Por Maro Skliar – @maroskliar
El gobierno de Cambiemos avanza, no sin resistencias, con una serie de reformas que afectan negativamente las condiciones de vida de millones de personas. Las condiciones políticas, sociales y culturales en las que se juega el proyecto de gobierno macrista están siendo objeto de interesantes análisis por parte de muchas y muchos intelectuales y militantes. En buena hora.
Como aporte a ese conjunto de análisis, este artículo busca sumar elementos en uno de los capítulos centrales de la disputa: el de la reforma laboral impulsada por Cambiemos.
Si bien el gobierno pretendía terminar 2017 con el asunto convertido en ley (junto a las reformas previsional y tributaria que logró “hacer pasar” por el Congreso con un costo bastante alto), aparentemente el proyecto será tratado a comienzos de este 2018.
Un anteproyecto de la reforma ya estuvo sobre la mesa en dos ámbitos fundamentales de negociación política, uno con gobernadores y otra con el triunvirato de la CGT. La “mitigación” que sostuvo haber logrado la cúpula de la central obrera, no dejó tranquilo a nadie, salvo al gobierno. La reforma laboral es uno de los motivos de la tremenda crisis política de la entidad gremial. Todos los días hay noticias sobre el crujir de la unidad de la CGT, la judicialización de sus dirigentes y la compleja relación con el gobierno nacional.
Entiendo que en términos de “pensar el macrismo” desde el espacio popular, los últimos dos años pueden representarse como un movimiento pendular que fue desde la subestimación inicial (“es un gobierno de Ceo´s que cree que el Estado es una empresa y no va a poder sostenerse”) a la sobreestimación luego de las elecciones de octubre 2017 (“es una maquinaria perfecta de manejo y capitalización de las subjetividades. Duran Barba, finalmente, es un genio.”). Actualmente ese péndulo no se encuentra en ninguno de los extremos, más bien viene saliendo del polo de la sobreestimación. Ello no es producto de la iluminación intelectual de nadie, sino del proceso de luchas reales que tuvieron su punto más alto en la resistencia a la reforma previsional del último diciembre. Allí se combinaron actores sociales y repertorios de protesta que, en cierta medida, condensan años de experiencias heterogéneas. Masividad organizada, auto defensa y cacerolazos fueron algunos de los modos que asumió la multitud, con la calle como territorio de disputa frente al brazo armado del gobierno, como bien plantó Ezequiel Adamovsky en un muy buen artículo publicado en la Revista Anfibia.
Producto de la acumulación de resistencias, hoy se empiezan no solo a afinar las caracterizaciones sobre el bloque dominante y sus estrategias de poder, sino también a instalar preguntas y proyecciones sobre cómo debe ser la disputa contra ese bloque. La interrogación por quién es el “nosotros” y cuál debe ser su amplitud y marco de alianzas, ocupa el centro de las preocupaciones. Se va configurando la conclusión de que el macrismo representa una forma de gobierno que combina elementos típicos y recurrentes en la historia de las clases dominantes argentinas, con otros de nuevo tipo. Esa particularidad del adversario, requiere de una necesaria creatividad para rivalizar, al menos en cuanto a permitirse un grado mayor de eclecticismo en los métodos. Aflojar algunos corsets que otrora brindaron contención, pero hoy no son sino un límite que bloquea potencias.
La reforma laboral será una de las próximas peleas de envergadura. Seguramente arroje resultados que no podemos anticipar totalmente. Algo del orden de los imprevisto permea la dinámica de la lucha de clases en los tiempos que corren en Argentina.
Gracias al muy buen trabajo de la Asociación de Abogados Laboralistas y de algunos periodistas especializados en el tema, es posible sistematizar los aspectos principales del proyecto de reforma laboral. El espíritu del mismo es, como anticipa el título de esta nota, inclinar más la balanza en favor de los sectores patronales y en contra de los trabajadores y trabajadoras. Esta reforma también robustece el rol del Estado como garante de los objetivos patronales, creando toda una serie de institutos y reparticiones encargadas de administrar y gestionar ese movimiento de la balanza que no estará exento de conflictividad.
Huelga decir que nuestro país sufre alrededor de un 40% de trabajo informal y que ello es un problema estructural que se arrastra, al menos, desde los años ’90. La precarización no ha sido combatida, en sus causas de fondo, por ningún gobierno. Al revés de lo que muchos podrían pensar, la reforma laboral no solo impactará en los trabajadores formales, sino que también expolia a los informales, pues el empeoramiento de las condiciones laborales de los primeros “derrama” (aquí si funciona!) en los segundos, que ven todavía más pauperizadas sus condiciones de vida.
Decir una cosa y hacer otra
El uso de eufemismos es parte constitutiva en la búsqueda de legitimar las acciones del gobierno. La reforma laboral no es la excepción. El proyecto que el Poder Ejecutivo elevará al Congreso plantea entre sus objetivos la regularización del empleo no registrado, la lucha contra la evasión laboral, la capacitación laboral continua y la transición entre el sistema educativo formal y el trabajo, fomentando el empleo juvenil y el entrenamiento laboral. Sin embargo, cuando leemos el articulado propuesto, vemos que las acciones que se plantean no van para nada en ese sentido.
De hecho, de implementarse, la reforma implicaría un retroceso en derechos y garantías de la parte trabajadora consagradas en la Ley de Contrato de Trabajo y otras normas relevantes, como la Ley Nacional de Empleo. Esta crítica no implica de ningún modo dejar de reconocer las (inmensas) falencias de la legislación vigente. Pero hay que reconocer que nuestra legislación es más progresiva que la de casi todos los países del continente, ya que tiene como base el hecho de asumir que la parte empleadora tiene más poder que la parte trabajadora, razón por la cual ésta debe ser especialmente protegida.
La reforma que impulsa Cambiemos no solo transfiere derechos y recursos de la parte de trabajadora a la patronal, sino que estructuralmente tiene como mira dinamitar la base progresiva de la legislación laboral de nuestro país para ponerla en sintonía con otras como las de Chile, Colombia o México, donde los trabajadores y trabajadoras son objetivamente más débiles como actor social.
La reforma laboral del gobierno retoma varios aspectos que ya han estado en agenda desde que el macrismo gobierna la Ciudad de Buenos Aires, e incluso durante los primeros dos años de su administración nacional. Iremos encontrando esos temas en la sistematización posterior. En términos políticos, este compendio de asuntos varios en un proyecto de ley bajo la denominación de “reforma”, nos habla de una fuerza de gobierno que luego de un triunfo electoral bastante contundente, se siente fortalecida como para avanzar con asuntos que reflejan sus más hondas necesidades como representante del sector patronal. Aunque el ministro de trabajo Triaca Jr. (hoy envuelto en un escándalo que podría costarle el puesto) se haga el desentendido, el proyecto de reforma laboral de Cambiemos está bastante en sintonía con el que la derecha logró imponer en Brasil.
La “cantinela” de Cambiemos y el espíritu de la reforma
El leimotiv del gobierno es que las leyes laborales vigentes generan un ambiente negativo para el desarrollo del trabajo en Argentina. Este postulado de corte claramente neoliberal intenta justificarse con datos y estadísticas que demostrarían que los empleadores no registran a sus trabajadores porque le temen a la “mafia de los juicios laborales” y otros seres imaginarios. Para el gobierno se precariza por culpa de la inseguridad jurídica y la base de la inseguridad jurídica son, nada menos, las garantías y derechos avalados por una legislación que, como plantee antes, se basa en la asunción de un asunto tan evidente como la desigualdad de poder existente entre los trabajadores y los patrones.
El proyecto de reforma laboral avanza contra una serie de principios constitucionales y de los tratados internacionales a los que la Argentina suscribe: no respeta la irrenunciabilidad de los derechos, el principio protectorio y el principio de progresividad – no regresividad.