Luego de firmar con el Gobierno Nacional el convenio para el traspaso del Subte y el Premetro a su órbita, el Gobierno porteño definió como primera medida un ajuste en la tarifa, que pasará a costar $2,50 a partir del viernes 6 de enero. Reacciones de usuarios y trabajadores subterráneos.
El convenio entre el Gobierno Nacional y el de la Ciudad por el traspaso del subte se firmó el martes 3 de enero. En ese acto Nación se comprometió a subsidiar el servicio de subterráneos con 360 millones de pesos durante 2012, es decir, el 50% de lo que venía saportando anteriormente. Mientras se estaba en el tire y afloje de las negociaciones, Mauricio Macri preparó el terreno y salió a hablar de una tarifa sin subsidios cercana a los $4.
Como explicó el ministro de Planificación de la Nación, Julio De Vido, luego de la firma entre ambos gobiernos: “El convenio habilita el control, fiscalización y potestad tarifaria al gobierno de Macri”. A tan sólo 24 horas de la firma y de que Macri anunciara que desde su gestión “no tenían ningún estudio realizado respecto al tema tarifas” y que, por lo tanto, “iban a esperar a realizar los estudios correspondientes para tomar cualquier decisión al respecto”, el Gobierno porteño autorizó un aumento de 127% en el precio de los pasajes, llevándolos a $2,50, al tiempo que anunciaba que no se descartan nuevas actualizaciones durante este mismo año.
Subterráneos de Buenos Aires (Sbase) es la empresa dependiente del Gobierno de la Ciudad que administra ahora las seis líneas de subtes y el premetro. Está presidida por Juan Manuel Piccardo -ex ministro de Espacio Público-, quien estuvo ligado a la creación y puesta en marcha de la polémica UCEP. El organismo a su cargo argumentó que el ajuste es un intento de equilibrar la ecuación económica de Metrovías, compañía del Grupo Roggio: “La decisión fue adoptada para recuperar el severo atraso que acumula la tarifa”, informó en un comunicado.
Según el Grupo Roggio, la concesionaria tiene gastos operativos por 1100 millones de pesos, recauda cerca de 400 millones por boletos y el resto se financiaba mediante los 720 millones de pesos de subsidios del Estado Nacional (aporte que se reducirá a la mitad en 2012 y que se eliminará en 2013). La argucia se manifiesta en los dichos de Néstor Grindetti -ministro de Hacienda porteño-, quien manifestó: “Se trata de una decisión necesaria para garantizar la prestación del servicio”. Sin embargo, durante 2011 Metrovías reportó un superávit de $159 millones de pesos.
Legisladores porteños de la oposición al macrismo, aseguraban que la medida resulta una práctica casi ilegal, debido a la forma en que fue concretada. Así lo manifestó el bloque Buenos Aires Para Todos, compuesto por los legisladores Basteiro, García Tuñón, González y Neira, a través de un comunicado de prensa: “El Gobierno de Macri debe poner en consideración el traspaso del servicio de subtes de la Ciudad de Buenos Aires, ya que debe ser aprobado por la Legislatura porteña según lo establece la Constitución de la Ciudad (Art. 80, inc. 8), al igual que la regulación tarifaria, como indica el art. 13 de la Ley 210”.
Frente a este panorama, los referentes de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro, los “Metrodelegados”, salieron a dar su voz. Beto Pianelli aseguró a Marcha que se trata de “una medida ilegal” y contrariando los dichos de Grindetti afirmó que “gran parte de subsidios van a ganancias de la empresa”. La misma dirección toman los dichos de su compañero de gremio Claudio Dellacarbonara: “Si se dejara de subsidiar a los Roggio no sería necesario aumentar las tarifas”. Días atrás, los metrodelegados habían hecho trascender la posibilidad de pedir un 30% de aumento de salario en las paritarias, cerca de marzo. Macri manifestó frente a esta posibilidad, volver a encarecer el boleto del servicio.
El jueves 5, es decir, apenas a un día del anuncio, Marcha pudo constatar que en las cabeceras de las líneas E y D existían grupos de usuarios comprando entre 10 y 100 pases de subte. Esta reacción se debió a que la empresa Metrovías anunció que el impacto de la nueva tarifa rige sobre las Subtepass adquiridas a partir del viernes 6. Además la empresa anunció que las tarjetas Monedero y SUBE retrasarán el impacto hasta el 12 de enero.
También las redes sociales se hicieron eco de las quejas de los usuarios. Tanto en Twitter como en Facebook, los pasajeros de subte descargaron su bronca contra el Gobierno porteño bajo el hashtag #EnelSubtedeMacri y en los diferentes grupos virtuales, donde se comenzaban a coordinar movilizaciones a la Jefatura de Gobierno.
A su vez según adelantó a Marcha el cuerpo de metrodelegados, los trabajadores llevarán adelante la liberación de molinetes para repudiar el incremento de la tarifa y reclamar mejoras en las condiciones del servicio este viernes 6. Según comentó Beto Pianelli: “Somos los trabajadores y los usuarios los que sufrimos a diario las malas condiciones, y eso genera que el usuario muchas veces se descargue con los compañeros y no con el Grupo Roggio o Macri”.
Se suma a este al repudio la Federación Universitaria de Buenos Aires, que a través de su Presidente Ignacio Kostzer, calificó la medida implementada por el macrismo como un “verdadero golpe al bolsillo de más de un millón y medio de personas”, a la vez que un “atropello”. Por su parte, las asociaciones de defensa de usuarios y consumidores coincidieron en la necesidad de dar marcha atrás con la medida en tanto no se realizó audiencia pública ni anuncio de obra alguna.