Por Pedro Medved. El viernes 2 de marzo, a un mes del asesinato de Alen Coronado, familiares y amigos de la víctima, junto con organizaciones locales se movilizaron por las calles de Bariloche e ingresaron a la municipalidad para exigir que se revoque la prisión domiciliaria del responsable de su femicidio.
Al grito de “Alen presente, hoy y siempre” y “queremos justicia”, los y las manifestantes expresaron su rechazo a la decisión que en los últimos días tomó el juez Miguel Gaimaro Pozzi de otorgarle domiciliaria a Diego Maldonado, el femicida de Alen, . La causa, caratulada como “abandono de persona seguido de muerte”, deja entrever la ideología patriarcal y retrógrada de un juzgado que se niega a reconocer el evidente carácter femicida del accionar de Maldonado.
La noche del 2 de febrero, la joven se encontraba con unas amigas y Maldonado, luego de encontrarse con ella,
la llevó en su moto hasta el arroyo Gutiérrez. Una vez en el lugar, la joven habría perdido el equilibrio y cayó al agua.
Según manifestó Maldonado semanas atrás, él intentó socorrerla, pero no logró sacarla y minutos después, cerca de las 3, volvió a su vivienda, donde se acostó a dormir, sin dar aviso de lo ocurrido a nadie, y no fue hasta que lo convocaron como testigo, que no manifestó lo sucedido con Alen. Betiana Cendón, fiscal de la causa, en su momento declaró: “estaban a metros del destacamento policial de Arelauquen”, por lo que consideró que “dejó que se muriera ahogada”.
La jueza de garantías Romina Martini había prorrogado el 19 de febrero pasado la prisión preventiva sobre Diego
Maldonado durante tres meses mientras se desarrollara la investigación. Martini concluyó que el imputado en libertad podría fugarse y evadir el accionar de la justicia. Por eso, dispuso prorrogar la preventiva tal como habían pedido la fiscal y la abogada por la querella Natalia Araya. Las fuentes explicaron que la pareja de Maldonado declaró en la audiencia y su testimonio fue clave para que Gaimaro Pozzi dispusiera la prisión domiciliaria para el imputado,
aunque resulta llamativo que no se tengan en cuenta los condicionamientos que podría tener para declarar quien es actualmente su esposa.
En este marco, el pasado 2 de marzo, con banderas, carteles, pancartas y bombos, los y las familiares y amigas de Alen hicieron visible el caso a turistas, vecinos y vecinas de Bariloche que se asomaban tras el paso de la marcha que recorrió 18 cuadras por el centro de la ciudad de Bariloche. También, se visibilizó la imagen del femicida para alertar a la población de este femicida a quien el poder judicial le estaría facilitando su posibilidad de fuga, de hacerse efectiva la domiciliaria.
De esta manera, irrumpió visiblemente el reclamo en las zonas céntricas de la ciudad, donde tantas veces es difícil que lleguen los reclamos de los barrios populares lindantes. Llegando al Centro Cívico, con parlantes, se expresó el repudio frente al edificio de la municipalidad, a donde luego se ingresó para hacerse oír ante las autoridades.
“Estamos indignados, por eso hicimos la marcha, para que la justicia de Bariloche haga lo que tiene que hacer”, declaraciones de Luis, quien fuera pareja de Alen. “Él mató a Alen y tiene que pagar porque es un asesino”. Dijo en referencia a Diego Maldonado, quien pertenece a una familia con una posición económica privilegiada. En diálogo con Marcha, la madre de Alen, explicó: “la marcha de hoy era también para esclarecer varios casos de acá de Bariloche que no han salido a la luz, o que quedan archivados, que pasa con muchos casos”, denunciando el evidente carácter patriarcal y machista del juzgado. Luego, agregó con firmeza: “vamos a seguir pidiendo justicia por mi hija”.
Es preciso comprender el entramado social y económico que rodea tanto a este caso, como a otros que hasta el momento siguen reclamando por justicia. La ciudad rionegrina de Bariloche, tan famosa por ser el destino más visitado de la patagonia, y uno de los más visitados de la Argentina. (Es uno de los principales centros de esquí a nivel mundial y el más grande de América del Sur) Es también conocida por ser el destino principal del viaje de egresados secundarios en Argentina, Chile y Uruguay.
Pero nada de esto sería posible si no fuera a fuerza de explotación de la mano de obra empobrecida de la ciudad, y de represión para mantener fuera de las zonas “pintorescas” a la población trabajadora por la cual la economía de la ciudad se sostiene, pero que el poder financiero y político busca invisibilizar constantemente.
Ya en junio de 2010 tras el asesinato de Diego Bonefoi, Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas,
(tres jóvenes de los barrios populares acribillados por la policía local en un supuesto procedimiento de rutina que luego la familia y vecinos desmentirían denunciando el asesinato) el obispo de la ciudad Monseñor Fernando Maletti, señalaría el verdadero trasfondo económico del trágico hecho, que hasta hoy sigue impune: “Hay una clara zona de tres, cuatro o cinco estrellas a la que llegan todos los servicios y las inversiones; pero a pocas cuadras se ve la miseria y el frío en barrios que crecieron en forma inorgánica.
Hay un sistema perverso en el que se privilegian las inversiones inmobiliarias por sobre los problemas sociales.” De la misma manera, otra parte fundamental del entramado, es la problemática histórica con el pueblo mapuche que ha sido desplazado de sus territorios ancestrales mediante múltiples genocidios seguidos del despojo, desde la llamada “Conquista del Desierto” hasta la actualidad (el multimillonario Luciano Benneton acumuló casi un millón de hectáreas en la década de los 90, propiedad que aún se adjudica este “amigo personal” de Mauricio Macri) Así, privados de vivir según su cosmovisión, ha sido obligado a migrar forzosamente a las periferias de la ciudad en condiciones indignas y con el racismo de una sociedad que los estigmatiza y los niega, pero se sirve de su lengua (mapuzungún) para darle nombre a sus agencias de turismo.
Cabe mencionar la situación de Facundo Jones Huala, longko de la comunidad Lof en Resistencia Cushamen
que el próximo lunes el juez Villanueva definirá si es extraditado a Chile en un juicio injusto e ilegal (plagado de arbitrariedades por parte del estado). Tal procedimiento, insólitamente, se llevó adelante en un gimnasio municipal en las afueras de una ciudad que parece mirar siempre para otro lado, de no ser por la resistencia organizada de los oprimidos y oprimidas, cada vez más decididos a decir “ya basta”.