Mientras los medios internacionales reportan los problemas de tránsito y comerciales causados por los cortes de campesinos y trabajadores, continúa el Paro Agrario y Popular en Colombia con una fuerte represión por parte del gobierno.
Miles de campesinos colombianos en 30 departamentos de todo el país protagonizaron el tercer día consecutivo del Paro Agrario y Popular lanzado por diferentes organizaciones sociales el pasado 19 de agosto. La medida ha sido acompañada por un pliego de demandas que apuntan hacia una “Reforma Agraria Estructural con perspectiva territorial e intercultural que contribuya a la soberanía nacional en el marco de una Paz con Justicia Social”. Los organizadores anunciaron que incrementarán las acciones ya emprendidas en los últimos días por parte de sectores cafeteros, arroceros, paneleros, paperos, cacaoteros, ganaderos, de la salud, camioneros y mineros.
La Mesa de Interlocución y Acuerdo Nacional del sector agrario y popular (MIA) reiteró la continuidad por tiempo indefinido de la medida, que prevé, entre otras cosas, el corte de las principales rutas del país ante la negativa del gobierno de Juan Manuel Santos de instalar una mesa de diálogo con el campesinado colombiano. La MIA rechazó “la renuencia del gobierno nacional de establecer un escenario de diálogo con las organizaciones sociales que permitan superar la grave crisis que afronta el campo colombiano producto de la aprobación e implementación de los tratados de libre comercio, la altísima e ilegal concentración de la tierra, el desconocimiento de los derechos políticos del campesinado, los atropellos de la fuerza pública y el desarrollo de una política minero energética que favorece a grandes multinacionales en contravía de nuestra naturaleza y de las comunidades rurales”.
Mientras tanto el gobierno desplegó un imponente sistema represivo para evitar el crecimiento de las protestas que ya sumó 85 detenidos y más de 50 heridos por los intentos de desalojo llevados a cabo por el ejército y la policía en las rutas del país. El mismo Santos declaró este miércoles que los campesinos buscan que “esto genere problemas y pescan en río revuelto, porque no pueden atacar este gobierno por sus resultados”.
Sin embargo, el mismo Ministerio del Interior debió admitir “serias dificultades” para controlar la situación ante el gran acatamiento al paro en los últimos tres días. La MIA llamó al gobierno a “que detenga las violaciones a los derechos humanos que se vienen presentando a lo largo y ancho del país. Se les ha disparado a los manifestantes con balas de fusil, se han retenido buses de forma ilegal, se ha empadronado a comunidades enteras”.
También este miércoles se dio a conocer el pedido de renuncia del ministro de Agricultura, Francisco Estupiñán por parte del Partido Liberal. El ex vicepresidente del senado, Guillermo García Realpe, acusó al ministro de estar “en el lugar equivocado” ante semejante crisis que vive el campo colombiano.
“Las medidas normales definitivamente están fuera de contexto y no hay posibilidades de dar una respuesta efectiva. Debe pensar en un cambio de modelo económico o pasar a una declaratoria de emergencia por el alto grado de perturbación del orden social y económico”, aseguró García Realpe. “Por ejemplo buscar un acercamiento formal entre el gobierno, el empresariado colombiano, el sector financiero, de la minera y otros sectores privilegiados, con los voceros legítimos del sector campesino con el fin de promover ese real cambio de actitud hacia el agro colombiano, hacia esos millones de colombianos y colombianas que hoy reclaman con justicia desde las carreteras, al sol y al agua, día y noche, mayor sensibilidad de todos nosotros”, agregó.
En el mismo tono, pero desde otro sector, fueron las críticas del campesinado a la situación que vive el agro en Colombia. En un comunicado oficial también apuntaron contra la integralidad del sistema económico colombiano, marcado por “políticas antiobreras y antipopulares que coartan y limitan derechos, privatizan instituciones y entregan nuestros recursos naturales a las transnacionales”.
Por su parte, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Domingo Tovar, aseguró que “esta semana será de marcha permanente. Ya no es una pelea por el salario sino por la salud, la educación y la recuperación del campo. Se dice que el Gobierno es democrático, pero reprime”.
Según la comisión de Derechos Humanos de la mesa de interlocución, “se han presentado empadronamientos, estigmatizaciones y señalamientos por parte de la fuerza pública contra los principales líderes y manifestantes”. Al mismo tiempo, denunciaron que durante los primeros tres días de paro “han sido detenidos periodistas alternativos, defensores de Derechos Humanos evidenciando la falta de garantías para el ejercicio a la protesta social y popular en Colombia”