Crédito: fotos de Pum Press.
Por Nadia Fink. Milagros pudo escapar del secuestro de una red de trata y regresar a su casa en Almirante Brown. Hoy está internada en un neuropsiquiátrico. Al oído sordo y cómplice de la policía y la justicia se sumó el incumplimiento del intendente del distrito, Darío Giustozzi, a los compromisos de asistencia. Hoy habrá una movilización al municipio.
Ante un caso de trata para fines de explotación sexual, lo primero para tener en cuenta es que allí se vulneran todos los derechos humanos de las mujeres (se violenta el derecho a la libertad, a no ser explotadas, a la vida). Abordar un caso en el que una mujer haya sido tratada es ingresar a un mundo oscuro y macabro en el que las víctimas dejan de ser personas para transformarse en mercancía que puede usarse por parte de los proxenetas, reclutadores y clientes como un objeto.
Silvia González es la mamá de Milagros. Ella es quien cuenta, una y otra vez, lo que le sucedió a su hija: Milagros fue secuestrada el 16 de marzo pasado para ser explotada en una red de trata –un delito que hoy es de los tres más redituables a nivel mundial, junto con el narcotráfico y la venta de armas–. Durante diez días padeció agresiones físicas, violaciones, la mantuvieron drogadas para que resultara más “dócil”, le dieron de comer arroz sólo dos veces y la pasearon por varios lugares donde las redes de trata resultan activas: la villa Betharram de Adrogué, la 1-11-14 del bajo Flores, entre otros.
Pero todo esto Silvia lo supo después, cuando el 26 de marzo Milagros logró escapar y llegó a su casa después de caminar más de 50 cuadras y subirse al tren que la dejó en Burzaco. Esos diez días, Silvia buscó desesperadamente. Con las armas que tenía, con las fuerzas policiales y la justicia dándole la espalda: “cuando fui a hacer la denuncia a la Comisaría segunda de Almirante Brown –a cargo de Gabriel Aguirre–, primero hasta me tomaban el pelo, “seguro que se fue con un machito” me decían, y desde la Justicia también me hacían preguntas, me investigaban a mí en vez de encontrar algún rastro de ella: si yo trabajaba, quién era el padre…”.
Pero cuando Milagros volvió a su casa en muy mal estado, recién pudo hablar y contar lo vivido al día siguiente. Esta vez la denuncia no pudo ser realizada porque en la comisaría alegaron “que había un montón de gente”. Resulta aún más atroz la indiferencia de las autoridades, cuando meses atrás una Ley nacional fue sancionada, la 26.364, para tipificar la trata como delito federal, e incluso modificar artículos como el del “consentimiento” (es decir, que la trata existe sin que sea necesario tener en cuenta si hubo consentimiento o no de la víctima). Pero lo peor de este caso todavía no fue contado: Milagros padece un retraso madurativo, y las condiciones de violencia física y psicológica a la que fue expuesta durante su cautiverio detonaron en un brote de estrés postraumático con intento de suicidio. Nuevamente el Estado, a través de sus instituciones que deben protegernos, determina la internación en un Neuropsiquiátrico. La ley 26.364 es clara en ese aspecto: las víctimas de trata deben contar con apoyo especializado de profesionales para poder superar sus traumas y revalorizarse como mujeres. Y el Estado debe ser el responsable de brindarlo. Pero además, ¿Cómo se llega a aplicar correctamente esta ley si en la mayoría de los casos la Policía no toma las denuncias como tales, encubre las redes –de las que en muchas ocasiones es parte– y acusa y amedrenta a las víctimas?
A partir de ese momento, las amenazas y los aprietes en la casa de Silvia fueron frecuentes: a su hija Yanina, a quien le dijeron: “Que tu mamá se deje de joder o termina en una zanja”, a su yerno Nicolás (que estuvo 15 días secuestrado en la villa Betharram). “Es que vivimos en el mismo barrio que los proxenetas. El secuestrador de Milagros es un narcotraficante de la zona, a quien conocía de la iglesia Evangélica que iba con su hermanita. Y la reclutadora es una chica, que conoció en el supermercado Coto, pero que anda por el Roca buscando chicas”, cuenta Silvia.
En ese contexto, se reunió con Darío Giustozzi –intendente del partido de Almirante Brown– el 10 de abril. Se fue del encuentro con el compromiso de parte del Ejecutivo de Brown de trasladarlos a otra casa y de investigar el caso. “Pero no pasó nada de eso, sólo nos pusieron custodia policial en la casa y prometió una segunda reunión que nunca cumplió”, aclara Silvia, cansada y rabiosa.
Por eso desde las 9 de la mañana de hoy, agrupaciones sociales en el marco de la Campaña contra la Violencia hacia a las Mujeres convocaron una movilización hacia la Municipalidad de Almirante Brown, donde se entregará un petitorio con un pedido de audiencia, el esclarecimiento, exigiendo la restitución de Milagros a su hogar y la inmediata asistencia a la víctima y a su familia. De a poco, otras madres de víctimas de trata se acercan a Silvia para contarles sus casos. Y piden junto junto a ella. Y marchan también. María le contó de su hija, Ailén López, desaparecida hace 5 meses de Longchamps (también del distrito de Almirante Brown). Detalla Silvia: “La madre había pedido ayuda al Estado porque en febrero ya había sido secuestrada por el novio (en este caso, el tratante) y ella había podido recuperarla. Ailén fue secuestrada nuevamente y lo último que sabe la madre es que está reclutada en Mar del Plata.
Ante la inacción del Estado y la justicia, con la complicidad del poder político y las fuerzas de seguridad para que las redes de trata y narcotráfico operen con total impunidad en la zona, las organizaciones sociales y feministas se unen para levantar el reclamo. Para que se investigue y sean castigados reclutadores y proxenetas. Porque en el delito de la trata, como en todas las violaciones a los derechos humanos, lo primero es romper el silencio; pero lo fundamental es tener el respaldo de las leyes y las instituciones que debieran proteger a sus víctimas