Por Sergio Alvez y Sebastián Korol, desde Posadas*. Este miércoles 26 de junio se cumplieron diez años del asesinato del soldado voluntario chaqueño Mauro Ramírez, en la localidad de Apóstoles, Misiones. Se trata de un caso similar al de Omar Carrasco, el soldado cuyo asesinato derivó en el fin del servicio militar obligatorio en la Argentina. La diferencia es que el crimen de Ramírez permanece impune.
Ramírez recibió un disparo en el corazón mientras realizaba una guardia en una de las garitas del destacamento Monte 30, de Apóstoles, en el sur de la provincia misionera, a 67 kilómetros de Posadas.
En 2005, un informe oficial del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de la Nación, desestimó la versión de “suicidio” con la que el Ejército Argentino y el sistema judicial de Misiones intentaron cerrar la causa, que hoy permanece en la Justicia Federal, sin imputados y estancada. Además, un peritaje realizado por el licenciado Enrique Prueger, uno de los más prestigiosos peritos del país, descartó por completo la hipótesis de suicidio.
También la pericia del médico forense de Chaco, doctor Juan Basilio Ramírez, concluyó que resulta imposible que la bala de FAL que mató a Mauro hubiera sido disparada por él mismo.
Herida abierta
Mauro Ramírez nació el 19 de noviembre de 1980 en Resistencia, Chaco. Pasó toda su infancia y adolescencia en Barranqueras. Al momento de su muerte contaba con tan solo 22 años y estaba comprometido con Noelia, su novia, con quien tenía fecha de matrimonio para el 14 de noviembre de 2003.
Mónica Susana Pintos es la madre. Aquel 26 de junio de 2003 fue el día más doloroso de su vida. Desde entonces encabeza una admirable lucha por la verdad y la justicia.
“Para mí es como si el tiempo no hubiera pasado, la herida está abierta. Y me preocupa porque no hay nada, en octubre van a ser cinco años que la causa está estancada”, afirmó. “Duele, porque el Estado, que debe ordenar las investigaciones hasta dar con la verdad, deja en mi la responsabilidad de acercarles al asesino. Para mí es como una burla. Pero tengo muchas esperanzas de que en algún momento encuentre una puerta que se abra, y yo pueda seguir y conseguir que se mueva ese expediente”, expresó Pintos.
Ante el nuevo aniversario, manifestó que “mi lucha será hasta que se haga justicia, porque estoy segura, por todo lo recorrido estos años, que a mi hijo lo mataron dentro del Ejército Argentino. Hay un total encubrimiento dentro de la fuerza y por parte del sistema judicial. No se cuándo ni cómo, pero le prometí a mi hijo que se haría justicia y por eso no voy a bajar los brazos jamás”.
Desidia e impunidad
La muerte de Mauro Ramírez nunca se investigó de oficio por la Justicia Federal. Al contrario, las autoridades del Ejército Argentino encomendaron la investigación a un Juez Provincial, el entonces Juez de Instrucción José Antonio Reyes, perteneciente al Juzgado de Instrucción N° 4 de Apóstoles, quién en tres meses archivó la causa por “Supuesto Suicidio”.
Mónica recordó: “Este Juez fue sospechado de participar de una confabulación criminal y una posible asociación ilícita, para ocultar la verdadera causa de la muerte de mi hijo y finalmente fue denunciado por prevaricato en 2008, por la propia Justicia Federal. La denuncia fue recomendada por el Consejo Evaluador de la Procuración General de la Nación y a pedido expreso del Procurador General de la Nación el Dr. Esteban Righi”.
La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados del Chaco tomó la denuncia de Mónica Susana Pintos luego de que el Juez Reyes se negara a facilitar una copia del certificado de defunción. A raíz de ello, intervino la Justicia Federal para reclamar al juez de Apóstoles que remitiera todas las actuaciones junto con los elementos secuestrados. La petición encontró resistencia por parte del magistrado, quién la rechazó con escasos argumentos, lo cual provocó que la causa fuera resuelta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que finalmente falló a favor de la competencia federal.
Pintos relató que pese a la resolución del Máximo Tribunal, el Juez Reyes no envió el expediente y debió ser intimado en varias oportunidades. Las sorprendentes dilaciones derivaron en una considerable demora la tramitación de la investigación y la consiguiente pérdida de pruebas que implica el paso del tiempo, “al igual que falencias en la recepción de declaraciones testimoniales a testigos vitales, que hizo que muchos de ellos recordaran vagamente y o quizás, hasta hayan sido enseñados para no dar la información que en su momento habría sido útil”, observó la madre.
Además, la investigación se vio entorpecida por graves irregularidades, como la ausencia de levantamiento de huellas sobre el arma que habría provocado el fallecimiento, prueba vital para conocer si murió como consecuencia de un auto-disparo o medió la participación de una tercera persona; el secuestro y desaparición de una carta dirigida a la madre del soldado, por parte del Juez Reyes; el quebrantamiento de la cadena probatoria sobre elementos esenciales para el esclarecimiento del hecho; y la omisión de secuestro de los libros de guardia y constancias médicas y de enfermería, las cuales pudieron alterarse luego del tiempo transcurrido.
La Justicia Federal prosiguió con la investigación, se llevaron adelante la reconstrucción del hecho y la exhumación del cuerpo, que aportaron valiosas pruebas periciales de Parte. A medida que fue avanzando la investigación, fue descartándose la versión del Ejército.
Actualmente la causa permanece estancada en la Cámara Federal de Apelaciones de la ciudad de Posadas. En la Resolución judicial se solicita a la madre que aporte “Nuevos elementos” que justifiquen reanudar las investigaciones.
* Periodistas de Revista Superficie, editada en la provincia de Misiones (www.revistasuperficie.com.ar)