Por Vivian Palmbaum / @vivi_pal
El jueves último se aprobó la Ley de Incineración en la legislatura porteña, un peligro no sólo para la salud sino que atenta contra el trabajo digno y otros derechos conquistados. Entrevista a Jacquelina Flores del Movimiento de Trabajadores Excluidos.
El jueves 3 de mayo se aprobó la Ley de Incineración en la C.A.B.A., que modifica la Ley de Basura Cero. En medio de fuertes críticas y protestas de todo el arco opositor y organizaciones medio ambientales, se revelaron en la legislatura documentos que mostrarían sobornos mediáticos con los fondos de la pauta oficial, para facilitar la instalación en la opinión pública. Mientras tanto miles de familias están en vilo y se ocultan los detalles de la nueva ley.
Con 36 votos a favor y 22 en contra, se aprobó en la legislatura porteña el proyecto que impulsaba el Ejecutivo que permite la incineración de residuos. Esta ley habilita la instalación de plantas mal llamadas de “termovalorización”, en lugar de incineración, que dicen transformar la basura en energía eléctrica. Sin embargo, poco y nada se sabe de los detalles de su puesta en marcha.
En una entrevista[i] con Jacquelina Flores, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos y de la Federación de Cartoneros, e integrante de la mesa de CTEP Capital, se abordó las complejidades de la problemática, que va mucho más allá del peligro para el medio ambiente.
“El Movimiento de Trabajadores Excluidos (y excluidas) nace de la crisis del 2001”, historizó la referente y afirmó: “Romper bolsas para crearse un trabajo digno, porque venimos de la cultura del trabajo y no teníamos nada”, en un contexto donde además estaba la Ley Cacciatore de la época de la dictadura donde “nos llevaban presos por romper la bolsa de basura” afirmó Jacquelina y agregó: “en ese contexto tan adverso, donde no había nada y además éramos criminalizados, es que comienzan a darse un trabajo precario de subsistencia”.
El Movimiento de Trabajadores Excluidos nació en ese contexto, excluidos de cualquier sistema laboral.
Ley de Basura Cero
El gobierno de la C.A.B.A. en el año 2007 reglamentaba la ley de Basura Cero que fuera aprobada en enero de 2006, bajo la gestión del mismo signo político actual. Esa ley estaba orientada a la eliminación progresiva de los rellenos sanitarios, con el control de los residuos sólidos urbanos.
El gobierno quedaba comprometido a través de una ley a la adopción de medidas dirigidas a la reducción de residuos, la recuperación y el reciclado y a la disminución de la toxicidad de la basura mientras de alguna manera obligaba a la asunción de la responsabilidad de los fabricantes sobre sus productos. Esa ley se cumplió a medias, aun teniendo metas que comprometían la disminución y el tratamiento de los residuos.
En el marco de esa ley las y los trabajadores cartoneros a través de su lucha consiguieron ser reconocidos como recicladores urbanos y constituyeron cooperativas de reciclado y gestión de los residuos. Los mismos no sólo participaban en la última parte de la recolección sino que también son quienes concientizaban a la población sobre la separación diferenciada.
También las y los cartoneros discutieron en la legislatura el derecho a vivir mejor. Así lo explicó Flores: “Cuando nos dimos cuenta cual era el valor real del trabajo que habíamos generado nos empezó a preocupar el destino de la ciudad y llevamos nuestro saber a la legislatura para discutir junto a la ciudadanía el derecho a vivir mejor, pero nos han intentado hacer creer que valemos menos que la basura”.
Hacia fines de marzo pasado, el gobierno porteño presentó el proyecto para reformar la ley de basura cero que avala el plan oficial para cambiar el sistema de disposición final de residuos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que incluye la incineración o termovalorización y fija nuevos plazos para terminar con el enterramiento de reciclables.
Según los planes oficiales, en el AMBA se instalarían al menos tres incineradores, uno de ellos en la zona sur del distrito. De los demás se desconoce su ubicación.
Al respecto Flores relató la situación: “A partir de la ley de Basura Cero se constituye una mesa de seguimiento en donde participan las y los trabajadores cartoneros, que se reúne regularmente. Hace un mes en la mesa de seguimiento, vienen impulsando fuertemente la ley de incineración y las cooperativas le pedimos un informe sobre esa ley y su implementación y casualmente nunca fueron tan cumplidores, porque la reunión de la mesa terminó a las seis de la tarde y a las doce de la noche nos llega un mail con la respuesta, pero la información nos llega en inglés y ahí se entiende un poco más la cuestión de clase en juego”.
“Una planta de incineración, que se le llama termovalorización, es cancerígena. La primera planta que pretenden instalar va a ser en Lugano: si es tan bueno y no le va a hacer mal a nadie, ¿por qué no la instalan en Puerto Madero o en Olivos? Es decir que donde vivimos los que menos tenemos además nos van a instalar una planta de incineración”.
Algo más que pérdida de puestos de trabajo
La referente del MTE además explicó las implicaciones de lo que está en peligro de perderse con la Ley de Incineración, junto a los puestos de trabajo e ingreso genuino para las y los trabajadores cartoneros. “Lo que está en juego no sólo son más de 20 mil puestos de trabajo. Nuestra base tiene que ver con nuestro trabajo y hace muchos años que nos hemos hecho cargo de una gestión de un estado que no está ausente, sino que mira para otro lado, resguardando otros intereses. Nosotros nos ocupamos de la niñez y con la ley de Basura Cero exigimos al estado guarderías para nuestras niñas y niños, porque en este trabajo la gran mayoría somos mujeres jefas de hogar. Al mismo tiempo también nos hacemos cargo de las violencias de nuestras mujeres y resguardamos la vida de nuestros pibes y pibas y combatimos el flagelo de la droga. Y porque no vamos a sostener ninguna pobreza impuesta, creamos el primer bachillerato cartonero”.
“Venimos sabiendo que Macri y Larreta vienen construyendo una ciudad para pocos, pero nosotros no estamos dispuestos a perder ni el trabajo ni la calidad de vida”.
El negocio de la familia Macri desde la época de la dictadura estuvo ligado a la basura con la empresa Manliba, concesionaria del servicio de recolección de residuos que ayudó a incrementar el patrimonio del grupo. En tiempos en que Macri aspiraba a la primera jefatura del Gobierno de la Ciudad expresaba sin pudor que los “cartoneros se robaban la basura”. Así puede entenderse que la gestión de los residuos implica la disputa de poderosos intereses económicos. No sabemos si hoy esta iniciativa que acaba de ser aprobada en el ámbito porteño no será un nuevo ensayo para luego ser replicado a nivel nacional.
“La ciudad será cartonera o no será”, es el lema de las y los trabajadores del Movimiento de Trabajadores y Trabajadoras Excluidos que prometen no abandonar las calles para seguir peleando por el derecho, no solo al trabajo digno, sino por mucho más, junto a las y los habitantes de la ciudad para cuidar la vida.
[i] Realizada en el programa Troyanos del Sistema. Lunes 18 hs. por FM La Tribu