Por Diego Paz. Tras la carta de Duhalde pidiendo la apertura de los archivos de inteligencia respecto a la Masacre de Avellaneda de junio de 2002, inmediatamente se hicieron sentir el repudio de familiares, amigos, compañeros y de organizaciones sociales y políticas.
Año electoral, kirchnerismo mediante, y como si todos olvidaran el pasado reciente, los verdugos se visten de jueces y buscan tergiversar la versión de los hechos. El amo juega al esclavo, y quien dio la orden que antecedió a la brutalidad policial que luego desató la masacre, ahora pide esclarecimiento de los hechos de aquella imborrable jornada de junio sobre la estación de Avellaneda. Y tras el humo y las ficciones, como 11 años atrás, el mensajero intenta narrar la historia apelando a la confusión, intentando transformar al victimario en paladín de la justicia y sometiendo a las víctimas al manoseo mediático y político.
Eduardo Duhalde, presidente de la nación durante la masacre, fue noticia de los mismos medios (Clarín y La Nación) que encubrieron dicha masacre, tras enviar una carta a Cristina Fernández pidiendo la apertura de los archivos de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Esta desclasificación de archivos de inteligencia había sido un compromiso asumido por el ex presidente Néstor Kirchner ante los familiares de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki.
En 2006, durante el juicio oral y público a los responsables materiales (comisario Fanchiotti y cabo Acosta), el gobierno nacional entregó unas carpetas a los familiares donde sólo había recortes periodísticos. Tras la sentencia a los autores materiales de la masacre, además de la condena a los policías que participaron del encubrimiento de los asesinatos, el tribunal hizo lugar a los pedidos de la querella de investigar la responsabilidad política de los funcionarios del ejecutivo nacional y provincial, tras testimonios como los del hoy fallecido Carlos Soria (jefe de la SIDE en 2002) que sostuvo que “el 26 de junio de 2002 debía ser un caso testigo para reafirmar la autoridad del Estado”.
Junio fue un antes y un después para la política nacional. Un límite para los posteriores gobiernos a la hora de enfrentar la protesta social. La salida represiva ya no contaba con más legitimidad. Otro antecedente que sentó la lucha por justicia de la masacre de Avellaneda, fue la búsqueda incesante del enjuiciamiento de los responsables intelectuales en crímenes políticos, lo cual sirvió de base para la condena del autor intelectual del asesinato de Mariano Ferreyra, José Pedraza.
Por esto, la carta de Duhalde pidiendo el esclarecimiento de la masacre de Avellaneda y denunciando la utilización política por funcionarios del actual gobierno nacional, generó inmediatamente la indignación de familiares y compañeros de los dos jóvenes asesinados en Puente Pueyrredón.
“Desde el Frente Popular Darío Santillán repudiamos la carta enviada por Eduardo Duhalde a Cristina Fernández, en lo que constituye un nuevo intento para evadir su responsabilidad en la Masacre de Avellaneda y posicionarse políticamente” se afirmó en un comunicado del Frente Popular Darío Santillán.
“Los familiares y compañeros de Darío Santillán no tenemos dudas, tenemos certezas, pruebas y líneas de investigación que volcamos en el libro Dignidad Piquetera, publicado en el año 2003, donde se da cuenta de por qué y cómo Duhalde y sus funcionarios son responsables políticos e intelectuales de los asesinatos de nuestros compañeros Darío Santillán y Maximiliano Kosteki”, continúa el comunicado que suscriben familiares y compañeros.
Por su parte, desde el Frente Popular Darío Santillán-Corriente Nacional, también repudiaban la acción del ex presidente Duhalde: “Desde el FPDS-CN repudiamos la utilización oportunista del ex-presidente Eduardo Duhalde del pedido de apertura de los archivos de la SIDE para esclarecer la autoría intelectual de los asesinatos de los compañeros Maximiliano Kosteki y Darío Santillán el 26 de junio de 2002”, al mismo tiempo que también rechazan el aprovechamiento político por parte del actual gobierno de Cristina Fernández. “El ex-presidente Duhalde no tiene autoridad moral alguna para presentarse como interesado en investigar el caso, como tampoco el gobierno nacional para reivindicar a Darío y Maxi, ya que mantuvo una fluida relación con personajes que fueron parte de la trama donde se decidió reprimir a los movimientos populares, como el fallecido Carlos Soria (ex-Jefe de la SIDE y Gobernador de Río Negro), Juan José Álvarez (ex-Secretario de Seguridad y operador político kirchnerista) y el ex ministro Aníbal Fernández (actualmente legislador)”.
Difícil se nos hace un tratamiento objetivo, intentando evitar las calificaciones, a quiénes nacimos como militantes a luz del 2001 o inspirados en la entrega de jóvenes como Darío Santillán. Entre tanto cinismo y oportunismo político, donde la impunidad no tiene límites, sería por lo menos prudente respetar la memoria de los caídos y alertar a la población sobre el prontuario de algunos candidatos que más que aspirantes a cargos públicos, son candidatos a la cárcel.