Por Anita Pouchard Serra y Laura Salomé Canteros desde San Salvador
En el día internacional de lucha por la despenalización y legalización del derecho al aborto, las mujeres populares, lesbianas y feministas de El Salvador salieron a las calles de su ciudad capital para exigir la aprobación del proyecto de ley de cuatro causales para que el país deje de penalizar el aborto en todas sus formas. Al finalizar la marcha entregaron un petitorio a la Asamblea Legislativa. En toda América, una sola lucha, un grito fuerte y global por el aborto legal.
La cita fue a las 8 am en la Plaza de la Salud, frente al Hospital Rosales, en la agitada San Salvador. Allí, cientas de mujeres nucleadas en alianzas, coaliciones, colectivas y organizaciones feministas populares se refugiaban del sol ansiosas de poner el cuerpo y hacer historia en las calles andando la lucha por una demanda histórica en ese país y en toda la región en una fecha clave de la agenda feminista: el día de lucha internacional por la despenalización y legalización del aborto.
“Vamos compañeras, a ocupar las calles”, dijeron desde un altoparlante móvil, y todas las que allí estaban, con remeras, pancartas, antifaces y megáfonos comenzaron a marchar. “Que nos detengan, que somos feministas, que somos abortistas y no nos pueden controlar”, cantaban y bailaban. Emocionó escuchar que el “caminar sin fronteras” es una realidad en frases compartidas. Que estamos hermanadas sosteniendo a las que abortan y están presas y que los colores de la lucha y la diversidad, del cambio y el avance de derechos es potencia en grito global: ¡nosotras decidimos!
Un territorio paradigmático donde la lucha es mucha
El Salvador es, junto a Haití, Honduras, Nicaragua y República Dominicana, un territorio que penaliza el derecho al aborto de forma absoluta. Donde hay niñas y mujeres muertas y presas por abortar, donde cada veinte minutos una niña es embarazada, donde cuatro horas una mujer es víctima de violencia sexual y donde la tercera causa de muerte materna es el suicidio.
“Hace 11 meses que el Proyecto de Ley se encuentra en la Asamblea Legislativa”, afirmaron las mujeres y lesbianas que se acercaron a manifestarse y entregar un petitorio firmado por las decenas de organizaciones y colectivas feministas que integraron la marcha por las calles de San Salvador ante, mayoritariamente, la consulta de la prensa extranjera.
“Necesitamos la gestión popular de nuestra salud y es básica”, dijo otra de las activistas en la manifestación, “no tenemos acceso a seguros médicos, no tenemos espacio para ir a la unidad de salud y vamos cuando tenemos tiempo porque pasamos muy atareadas buscando el pan para nuestras familias”, y agregó, “por eso hoy estamos aquí, para que se aprueben las 4 causales, para que no se siga afectando la salud de niñas y mujeres en El Salvador”.
La punición del aborto en este país es de las más duras del mundo y va de dos a ocho años de prisión tanto para la mujer que interrumpe una gestación como para quienes la ayuden, y de entre seis y 12 años para las y los profesionales de la salud. En los casos más extremos, se ha encarcelado a mujeres acusadas de homicidio agravado, delito que conlleva una pena de hasta 50 años de cárcel. Una figura legal que recae, no casualmente, sobre las más desprotegidas, jóvenes y pobres de departamentos rurales. Según datos de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico, entre el 2000 y 2011, 129 mujeres han sido procesadas en El Salvador por funcionarios/as del poder judicial por los supuestos delitos de aborto u homicidio agravado.
“La absoluta penalización del aborto es una forma de violencia estatal contra las mujeres”, afirmaron desde la Alianza por la Salud y la Vida de las Mujeres, “si una mujer está embarazada y tiene cáncer, no puede decidir interrumpirlo para que le den tratamiento y salvar su vida”. Y agregaron, “la penalización absoluta genera graves violaciones a los Derechos Humanos de las mujeres e inseguridad jurídica para el ejercicio de la profesión y práctica médica”. Y señalando las responsabilidades parlamentarias en la modificación del Art. 133 del Código Penal salvadoreño señalaron: “cada día que se posterga la reforma para la despenazalición del aborto en 4 causales, se condena a niñas y mujeres a enfrentarse con embarazos impuestos, a muertes maternas prevenibles, suicidios en embarazadas y encarcelamiento hasta de 50 años en mujeres que han sufrido la pérdida de su embarazo a raíz de complicaciones obstétricas”.
Las 4 causales de aborto que podrían ser despenalizadas, según el proyecto presentado por el oficialismo gubernamental, son: cuando el embarazo es producto de una violación; cuando el embarazo resulta de las vulneraciones en contexto del delito de trata de personas; cuando el embarazo ponga en riesgo la vida de la mujer, aplica a niñas y adultas; y cuando las niñas, específicamente, son víctimas de abusos.
La situación es de grave vulneración de derechos, revictimización y violencia institucional. Ante una emergencia obstétrica las mujeres que llegan a los hospitales son desatendidas o denunciadas y tratadas como delincuentes con las penas más altas del mundo. En la actualidad algunas de las mujeres que fueron condenadas por esta figura legal llevan más de 10 años de prisión, y la mayoría han sido condenadas a penas de 30 años o más. Pero pese a las condenas y a la prohibición, las mujeres siguen ejerciendo la soberanía sobre sus cuerpos- decisiones y los abortos clandestinos siguen siendo frecuentes. El Ministerio de Salud relevó que, entre 2005 y 2008, hubo en El Salvador más de 19 mil interrupciones de embarazo.
“Con mi derecho a decidir, yo decido cuando parir”
Hay historias en este pequeño país, pero que gracias a la lucha feminista son hoy globales. En enero de 2015, Carmen, que tenía 18 años cuando fue condenada a 30 años de prisión tras sufrir un aborto espontáneo, recibió un indulto después de cumplir siete años privada de su libertad en una cárcel. Ese mismo año la Corte Interamericana de Derechos Humanos obligó al Estado de El Salvador a resolver y dar explicaciones acerca de porqué sostiene la penalización de todo tipo de abortos al tomar estado público la historia de una joven mujer campesina, Beatriz, a quien no permitían abortar luego de saberse que cursaba una gestación que no llegaría a término.
Recientemente una menor con discapacidad intelectual víctima de las violencias de un macho fue obligada a cursar un embarazo y sometida a una cesárea porque su pelvis era demasiado pequeña para dar a luz, una historia por la que el representante en Centroamérica de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos afirmó, “obligar a una niña de 10 años con problemas de salud a tener un hijo después de haber sido violada es algo muy grave y requiere una solución y una respuesta inmediata”.
La punición del aborto no resuelve la problemática y es una omisión institucional de las responsabilidades sobre la cuestión de salud pública. La criminalización, la clandestinidad, los abortos inseguros y sus consecuencias se llevan la vida, la salud y proyectos de cada subjetividad que elige sobre su cuerpo territorio no continuar un embarazo no deseado. Las salvadoreñas lo saben bien. No siempre el aborto fue penalizado en la historia de su país. Por eso sus rostros agrietados recorrieron las calles. Acompañadas de los cuerpos jóvenes que toman su lucha como legado.
Y por un momento fue como si no importara geografía. Fue estar en un lugar conocido, marchar donde el color de los abrazos nos guió en cantos hermanados para la liberación de todas.
“Es necesario que las y los diputados tomen las demandas de las ciudadanas. Tenemos derecho a vivir. Estamos exigiendo que aprueben las 4 causales. Es su obligación”, afirmaron las activistas mientras realizaban una performance que tenía todo de genealogía feminista retomando los nombres de las mujeres que murieron a causa del absurdo de no dar resolución a una problemática de salud pública y justicia social. Detrás una bandera adornada las rejas de la Asamblea Legislativa: “Diputados y diputadas aprueben las 4 causales. Es su obligación”.
