Por Nadia Fink
Hoy, 5 de noviembre se cumplen seis años de la desaparición de Daniel Solano, el trabajador que había llegado desde Salta a trabajar en Río Negro. La palabra de su familia, el impacto que les generó la desaparición de Santiago Maldonado y la necesidad de que aparezca el cuerpo de Daniel en las líneas que siguen.
Si pudiéramos pensar un calendario en el que Gualberto, padre de Daniel Solano, tacha los días hasta encontrar a su hijo y llevarlo a su tierra natal para darle sepultura, los palitos serían infinitos y, cada uno, doloroso. Gualberto está de nuevo en Choele Choel porque el 15 de noviembre próximo se autorizó la búsqueda de Daniel en el jagüel ubicado a 25 km., en el campo “La Manuela” según resolvió el juez de garantías, Roberto Gaviña. Ese campo fue señalado por un testigo de identidad reservada en 2014 como el lugar donde arrojaron el cuerpo sin vida de Daniel. ¿Por qué allí? El cura párroco Cristian Bonin, que aloja a Gualberto en sus estadías en Choele y que está comprometido con la investigación, detalló: “Este campo está arrendado por la familia Segatori, y el que le sigue le pertenece al Dr. Vaira, médico de la policía rionegrina en Choele Choel. De acuerdo, a informes solían reunirse algunos policías a probar armas, practicar tiro y compartir mesa”.
Romina Solano, prima de Daniel, nos cuenta desde Tartagal: “Estamos a la espera de poder encontrar el cuerpo de Daniel en el jagüel. Es difícil para nosotros no saber dónde llorar a Daniel, donde encenderle una vela”.
El cuerpo de Daniel, además, colaboraría en profundizar la investigación por la que aún siguen procesados siete policías. Respecto de eso, Romina afirma: “Mi primo se encontró en el camino con personas que dañan la vida del otro queriendo ser más que un simple obrero”.
Es que Daniel había llegado en septiembre de 2011 desde Tartagal a Valle medio, en Río Negro, para trabajar en la temporada de raleo y cosecha de manzanas, casi 2300 km hacia el sur. Además, pertenecía a la comunidad indígena Misión Cherenta. El reclutamiento de los trabajadores golondrina fue de para Agrocosecha SRL, que a su vez terceriza el servicio para la multinacional Univeg Expofrut SA, ubicada en Lamarque. A los galpones con mínimas condiciones llegan cada año 400 trabajadores golondrina de comunidades indígenas de Salta y de barrios humildes de Tucumán y de Santiago del Estero. Cuando los trabajadores cobraron sólo 800 de los 1800 pesos prometidos en la partida, Daniel Solano alzó la voz. Y por eso mismo está desaparecido desde el 5 de noviembre de 2011, cuando fue sacado por la policía de Macuba, el boliche de Choele Choel, a las tres de la mañana. Entramados de complicidades entre las empresas frutícolas que explotan el trabajo golondrina, empresarios de la noche, fuerzas policiales de élite y jueces que hacen la vista gorda tiene la historia de Daniel.
Policías en acción
Si bien la causa tuvo sus idas y vueltas de la justicia Federal a la provincial, es importante destacar que siete policías estuvieron detenidos y que posteriormente fueron excarcelados, pero que aún siguen procesados: Sandro Gabriel Berthe, Pablo Federico Bender y Juan Francisco Barrera por considerarlos autores de los delitos de vejaciones, privación ilegal de la libertad y desaparición forzada de personas. Pablo Andrés Albarrán Arcamo, Pablo Roberto Quidel y Diego Vicente Cuell, como partícipes necesarios de los delitos de vejaciones, privación ilegal de la libertad y desaparición forzada de personas. Héctor César Martínez como partícipe secundario en los mismo delitos pero se le suma el de “abuso de autoridad”, por haber sido Jefe de la Comisión Investigadora al inicio de la causa, y que como tal desvirtuara elementos de prueba ocultando, informando falsas hipótesis (por ejemplo, un viaje de Solano a otra provincia porque era “un picaflor”) y obstaculizando la investigación.
Aún así, “los siete policías están en funciones y van todos los días a trabajar con pistolas en la cintura”, nos informa Sergio Heredia, abogado de la familia Solano. Y afirma: “Esto es una aberración en la Argentina”.
Es inevitable pensar en las similitudes con el caso más reciente de desaparición forzada de personas seguida de muerte: Santiago Maldonado. El joven que participaba de una protesta del pueblo Mapuche en Pu Lof de Cushamen, en Chubut, desapareció tras una feroz represión de Gendarmería. La diferencia es que su cuerpo apareció después de casi 80 días. Sin embargo, previamente hicieron creer a su familia que no había estado allí; a Gualberto lo tuvieron sentado horas sin descanso frente a las grabaciones de las cámaras de la terminal de ómnibus de Choele: afirmaban que Daniel se había dio tras una “noviecita”; con Maldonado intentaron ensuciar su pasado, de Daniel dijeron barbaridades a pesar de que su familia, amigos y compañeros hablaban de lo buen pibe que era; las empresas de comunicación defendieron el accionar de policías y empresarios en ambos casos, los medios alternativos y populares trataron siempre de acercarse a la verdad.
Romina cuenta de lo que representó para ellas y ellos todo lo que sucedió esos casi tres meses con Maldonado: “Nos solidarizamos con su familia porque entendemos su dolor. Le ha pasado algo parecido a Daniel, la desaparición de una persona, y su muerte”. Por eso su fuerza está hoy en que aparezca el cuerpo: “Una esperanza aún en el dolor”, lo define Romina.
La esperanza aún en el dolor
Heredia recuerda que “la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica y la OEA emitieron un pronunciamiento negativo hacia la Argentina por el incumplimiento de los derechos humanos”. Lo dice y lo repite por esto de “los desaparecidos en democracia” y la búsqueda incansable de justicia desde hace tantos años; seis más precisamente.
Esa esperanza de encontrar el cuerpo de Daniel cuenta, sin embargo, con una nueva traba. Así lo cuenta Bonin: “Hay decisión judicial que autoriza buscar, poniendo como fecha el 15 de noviembre el arranque de operaciones. Pero falta la decisión política de colaborar con la economía de la materialización de la búsqueda”.
La cifra que implicaría vaciar el jagüel es de más de 3.000.000 de pesos, de acuerdo al presupuesto de empresa PETERSER (una petrolera de Salta). El problema, según cuenta Heredia es que “debe pagarlo la querella; es decir no obstante que estamos hablando de conductas delictivas que hizo el Estado, debe pagarlo la querella”.
Desde Río Negro todos los legisladores, por fallo unánime, elevaron una carta al gobernador peticionando fondos para tal fin. Aún no hay respuesta. Desde Salta, se manifestó que se colaboraría, pero en concreto no hay nada definido.
Por eso, cierra Bonin, “casi en tono imploratorio, se pide que los gobiernos se hablen, se complementen y se presenten ante el poder judicial como los financiadores de la tarea”.
Hace un año y medio, en mayo de 2016, escribíamos desde este portal que “la persistencia de Gualberto es una grieta en el sistema que no contaba con esa paciencia ancestral de pueblo originario”. Hoy esa sensación parece cada vez más firme. Y por eso no dejaremos de preguntar desde el frío lejano de Río Negro y desde el sol furioso de su Tartagal natal, ¿Dónde está Daniel Solano?