra un Poder Judicial corrupto, clasista, para demostrar su inocencia.
“Somos los familiares en conjunto con la sociedad los que podemos obligar a los poderes políticos, judiciales y a los medios de comunicación a que tomen esta problemática de una forma sincera, sin especulación y sin tergiversar lo que pasa en los sectores más pobres”, sostuvo Vanesa Orieta, hermana de Luciano Arruga, joven desaparecido por la Policía Bonaerense en La Matanza.
A fines de marzo de este año, y luego de estar encerrado más de un año en la Unidad Penal N° 39 del Sistema Penitenciario Bonaerense, en Ituzaingó, varias veces denunciada por las situaciones de hacinamiento en la que viven los internos, Diego obtuvo el arresto domiciliario que su compañera había logrado unos meses antes. Situación en la que se encuentran junto a su pequeña hija de dos años, a quien no pueden llevar al colegio o a jugar a la plaza del barrio para no violar el arresto domiciliario. Quizá algún día encuentren la forma de explicarle por qué tuvieron que vivir todo esto. Por ahora parece difícil.