Por Melina Tassara y Martín Flores (*)
Vecinos y vecinas de Tres de Febrero, Morón y Hurlingham resisten a la instalación y ampliación del Aeropuerto de El Palomar en un territorio que funciona tanto como espacio de Memoria como de reserva natural.
El 5 de enero de 2018 el Ministro de Transporte Guillermo Dietrich presentó oficialmente el proyecto para actualizar el aeropuerto de El Palomar, en esa línea explicó que significaba una inversión de 1.600 millones de pesos. En el mismo acto se dijo que sería un aeropuerto “low cost”, y que las tasas para las aerolíneas serían entre un cuarenta y un cincuenta por ciento menores que las de las otras terminales. Ya el 19 de septiembre durante el acto de inauguración de la nueva torre de control de Aeroparque, Dietrich había explicado en su discurso que la inversión para el nuevo aeropuerto de El Palomar “sería estatal”, y que el dinero lo aportaría el Sistema Nacional de Aeropuertos a través del fideicomiso sustentado con las tasas aeroportuarias que cobra el concesionario.
El mismo día en que se presentó el proyecto de lo que ya es un Aeropuerto en El Palomar, la jueza Martina Forns, a cargo de la demanda de los Organismos de Derechos Humanos, solicitó al juez Rafecas -a cargo de la investigación principal- que informara sobre la situación de las distintas partes de la base en relación con la ley involucrada. Dos días después se hizo una inspección judicial del predio, encabezada por Forns, al mismo tiempo que hubo una manifestación de vecinos con pancartas que decían “No al aeropuerto trucho El Palomar”.
Forns hizo lugar a la presentación y resolvió que FlyBondi, el Ministerio de Transporte de la Nación y la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) debían abstenerse “de comenzar las actividades de aeronavegación en el Aeropuerto de El Palomar o Base Aérea Militar de El Palomar, hasta tanto el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) haya autorizado la Evaluación de Impacto Ambiental que deberá ser presentado por la Empresa Aeropuertos Argentina 2000”. Las mediciones de ruido realizadas a fines de enero para determinar el impacto ambiental sonoro, se hicieron con un Fokker F-28, se trata de un avión militar que genera mayores ruidos que los comerciales. Por esta razón, el fallo fue apelado, y ese mismo día salieron a la venta los pasajes de FlyBondi.
El arribo de la empresa de bajo costo FlyBondi, fundada en el 2016 y cuyo CEO es Julian Cook, se trata de un inglés que ya estuvo al frente de aerolíneas low cost fundidas y quien ante sus inversiones declaró “Si la gente no quiere tener ruido, no debería vivir al lado de un aeropuerto”en relación a las y los vecinos que se oponen a la instalación de la terminal área, al oeste del conurbano. Su proyecto responde a la llamada “revolución de los aviones” con un plan integral aerocomercial presentado por Dietrich en julio de 2017 que incluye la asignación de rutas aéreas a empresas de vuelo low cost, inversión en materia de infraestructura para la renovación de los aeropuertos de todo el país y el proyecto de convertir la Base Aérea de El Palomar en un aeropuerto comercial. A su vez, a fines de octubre entró en escena otro protagonista, la empresa noruega Norwegian, que anunció que operaría en Buenos Aires desde Ezeiza, Aeroparque y El Palomar.
El 1º de febrero la jueza emitió una resolución muy dura con el proceder del Ministerio de Transporte, pero que en lo sustancial permitió a Flybondi a comenzar su actividad en El Palomar con “77 vuelos mensuales, no pudiendo exceder de tres vuelos diarios (tres despegues y tres aterrizajes) hasta tanto se realice una Nueva Evaluación de Impacto Ambiental y se autorice por el ORSNA”. Además puso como requisito el retiro de los explosivos que pudiere haber en la base, encomendó al Ministerio de Transporte la realización de un monitoreo permanente de impacto ambiental durante los próximos seis meses, con informes bimestrales, sobre las consecuencias ambientales de la actividad aerocomercial.
Ayer y hoy: la misma impunidad, la misma complicidad
A principios de diciembre el Ministerio de Transporte (no se sabe con cargo a qué partida) comenzó a hacer obras en las plataformas del aeródromo y en la zona de los hangares, donde funcionaron Centros de Detenciòn Clandestinos en la última dictadura cívico- eclesiástica -militar y desde donde partían los llamados “vuelos de la muerte” según relató en la audiencia Zoraida Martín, sobreviviente ex detenida y secuestrada allí.
El mismo día que por decreto ( 1.107/2017 ) el aeropuerto El Palomar se incorporó al grupo A del Sistema Nacional de Aeropuertos, la Fuerza Aérea Argentina dio a conocer su opinión sobre el tema, expresada al Poder Ejecutivo casi dos meses atrás. Allí manifestaron que no se oponía a compartir el predio, aunque aclarando que la afectación permanente de las instalaciones militares repercutirá seriamente en la disminución de capacidades logísticas de la Fuerza y del resto del instrumento militar nacional proponiendo determinar el alcance de las diferentes jurisdicciones.
La Base Aérea de El Palomar operó como centro clandestino de detención y tortura dentro del circuito represivo clandestino conformado por una decena de centros de detención clandestina, entre ellos la “Mansión Seré”, las brigadas aéreas de Palomar, Morón y Moreno, y El Chalet del Hospital Posadas. Por eso, ante el conocimiento del inicio de las obras en la Base Aérea por parte de los organismos de DDHH, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y la Asociación de Derechos Humanos de Hurlingham presentó una denuncia contra el gobierno nacional por la destrucción de un Sitio de Memoria protegido por la ley 26.691. Por su parte, la Dirección de Sitios libró un oficio al Juzgado Federal N°3 del juez Daniel Rafecas para que tome conocimiento de que se podría estar destruyendo pruebas de causas de lesa humanidad que se encuentran actualmente en trámite.
Ante esta situación, la jueza Martina Forns pidió una medida cautelar para parar las obras y realizó, el 8 de febrero, una inspección ocular cuya resolución derivó en una ampliación del amparo para la protección de dicho sitio presentado, a su vez por Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora junto a Iris Pereyra de Avellaneda, mamá del “Negrito” Floreal Avellaneda, un chico de 14 años que fue secuestrado y arrojado al Río de La Plata desde uno de los vuelos de la muerte que partían desde allí. A esta denuncia se sumó también la Asociación Seré para la Memoria y la Vida. Mientras el desarrollo de la misma, hubo una manifestación de vecinos con pancartas que decían “No al aeropuerto trucho El Palomar”.
“Si lo destruimos, nos destruimos”
A su vez, distintas organizaciones sociales y ambientales se encuentran impulsando junto a las y los vecinos la campaña que cuestiona la instalación del aeropuerto en tanto Espacio de Memoria como así también espacio natural de preservación. Es por eso que la organización ambientalista Isla Verde no se manifestó en contra de la existencia de un aeropuerto donde puedan operar las empresas de bajo costo, sino que argumentaron que sólo se está eligiendo el lugar equivocado. Sostienen que la propuesta de hacerlo en El Palomar es incompatible con un espacio verde que presenta altos valores de conservación, y el aeropuerto -que ya comenzó a funcionar de manera clandestina-tampoco se ajusta a las normas de seguridad exigidas, no cumple los requerimientos legales necesarios ni ha realizado los estudios preventivos indispensables para llevar a cabo un proyecto de estas magnitudes. De acuerdo con esto, de bajo costo serían las empresas de aviación que se proponen funcionar en el aeropuerto comercial, pero las consecuencias ambientales serían todo lo contrario: el costo más elevado, agravado por la desgracia de lo irreversible.
La intención del colectivo ambiental apunta a declarar Reserva Natural los terrenos linderos a la Base Aérea de El Palomar. Informaron que las topadoras ya están avanzando sobre el pastizal de cortaderas donde anidan diversas especies de aves sin que nadie se haga responsable. A su vez, para Isla Verde dicho espacio natural debe ser protegido de 200 hectáreas, que está atravesado por el arroyo Corvalán y alberga importantes especies de flora y fauna nativa, en un ambiente original de pastizal pampeano, bosque de talar de barranca y humedales, los cuales generan una importante cantidad de oxígeno para toda la región aledaña, regulan la temperatura y evitan inundaciones. Su importancia se vuelve más apremiante en un contexto donde los terrenos que se proponen como reserva representan un 20% de la superficie verde de todo el partido, cuando ya Morón cuenta con una cantidad varias veces menor de espacios verdes por habitante a los sugeridos por la Organización Mundial de la Salud. Habida cuenta de esta enorme escasez, la tarea de cuidar y preservar los pocos espacios verdes que todavía existen en la localidad, se vincula directamente con la posibilidad de promover la calidad de vida y los derechos humanos capaces de garantizar a los vecinos un entorno vital que pueda ofrecer un espacio de recreación y esparcimiento. “El ambiente somos todos”, dicen. “Si lo destruimos, nos destruimos”. Ante la incertidumbre del cambio climático y sus consecuencias, la preservación y cuidado de los espacios naturales adquieren importante relevancia. Es por esta razón que sus integrantes conciben que sólo puede haber progreso cuando la calidad de vida garantice la protección del ambiente.
(*) Integrantes de Isla Verde