Por Sergio Segura
Los diálogos de paz entre la insurgencia colombiana y el Gobierno han hecho que la discusión sobre los derechos humanos cobre preponderancia en el marco de la conformación de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. En ese sentido, abordo uno de los fenómenos que se deben esclarecer: la desaparición forzada. La Asamblea General de las Naciones Unidas estableció que las desapariciones forzadas son crímenes de lesa humanidad generalmente cometidas por los Estados contra sus contradictores políticos.
Justo en los días que se hablaba del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, los familiares de estas lograron que el presidente Juan Manuel Santos firmara el articulado del Decreto Ley 589 del 5 de abril de 2017, para la creación de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD). Este cuerpo normativo investigará los crímenes de guerra y establecerá las pautas para la búsqueda de los desaparecidos. Sin embargo, la implementación de todo lo relacionado al Acuerdo de La Habana se está incumpliendo y otros aspectos se dan a paso lento. La buena noticia es que este organismo quedó desde el 26 de septiembre bajo la dirección de la defensora de derechos humanos Luz Marina Monzón. Para su entrada en funcionamiento se necesita del reconocimiento jurídico por parte de la Corte Constitucional.
Datos generales
De acuerdo al Registro único de Víctimas (RUV), la desaparición forzada en los últimos 32 años deja un saldo de 167.554 personas afectadas (46.970 de forma directa, 120.584 de forma indirecta), siendo Antioquia (27.193 desaparecidos) y los llanos orientales (21.498) los territorios de mayor alcance. La información existente, principalmente, viene de las declaraciones de los actores armados. De las 60.630 víctimas reconocidas de desaparición forzada solamente hay noticias de 8.122. Un informe del Centro Memoria Histórica agrega que en 3.480 casos se encontró el cadáver y en 3.658 no hay información sobre la ubicación de los restos.
Camilo Torres Restrepo, asesinado por el Ejército Nacional en 1966, quizás es uno de los casos más emblemáticos. El general Álvaro Valencia Tovar murió en 2014 sin develar lo que realmente hicieron con el cuerpo del sacerdote revolucionario. Por su parte, como en la mayoría de los casos, el Estado ha brillado por el desinterés en buscar el verdadero paradero de sus restos. Del mismo modo sucedió con Omaira Montoya, desaparecida en 1977 (estando embarazada) por el extinto F2 (cuerpo secreto de inteligencia de la Policía Nacional). Este fue el primer suceso reconocido como desaparición forzada en Colombia.
Asimismo, se documentan 423 víctimas indígenas, 421 negros, 26 raizales y 3 palenqueros, para un registro total de 874 personas con alguna pertenencia étnica. Solo en 5.231 casos registrados se conoce la ocupación de la víctima: 43.3% son campesinos.
Si examinamos cronológicamente los datos desde el año 2002, tiempo en que Álvaro Uribe asumió la Presidencia, se refleja una realidad escalofriante. Solo en 2002 desaparecieron 15.260 personas, mientras que en 2003 se registraron 12.230 víctimas. Paulatinamente fue disminuyendo el registro, llegando en 2009 a 2.357 desapariciones. En 2010, año en el que inició el primer mandato de Santos, se registraron 1.392. Durante 2015 y 2016, periodo de mayor concreción del acuerdo de paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) y el Gobierno, se presentaron 73 y 54 respectivamente.
Si bien en lo que va de 2017 los datos han descendido a cinco desaparecidos (el más bajo desde 1985) es claro que es un fenómeno que no despierta interés general en la sociedad, pues no se han realizado los esfuerzos pertinentes para la visibilización de las víctimas y su búsqueda efectiva.
De los informes conocidos se dice que el 51.4% del total de las víctimas no se consigna al actor responsable. El 46.1% de la responsabilidad de estas desapariciones, según el Centro de Memoria Histórica, es de los paramilitares.
Por décadas se escondieron los datos de los desaparecidos en Colombia. Hasta hace poco, las cifras oficiales no reconocían más de 26.000 desapariciones forzadas. Luego de la recopilación de fotografías, sentencias judiciales, reportajes audiovisuales y 102 fuentes sociales e institucionales, la Unidad Para las Víctimas, en 2015, concluyó que fueron tenidas en cuenta 6.570 exhumaciones realizadas por la Fiscalía hasta el 1 de junio de 2016 en fosas comunes de todo el país, de las cuales ha identificado 3.075 cuerpos, donde 1.334 son de víctimas de desaparición forzada.
Impunidad del 100%: “Estamos en una fosa llamada Colombia”
Gloria Gómez, directora de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Asfaddes), aseguró que la impunidad es casi del 100%. Indicó además que “El compromiso es visibilizar la desaparición forzada, comprometer a la sociedad en el repudio y el rechazo a este crimen atroz”. Según Gómez, “debe haber un fortalecimiento del banco de perfiles genéticos que es muy débil, no hay la capacidad suficiente en el universo de los desaparecidos y Medicina Legal necesita fortalecerse para continuar siendo un apoyo en los procesos de identificación de personas”. Además agregó que “la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos necesita rodearse de capacidades y recursos para iniciar la labor de búsqueda”. Del mismo modo, Hernán Jojoa, presidente delegado de la Comisión Nacional de Personas Desaparecidas, resaltó que “la tarea es encontrarlos y devolverlos a sus familiares”. Gómez agrega que la Fiscalía, uno de los entes encargados para esclarecer los hechos de desaparición forzada, es la institución que menos resultados ha arrojado en materia de investigación.
Alrededor de 15.000 cuerpos están plenamente identificados, sepultados en cientos de cementerios del país, sin embargo nadie los reclama. La antropóloga forense Helka Quevedo Hidalgo dice que en el 99% de los casos está comprobado que no hay protocolos de búsqueda.
En el informe “Textos corporales de la crueldad” realizado por el Centro de Memoria Histórica se contrastan los registros del Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres (Sirdec) con los del Sistema Penal Oral Acusatorio (Spoa) de la Fiscalía General de la Nación, comprobando que pueden ser muchas más las desapariciones que las hasta el momento reportadas. En ese sentido, sigue siendo una información parcial, pues influye que muchos de los familiares no denuncian por temor a represalias.
La desaparición forzada, al ser un flagelo que destruye el núcleo familiar y social del desaparecido, requiere del compromiso de los legisladores para que se atienda a las víctimas. Las familias alegan la mala calidad de la Unidad de Víctimas y el nulo acompañamiento psicosocial que debería garantizar el Ministerio de Salud. Sin embargo, el pueblo que pone las víctimas pone también la capacidad humana para su propia reparación, situación que amerita preguntarse por las lecciones de la historia. A pesar de las circunstancias que les son impuestas, persisten actos supremos de solidaridad, apoyo mutuo y organización.
Esclarecimiento de la Verdad y el derecho a exigir respuestas
La conformación de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y No Repetición (CEV), sellada el 5 de abril por la Presidencia de la República bajo el Decreto 588 de 2017, cobra un papel de relevancia. Este mecanismo hace parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), junto a otros dispositivos que serán instrumento para alcanzar tres objetivos para garantizar tanto el derecho a la verdad como el derecho a la justicia: i) contribuir a esclarecer lo ocurrido en el último medio siglo; ii) reconocimiento formal tanto de las víctimas como de los victimarios; y iii) la promoción y ejecución de planes de convivencia no violentas en los territorios más afectados.
A este propósito, diferentes juristas del país concuerdan en que la combinación de la verdad judicial, extrajudicial y de iniciativas individuales y colectivas, son la mejor alternativa para un esclarecimiento integral. Es decir, castigo ejemplar para los responsables de delitos graves, sumado a iniciativas de carácter ciudadano que contribuyan al proceso de reconstrucción de la memoria. Para este difícil reto, la CEV, conformada por once personas (actualmente sujetas a un proceso de selección y de veeduría ciudadana), cuenta con un plazo de tres años para culminar con un informe esclarecedor.
No obstante, la institucionalidad más vieja del continente no puede estar peor. La rama ejecutiva está inmersa en todo tipo de redes de corrupción y clientelismo, por lo que una reforma a la justicia no basta, puesto que los cambios de fondo se necesitan en todo el sistema político. Sin búsqueda efectiva de la Verdad, no habrá una base solida para la construcción de un país en paz que garantice la no repetición de la barbarie efectuada en las más de cinco décadas de conflicto. La sociedad entera debe exigir una justicia honesta y expeditiva, pues el sistema de justicia actual tiene develados nexos con delitos graves relacionados con el conflicto armado y la corrupción (por ejemplo, el expresidente de la Corte Suprema de Justicia está preso). Transformar ese escenario será un derrotero clave para lo que denominan posconflicto.
Distintas instituciones del Estado se interponen sin reparo para impedir que avance lo pactado en La Habana, entre estas, la Fiscalía y el Congreso. Néstor Humberto Martínez y los senadores de los partidos de derecha han radicalizado los obstáculos para que la columna vertebral de los diálogos de paz, es decir, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), no inicie su labor. Martínez y los secuaces del uribismo además sobresalen por no apoyar la recién conformada unidad para el desmantelamiento del paramilitarismo. Esto dificulta sentar las bases para que haya un proceso serio de reparación y consecución de la Verdad.
Con la experiencia de la desmovilización de los paramilitares diez años atrás durante el gobierno de Uribe se demostró que la verdad judicial como única medida tiene marcadas limitaciones en términos de la consecución de una verdad integral acorde a la idea de la justicia restaurativa, pues el proceso estuvo basado en la generación de condenas, decisiones posteriores a las versiones libres de varios jefes paramilitares, la mayoría actualmente extraditados y aislados, sin posibilidad de contribuir a procesos de reparación de víctimas.
A diferencia de lo anterior, la CEV no tiene objetivos meramente punitivos (y no puede tenerlos, pues es un mecanismo extrajudicial), por el contrario, de la reconstrucción del relato del pasado se origina un informe que debe contener las conexiones de las diferentes estrategias de terror creadas durante la guerra, es decir, una Verdad lo más completa posible, un proceso que tendrá que ser diferente al trabajo realizado por el Centro Memoria Histórica durante los últimos seis años.
El rol de la CEV deberá aportar a generar un archivo documental de recuperación y conservación de la memoria y hacer cumplir el derecho al acceso a la información por parte de las víctimas. Le corresponde arrojar insumos para revelar los hechos salvajes de la represión oficial, denunciar la violación de los derechos humanos e incidir en la formulación de políticas públicas que impulsen reformas para que se garanticen los derechos fundamentales para los sectores más desprotegidos de la sociedad.
Para terminar, resulta apropiado traer a colación un discurso del 8 de septiembre de 2003 por parte del senador Álvaro Uribe cuando fungía como jefe de Estado, durante la ceremonia de nombramiento del comandante de la Fuerza Aérea, esto con el fin de no olvidar desde dónde viene la persecución a los defensores derechos humanos: “Aparecieron colectivos de abogados, aparecieron bajo uno y otro nombre voceros del terrorismo y unos traficantes de derechos humanos, que se deberían de una vez por todas quitar la careta (…) General Lesmes: asuma usted el comando de la Fuerza Aérea para derrotar el terrorismo. Que los traficantes de los derechos humanos no lo detengan…”. El mismo libreto utilizó hace unos días en redes sociales cuando se enteró que el investigador Mauricio Archila podría integrar la Comisión de la Verdad: “los escritos de Mauricio Archila, integrante del CINEP y de la Comisión de la Verdad son calumniosos y apologistas del terrorismo”.
Esas palabras son acompañadas por la institucionalidad del país, sin fisuras, al punto de configurar una verdadera política de Estado que se mantiene vigente, ya sea por la permanencia de las estructuras de violencia e impunidad que alimentan dichas prácticas, o por el silencio con el que se acompaña la tragedia de las desapariciones forzadas masivas en Colombia.