Por Laura Salomé Canteros / Foto: Vero Ape
En las calles, en los medios, en las redes y en el Congreso la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito acompaña las reuniones informativas rumbo al debate y la sanción parlamentaria de su proyecto de ley. Un resumen de las dos primeras jornadas.
“Poner el cuerpo. Luchar por todxs. Hacer historia”. Con esta frase las activistas de la Campaña comenzaron la convocatoria, en las calles, en las redes y en el Congreso, a las actividades que acompañarán durante todo abril y mayo el tratamiento, por primera vez en el parlamento de la democracia, del Proyecto de Ley presentado en marzo pasado: el de Interrupción Voluntaria de Embarazo.
Son nueve los proyectos que proponen desde la modificación del Código Penal para la despenalización del aborto hasta la despenalización y legalización, o mejor dicho, la obligación del Estado de la asignación de presupuesto y el planteo de políticas públicas que garanticen el acceso al aborto seguro y gratuito por libre decisión de las mujeres y las personas gestantes. Sin embargo, el Proyecto de Ley que más consenso obtuvo en la etapa previa es el de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que propone despenalizar y legalizar la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación por libre decisión.
“Tener un debate profundo, respetuoso, sirve para tener información y escuchar las diferentes voces”, afirmó el presidente de la Comisión de Legislación General, el macrista Daniel Lipovetzky al comenzar el tratamiento, “estamos debatiendo por primera vez un proyecto de estas características”, hay que darse el tiempo para escuchar “todas las voces” pero con un “plazo determinado”.
Las reuniones informativas en la Cámara de Diputados comenzaron el martes 10 y se desarrollarán todos los martes y jueves de abril y mayo con la presencia de diputadas y diputados integrantes de las cuatro comisiones a las que fueron girados los proyectos de ley: Legislación General, Legislación Penal, Acción Social y Salud Pública y Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia.
Durante las extensas jornadas expondrán 700 personas -mitad a favor y mitad en contra-, quienes, desde diferentes enfoques -salud, derecho constitucionalista e internacional, feminista y de análisis del poder- argumentarán sobre la necesidad de que el derecho al aborto sea ley. O en caso de las y los antiderechos, sobre cómo tergiversar el debate para que la legislación argentina no avance hacia el reconocimiento de los derechos de la mitad de la población.
Lipovetzky afirmó que pasadas las dos primeras jornadas, esta modalidad será evaluada y no descartó la posibilidad de que se comience a dividir a las y los expositores por temáticas. Quienes lo secundan son: María Gabriela Burgos (UCR) de Jujuy, Pta. de Legislación Penal; Carmen Polledo (PRO) de CABA, Pta. de Acción Social y Salud Pública; y Silvia Martinez (UCR) de Jujuy, Pta. de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia.
Día 1: “Los poderes dominantes nos ponen como subalternas”
La primera jornada de exposiciones, que se realizó el martes por la mañana, fue rock en tono feminista. Se saldó la primera deuda de la democracia para el Congreso: escuchar las voces de las académicas y activistas que representan a uno de los movimiento más poderosos de la historia del país.
Martha Rosenberg, médica y psicoanalista e integrante de la Campaña… y Dora Barrancos, socióloga e historiadora feminista, hablaron de subjetividades, de poder y de cómo maternar es una elección y no debe ser una imposición. “Los poderes dominantes no respetan ni la vida ni la aptitud para decidir sobre si mismas (a las mujeres), las tratan como seres subalternos”, afirmó Rosenberg.
“Lo que humaniza al embrión es el deseo materno que anhela que ese embrión sea un hijo. No simplemente un organismo vivo sino una persona que cuidará y amará”, agregó, “existe un niño por nacer cuando la mujer inviste su embarazo y decide que quiere que sea su hijo. Ni los varones, ni las leyes, ni las iglesias son quienes hacen nacer niños”, y agregó, “impedir que el aborto sea legal es una forma de desalojar a las mujeres del poder y privilegio de ser las creadoras y donantes voluntarias de la vida”.
“Hay una auténtica diferencia de clases que ha dividido a las mujeres, porque para las clases medias y altas el aborto se hizo con todas las garantías y para las mujeres de los sectores populares existió una pena de muerte porque han pagado con sus vidas esas decisiones”, dijo Barrancos en la que llamó una jornada “inédita, única e histórica”. “Me encuentro entre quienes defienden el aborto legal para afirmar el derecho al disfrute sexual separándolo de la reproducción, es un derecho humano fundamental”, dijo
“Una noción de soberanía sobre nuestros cuerpos impone que los Estados modernos avancen en esta legalización”. “Insisto en sostener la despenalización del aborto como una contribución fundamental para la vida de las mujeres excluidas y en nombre de nuestros derechos fundamentales”, cerró la historiadora.
Por su parte, Nelly Minyersky, abogada constitucionalista y una de las redactoras del Proyecto de Ley de la Campaña y Paola Bergallo, abogada y del CONICET, otorgaron un panorama desde del derecho constitucional y los marcos internacionales de Derechos Humanos. “En los fundamentos del Código Civil se considera la vida como una definición para ese mismo Código, aclarando que esa definición no impacta en el Derecho Penal”, afirmó Minyersky.
“La pregunta que está en debate es si vamos a seguir usando el derecho penal para restringir los derechos de las mujeres”, increpó Bergallo, “los países latinoamericanos enfrentan la pregunta sobre si entrar al Primer Mundo en cuanto al marco jurídico con el que se regula el aborto”. Minyersky, de casi 90 años, llamó a las y los legisladoras a sancionar leyes que “nos hagan más felices”, y criticó “tomar un artículo de más de 100 años y aplicárselo a las mujeres de hoy es aplicar la ley de otro mundo”.
Día 2: ¡Que aborto legal sea ley!
Analía Bruno y Andrea Berra, médica generalista y psicóloga, ambas integrantes de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, argumentaron desde el punto de vista de la salud pública y la atención con enfoque de derechos por qué es necesario despenalizar y legalizar el aborto y por qué es un mito decir que las mujeres que abortan sufren graves secuelas psicológicas.
“El aborto tiene que estar despenalizado y tiene que haber políticas públicas que diseñen e implementen el aborto seguro”, afirmó Bruno, “necesitamos la producción pública del misoprostol”. “Somos las y los profesionales de la salud, que con enfoque de derechos, le damos el acceso al aborto legal a estas mujeres”, agregó Berra, “el aborto seguro no genera ningún tipo de trauma en las mujeres que deciden abortar, el sufrimiento psicológico depende del contexto normativo, legal, social y político en el que el aborto es realizado. Abortar en la clandestinidad es lo que genera sufrimiento a la mujer”.
Otro de los puntos fuertes de la mañana fue la exposición del médico Mario Sebastiani, quien basó sus argumentos en la experiencia como profesional de la salud en el ámbito público y privado. “La reflexión social no debería ser la condena por el aborto sino cómo se le da protección a las mujeres”, afirmó, “hasta ahora las y los legisladores han decidido penalizar a la mujer”. “Dar cobertura al aborto seguro es dar dignidad a las mujeres”, agregó, “¿cómo podemos hablar de salud pública si tenemos el aborto penalizado? Si existe el derecho de tener hijos debe existir el derecho de no tener hijos”.
Desde el enfoque de género y derechos, María Elena Barbagelata, diputada nacional mandato cumplido, citó a la CEDAW y afirmó que los derechos sexuales y (no) reproductivos son Derechos Humanos para los marcos internacionales del Derecho. “Lo que se castiga es la decisión de no querer convertirse en madre”, interpeló, “la pena privativa de libertad es el último recurso y opera selectivamente, persigue a las mujeres más vulnerables. Por eso, “mantener esta figura penal es un despropósito”.
También Estela Díaz, secretaria de género de la CTA, cuestionó: “Si la penalización es ineficaz, injusta socialmente y es un problema de salud, ¿por qué se mantiene?”.Y ensayó una respuesta, “hay un posicionamiento moral religioso que se quiere imponer al conjunto” (…). “Elegir la vida del embrión es deshumanizar la vida de las mujeres, es quitarnos derechos, es desvalorizar. Y eso es patriarcado, es machismo y nada tiene que ver con la lucha de la vida”.
La escritora Claudia Piñeiro, quien participa de la carta en apoyo al proyecto de Ley de IVE de la Campaña junto a otras, dio una exposición emocionante. Alzando la voz y con claridad de conceptos, le habló a los sectores antiderechos y a aquellos diputados/as que piensan en votar en contra de la iniciativa parlamentaria: “Nos están queriendo robar una palabra: vida. ¡No lo vamos a permitir! Nosotras estamos a favor de la vida”, y “a los que están por votar en contra les digo, dentro de unos años van a tener que mirar a sus hijos a los ojos y van a ver el horror por haber vota de esa forma. ¡Por favor cumplan con su deber!”.
Los derechos no se plebiscitan
Además de los Proyecto que plantean la despenalización y legalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, son tres los proyectos presentados en diferentes comisiones de la Cámara de Diputados, entre febrero y marzo de este año, que proponen realizar una consulta popular vinculante o un plebiscito sobre la despenalización y legalización del aborto. El primero y el segundo, presentado por las diputadas Ivana Bianchi y María Eugenia Catalfamo de Unidad Justicialista de San Luis; y el segundo, por el diputado de Tierra del Fuego Carlos Roma, del PRO.
En respuesta, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, mediante una declaración rechazó estas iniciativas de reacción parlamentaria ante la inminencia del debate en recinto expresando que “los Derechos Humanos no se plebiscitan”.
“El art. 39 de nuestra Constitución Nacional establece taxativamente que no pueden ser objeto de iniciativa popular, vinculante o no vinculante, los proyectos de ley que planteen reformas en materia penal, siendo exclusiva facultad del Congreso de la Nación”, afirmaron, “este tipo de propuestas tiene la finalidad política de demorar y obstaculizar el debate. Las mujeres y personas gestantes no podemos esperar más”.
Por otro lado, son dos los proyectos que proponen, por un lado, la inclusión en el plan médico obligatorio para garantizar la interrupción de los embarazos que ya son legales; y por otro, la fabricación nacional de misoprostol, uno de los medicamento más utilizados para abortar, ambos presentados por la diputada de Santa Fe, Lucila De Ponti, del Peronismo para la Victoria y vigentes desde noviembre del año pasado.
Las reuniones informativas continuarán el próximo martes, 17 de abril a las 10, cuando la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto… volverá a convocar a la sociedad a una exigencia cada vez más poderosa: que el aborto, que es un derecho, se convierta en ley.