Mientras se discute la polémica “ley de fortalecimiento del orden público”, estudiantes y docentes chilenos denuncian expulsiones y despidos masivos en represalia por las protestas de 2011.
Más de 3.000 estudiantes fueron expulsados de los colegios chilenos y 4.000 docentes despedidos, en lo que el Colegio de Profesores de Chile ha denominado “operación castigo” contra quienes participaron de las movilizaciones contra el sistema educativo durante el año pasado. Los casos más llamativos se dieron en los colegios de Providencia, Ñuñoa y Santiago de Chile, donde los estudiantes mantuvieron tomados los establecimientos educativos durante meses, exigiendo una reforma en el sistema público que aún no ha llegado. Según el Colegio de Profesores, “el municipio de Ñuñoa, a través de la Corporación Municipal ha dejado en manos de los directores de establecimientos la potestad para llevar adelante procesos de matrículas irregulares y con claro sesgo discriminatorio, lo que se traduce en expulsiones o suspensión de matrículas de estudiantes que a la fecha suman más de 300 alumnos en los Liceos a cargo del municipio. Los argumentos son variados, pero con una tendencia a disfrazar la persecución con argumentos administrativos o de reglamentos internos. Hoy la Corporación justifica en la administración delegada a los directores, el cierre de cupos y la destrucción de la Educación Pública en Chile”, aclararon a través de un comunicado de prensa.
Antiterrorismo a la chilena
Esta serie de represalias, se dan en un momento álgido de la discusión acerca de la nueva “ley Hinzpeter”, que lleva el nombre del ministro del interior que la impulsa, denominada oficialmente “de fortalecimiento del orden público”. Se trata de una norma que complementa la ley antiterrorista, como la recientemente aprobada en Argentina, que en Chile ya se usa en casos de represión, especialmente hacia las protestas del pueblo mapuche.
La nueva ley introduce severas penas, incluso de reclusión, para quienes participen de movilizaciones y tomas. Su texto parece pensado a la luz de las protestas desatadas por la comunidad educativa en 2011. Será castigado con penas que van desde 541 días a tres años de arresto, “paralizar o interrumpir algún servicio público, tales como los hospitalarios, los de emergencia y los de electricidad, combustibles, agua potable, comunicaciones o transporte; invadir, ocupar o saquear viviendas, oficinas, establecimientos comerciales, industriales, educacionales, religiosos o cualquiera otro, sean privados, fiscales o municipales; impedir o alterar la libre circulación de las personas o vehículos por puentes, calles, caminos u otros bienes de uso público semejantes”, entre otras acciones que aparecen en el texto de la ley.
Si bien aún se trata de un proyecto, cuenta ya con la aprobación de la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso y su discusión se está llevando a cabo en estos días. Tanto los representantes de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile como de los docentes, protagonistas de las masivas movilizaciones del año pasado, llamaron a rechazar el proyecto que, en los hechos, criminaliza la mayoría de las iniciativas llevadas a cabo por el movimiento estudiantil. El flamante presidente de la FUCH, exhortó a los congresales “a no dar curso a esta ley y, todo lo contrario, a fortalecer la libertad de expresión en Chile, a fortalecer el derecho de los periodistas a informar, el derecho de la gente a manifestarse, por lo que consideramos son demandas legítimas.” En conferencia de prensa, anunció una movilización a la corte suprema para el próximo jueves 19. “Esta ley está dentro de nuestra agenda, la rechazamos categóricamente y creemos que el ministro Hinzpeter hoy constituye un escollo a la libertad de expresión en Chile, un escollo a la solución de nuestros problemas”, sostuvo Boric.