Por Luz Ailín Báez / @lightailin
Luego de los dichos de María Eugenia Vidal sobre la asistencia a universidades en la provincia, repasamos el panorama educativo en el marco de las políticas de Cambiemos. Al respecto, opina la docente y especialista Verónica Piovani.
“¿Es de equidad que durante años hayamos poblado la Provincia de Buenos Aires de universidades públicas cuando todos los que estamos acá sabemos que nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad?”, se preguntó la gobernadora María Eugenia Vidal en un evento del Rotary Club de Buenos Aires. Sus declaraciones hicieron estallar las redes sociales apenas 10 días antes de que empezara la “III Conferencia Regional de Educación Superior 2018” en la ciudad de Córdoba, evento que convoca a más de 3 mil rectores, funcionarios y ministros de América Latina y que finalizará con una declaración que definiría las políticas universitarias para los próximos diez años en la región- en el medio de una seguidilla de marchas en defensa de la Universidad Pública, con el centenario de la Reforma Universitaria de 1918 como marco general y en un contexto de ajustes y avance del mercado por sobre lo público en todas las esferas sociales-.
Los dichos sorprendieron más a quienes desconocen el marco político, conceptual e ideológico en el que se inscribe la propuesta educativa y de proyecto de país de Cambiemos- y de la gobernadora en particular- que a quienes sabemos dentro de qué esquema se inscribe esta declaración. Hasta ahora, una política comunicacional muy cuidada, el decir a medias, el significante vacío, las frases sin grandes explicitaciones y el respaldo de un blindaje mediático han permitido que esas contradicciones no resulten tan ostensibles.
“A diferencia de los años 90, no aparece un corpus doctrinario, una fundamentación, un desarrollo conceptual hilvanado y claro de cuál es el proyecto educativo, cuáles son sus fundamentos pedagógicos, hacia dónde se dirige. Lo han dejado en un marco de ambigüedades de frases sueltas y eso ha hecho también para los docentes más difícil poder leer críticamente hacia dónde se dirigía el proyecto educativo”, sostiene Veronica Piovani, docente y Decana de la Facultad de Pedagogía de la UMET (Universidad Metropolitana para la educación y el trabajo) y ex Directora Ejecutiva del Instituto Nacional de Formación Docente (INFOD).
Diversos informes- como el generado por la Universidad Pedagógica Nacional (UNIPE) en base a datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC- y relevamientos de perfiles de estudiantes como los que realiza anualmente la Universidad Nacional de Moreno, muestran un crecimiento de personas de bajos ingresos que viven en el Conurbano y asisten a universidades nacionales.
Sin embargo y a riesgo de resaltar una verdad de Perogrullo, cabe aclarar que nada de lo que plantea esta propuesta ocurre en el vacío y si calzan a la perfección con muchos de nuestros docentes es porque hay un conjunto de sentidos preexistentes que forman parte de una disputa ideológica, ético, político, pedagógica y cultural- como el discurso meritocrático – que evidentemente no ha sido (o no podrá nunca ser) saldada. Y es en esos fragmentos que se cuelan, entre lo dicho y lo no dicho, donde hay que buscar los lineamientos del proyecto educativo de Cambiemos.
Un cambio de paradigma
“Entre todos estos aspectos hay niveles importantes de ocultamiento y de contradicción. Ese enorme esfuerzo nos ha ido permitiendo ver cuál era ese horizonte y hoy está muchísimo más a la vista. Al principio cuando uno tenía que hablar con el colectivo docente y explicar y denunciar, había ciertas resistencias. Hoy, sin la paritaria, visualizando la descalificación de los docentes y de las organizaciones de los trabajadores de la educación y la forma en que se fueron desarmando importantes programas que gozaban de consenso como el Programa de Formación Permanente ´Nuestra Escuela´ y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI)como hito en términos simbólicos, el panorama es diferente”, opina Piovani.
Y es que no se trata de un saqueo a corto plazo. La política educativa va en ese mismo sentido y forma parte de un proyecto cultural e ideológico, un proyecto civilizatorio que tiene en su núcleo de disputa tres cuestiones: en primer lugar, la concepción de la educación como mercancía, como bien transable. En segundo lugar, una concepción del Estado que se corre como garante y sostén- tal como expresa la Ley de Financiamiento Educativo- para convertirse en un “control externo de calidad”, como lo llama Piovani.
La evaluación estandarizada como instrumento de la pedagogía neoliberal, con su insospechada intencionalidad política, viene revestida de una neutralidad objetiva, y otorga una suerte de capacidad técnico científica para justificar recortes que se tornan absolutamente incuestionables.
Para Piovani, la evaluación es la columna vertebral del proyecto neoliberal. “Los trabajadores del Estado son evaluados, todo pasa por esa lógica que evalúa desempeños, que evalúa resultados, que cuantifica, y que permite de esta manera justificar y legitimar intervenciones, hacer ajustes hacia lo que se considera ´despilfarro´”. En esa lógica, el Estado cambia centralmente su concepción y la direccionalidad de sus políticas. Un Estado ausente es una falacia andante: el Estado siempre regula, pero ¿para quién?
Un Estado que cierra sus propias propuestas de calidad con ciertas orientaciones pedagógicas latinoamericanistas y de Derechos Humanos al mismo tiempo que le exige a los sujetos tener credenciales, titulaciones de los saberes, le abre camino al mercado. Así, con el mercado de por medio, la real discusión de fondo, tercera cuestión que resalta la licenciada, es la concepción acerca del trabajo: si las y los docentes son trabajadores de la educación, aparece allí la concepción del trabajo como un costo. Vidal se pregunta, en la disertación frente a los invitados del Rotary Club: “¿Les parece bien que vayamos a trabajar todos los días mientras gastamos 19 millones en licencias y abusos?” poniendo en una misma serie conceptual “licencia” y “abuso”, desconociendo al régimen de licencias como parte de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, y desconociendo, a su vez, la función de otorgamiento de dichas licencias y su control por parte del Estado. “Cuando el argumento es la impugnación para el cierre, lo que se pone de relieve es el verdadero sentido”, opina Piovani.
Contra el ajuste indiscriminado de la administración provincial de María Eugenia Vidal se realizó el jueves pasado, una nueva jornada de paro nacional convocada por la CTERA, con un nivel de acatamiento que, según los gremios, fue de casi un 90 por ciento. Asimismo, el viernes tampoco hubo clases en la Provincia debido a otra medida de fuerza convocada por el Frente de Unidad que nuclea a docentes enrolados en SUTEBA, FEB, UDOCBA, SADOP y AMET.
Hace aproximadamente 50 días tuvo lugar la última reunión paritaria- a fines de abril donde se modificó ligeramente la propuesta inicial de un 15 por ciento de aumento para todo el año en tres tramos, proponiendo un 10 por ciento para el primer semestre-. Rechazada ya en ese entonces nuevamente por los gremios, la oferta de la Provincia resulta al día de hoy- con la suba del dólar a más de 28 pesos y tarifazos reiterados- turbadoramente alejada de lo que debería ser un sueldo digno para vivir y no sobrevivir. Mientras tanto, desde los medios oficialistas se hace hincapié en la buena voluntad de Vidal, resaltando, por ejemplo, que “Cada año, el Estado desembolsa $19.000 millones para pagar suplencias. Con ese dinero, estima que se podría mejorar rotundamente cualquier oferta salarial” y culpando a los gremios de no querer aceptar oferta alguna, tras 16 reuniones con los funcionarios provinciales.
El enjuiciamiento y la deslegitimación de las y los lideres sindicales forma parte del proyecto civilizatorio. Es uno de sus pilares: el cambio de proyecto político cultural a fondo, poder exterminar de una vez y para siempre del campo político argentino al llamado de manera despectiva populismo, asociado con los desvalores que impiden la instalación a pleno de manera sostenida del proyecto económico, político y cultural que se busca sostener.
Según Piovani, debajo de los dichos de la gobernadora subyace algo más peligroso que los datos falsos: es el sentido de la concepción del otro, la lectura de la sociedad acerca del papel del Estado y su responsabilidad para garantizar derechos y para incidir en reducir las brechas y las desigualdades. El discurso de Vidal naturaliza la discriminación, hace una exaltación de la desigualdad. Hay una idea de la estratificación social y de los destinos anticipados de los sujetos. Es como clausurarle su destino. Y eso es salvaje, es brutal y además está en consonancia con lo que plantean no sólo los sectores más reaccionarios de la Argentina sino además con las orientaciones educativas del FMI y de Banco Mundial, que desde los 90 vienen insistiendo en que se arancelaran las universidades y poner esa plata en el nivel inicial. Ya el Ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, anunció la cancelación de los distintos convenios y 3 mil millones de pesos de recorte. Hay que apostar a la educación inicial y universitaria a la vez. Ponerlo como opción es una trampa a la que nos empuja el FMI.