Por Francisco Cantamutto. Súbitamente, los candidatos legislativos de la oposición dicen estar de acuerdo con la primera etapa del kirchnerismo, en particular, con el superávit fiscal. ¿De qué hablan cuando hablan de superávit?
En la carrera por las legislativas de octubre, se escucha a muchos de los candidatos elogiar al gobierno de Néstor Kirchner. Que lo diga Lavagna, Alberto Fernández o Prat Gay no resulta llamativo, pues los tres participaron de ese gobierno. Pero que se sumen De Narváez o Alfonsín comienza a ser sospechoso. ¿A qué se debe este acuerdo?
El centro de este reconocimiento póstumo es el superávit fiscal. ¿Por qué este repentino interés por resaltar la gestión temprana del kirchnerismo sobre las cuentas públicas? La mención no puede ser al azar cuando es tan reiterada. Hay algo que cierto arco de la oposición quiere, más allá del membrete de sus boletas.
Dogma noventero
El superávit fiscal implica que los ingresos del Estado superan sus gastos. El discurso neoliberal insistió por décadas con una analogía fallida: que la caja pública es como la libreta del almacenero, no se puede gastar más de lo que entra. Según ese dogma, la causa última de todos los males de la Argentina era la irresponsabilidad de los ciudadanos por demandar derechos costosos y de los políticos por escucharlos. Ese gasto público fuera de control habría llevado a las hiperinflaciones, haciendo necesario el ajuste.
Sabemos cómo fue: privatizaciones y despidos masivos, fin de la promoción industrial regional, entre otras medidas. La reducción del gasto permitiría rebajar los impuestos, quitando la presión fiscal a los empresarios, que podrían dar rienda suelta a su iniciativa. El gran toque fatal llegó con la privatización de la previsión social que quitaron una fuente mayúscula de ingresos.
Pero, a la inversa de lo que se afirmaba, no se produjo el ansiado superávit fiscal: muy por el contrario, el Estado se lanzó a una espiral de endeudamiento creciente. Al mismo tiempo, para no cobrarles impuestos a los empresarios, generalizó la base de aplicación y subió la alícuota del impuesto más regresivo: el IVA. Esto no fue suficiente: los pagos de la deuda obligaban a mayores ajustes y endeudamiento. Esta lógica llegó a su máximo con el plan de Déficit Cero de la Alianza, que impulsó el estallido de protesta social.
Saá y el default, Duhalde y la devaluación
El primer paso para salir de la trampa se dio al reconocer Rodríguez Saá que la deuda pública era impagable. Aunque lo suyo no era una declaración de soberanía, la declaración de default puso un corte en la dinámica de endeudamiento y pagos crecientes: para 2001 los pagos de intereses se llevaban el 18% de los gastos corrientes nacionales. Aunque la deuda canjeada en 2001 y la de los organismos internacionales se siguió pagando, el alivio fue muy grande. Se abría así la oportunidad histórica de repudiar la estafa de la deuda que fue lo que los gobiernos siguientes se negaron a hacer, limitándose a negociar el monto de los pagos.
La devaluación de Duhalde ayudó al superávit pues, mediante la inflación, licuó los salarios de los empleados públicos, que cayeron un 28% para fines de 2002. Parte de este “ahorro” se dedicó a la masificación de los planes sociales en marzo de ese año. Es decir, la atención a la miseria de una parte de la población trabajadora fue parcialmente financiada por la miseria de otra parte de los mismos trabajadores, precarizando el empleo. Para contener la recuperación de los salarios -públicos y privados-, ante la creciente movilización social, Duhalde dio inicio a una estrategia de negociación con los sindicatos por rama, revirtiendo la lógica de los noventa. La negociación colectiva y los planes sociales no fueron, pues, inventos de Kirchner, sino de su mentor.
Finalmente, en lo que podría destacarse como lo único progresivo de las finanzas públicas duhaldistas, se aplicaron retenciones a las exportaciones de productos primarios. Esto provocó un temprano conflicto con el sector agrario, cuya inconformidad se alimentaría durante los años siguientes. La propia reactivación de la actividad le permitió recuperar la recaudación.
Néstor superavitario
Con las bases del default, la licuación salarial y las retenciones, Kirchner sostuvo el superávit fiscal en los siguientes años por encima del 3% del PBI, más de lo que el propio FMI le pedía. ¿Qué hizo a partir de allí?
Una de sus gestiones más recuperada por los alabadores del superávit es la renegociación de la deuda externa. Contradictoriamente, el impacto de esta validación de la deuda fraudulenta fue incrementar el peso de los pagos de intereses y capital, reduciendo el superávit. Al peso de los intereses se suma el creciente gasto de los subsidios a las empresas de servicios públicos, generando problemas de fondos. Ciertamente no fueron los salarios públicos los que generaron problemas, pues hasta el momento actual aún están un tercio por debajo de su valor de 2001.
Para poder fondearse, el gobierno intentó elevar las retenciones, con el conocido conflicto que le generó. La estatización de las AFJP vino entonces a ayudar. En materia de política impositiva, el impuesto a las ganancias se generalizó a los trabajadores. Mientras tanto, la renta financiera sigue sin pagar un centavo. No se propuso un esquema de tarifas a las importaciones coherente con un objetivo de industrializar, en lugar de eso, se decidió la aplicación de trabas burocráticas.
¿Son algunas de estas últimas las propuestas de la oposición? Si lo son, se han cuidado de enunciarlas. Se habla de “sincerar” las tarifas de servicios públicos. Prat Gay incluso habló de nuevas rebajas de impuestos para las empresas. Más bien, su elogio al superávit de Néstor Kirchner parece ser una forma progre de llamar a aquel ajuste.