Por Sergio Segura
Los diálogos de paz entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el gobierno colombiano siguen en Cuba. Con esta nueva sede en La Habana continúa el quinto ciclo del proceso, inevitablemente permeado por un contexto electoral, el asesinato de líderes sociales y el incremento de los combates entre actores armados en algunas regiones del país.
El pasado 18 de abril el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, anunció la suspensión de la mesa de diálogos en Quito entre el ELN y el gobierno de Juan Manuel Santos: “Le he solicitado a la canciller de Ecuador que frene esas conversaciones y que frene nuestra condición de garantes de ese proceso de paz, mientras el Eln no se comprometa a dejar de realizar esas actividades terroristas”.
Este gesto de Ecuador puede leerse como parte del repliegue de los gobiernos progresistas en la región que han respaldado los esfuerzos por la solución política al conflicto armado colombiano.
El asesinato de tres periodistas ecuatorianos, el secuestro de una pareja y la violencia armada en zona fronteriza, fomentada por una de las disidencias de las FARC-EP autodenominada frente Óliver Sinisterra, que estaría conducido en el municipio de Tumaco (departamento de Nariño) por un ecuatoriano llamado ‘Guacho’, fueron algunas de las razones que motivaron la tajante decisión del mandatario. Cuba, Brasil, Chile, Venezuela y Noruega se mantienen como garantes de la mesa.
Con el retiro del apoyo por parte de Ecuador, y después de estudiar posibilidades para continuar en Chile o en Europa, ayer finalmente ambas delegaciones arribaron a La Habana con el fin de avanzar en la quinta fase del proceso, la cual tiene como prioridad concertar un nuevo cese al fuego bilateral y el mecanismo de participación de la sociedad, primer punto de la agenda de negociación y aspecto prioritario para la guerrilla. (Ver comunicado conjunto: http://files.constantcontact.com/f2e255c0101/8d2b3e4c-c726-4d96-b54f-5d26b1b54fe0.pdf)
De no llegar a un acuerdo frente al cese bilateral (como el cumplido por 100 días entre octubre y enero), es posible que acuerden una tregua, al menos por el trascurso de las elecciones, es decir, desde mayo (el 27 de mayo es la primera vuelta) hasta julio, cuando se llevará a cabo el balotaje. Otra posibilidad, debido a la premura del tiempo, entre otros factores que han hecho que esta mesa avance a paso lento, es que el ELN anuncie un cese al fuego unilateral, como lo ha hecho en elecciones pasadas.
Sin embargo, el conflicto armado actualmente tiene algunas variantes tras la dejación de armas de las FARC-EP. En la región del Catatumbo, departamento de Norte de Santander, el ELN y lo que queda del Ejército Popular de Liberación (EPL), viven entre álgidas disputas por el territorio que ha dejado en los últimos meses muertos de ambos lados, desplazamiento forzado de campesinos, limitaciones para moverse en el territorio debido a los paros armados y un sinnúmero de elementos producto no solo de los combates entre estas dos fuerzas sino también de las dinámicas del Ejército, la Policía y los narcoparamilitares en la región. El Estado, como es costumbre cuando quiere mostrar presencia donde históricamente hubo abandono, militarizó la región. Suceden situaciones de similar o peor envergadura en Nariño, Chocó, Antioquia, entre otros departamentos agobiados por el narcotráfico, la pobreza, la guerra y sus vejámenes.
Los diálogos continúan, no obstante, un adverso precedente hace parte de las principales preocupaciones: los impresentables incumplimientos por parte del Gobierno al partido FARC y el asesinato de 44 de sus excombatientes, por mencionar algunos. Igualmente, el paramilitarismo en Colombia ha crecido en los campos y ciudades, sin embargo el Gobierno insiste en negar no solo su existencia sino que los avances para afectar con contundencia a estas estructuras criminales son mínimos, aunque para judicializar pensamientos disidentes o para colaborar con la justicia de los Estados Unidos existe una celeridad certera. Del mismo modo, hay ausencia de voluntad política gubernamental para cumplir con la representación política acordada para las víctimas del conflicto.
Con el ambiente minado de desconfianza, un gobierno que minimiza el asesinato de líderes sociales (160 desde 2016), la clase política sacando lo peor de sí para seguir gobernando y un ELN que parece expandirse, continúan las negociaciones como parte de la solución política al conflicto armado.
No deja de ser loable que el Gobierno, en tiempo de retirada, no haya desistido de los diálogos tras la decisión de Ecuador, un factor clave si se tiene en cuenta que una eventual victoria electoral del centro, derecha o ultraderecha, dará por terminados los diálogos y atacarán desde la vía militar y judicial, como ya lo anunciaron.
La primera fase formal de diálogos entre la guerrilla ELN y el Gobierno se dio en enero de 2017 en Quito, sin embargo antes se contempló su cumplimiento en países como Chile o Brasil, algo imposible hoy en día luego del giro político que han dado los gobiernos de Sebastián Piñera y Michel Temer, quienes no se prestarían para que una insurgencia latinoamericana ingrese a su país. En ese sentido cabe resaltar el papel de Cuba, un territorio soberano que continúa siendo espacio de paz y solidaridad para los pueblos del mundo.
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*Publicado originalmente en La Tinta.