Por Roxana Amendolaro*. Un análisis sobre las formas de contención a personas en situación de adicción. Las leyes existentes y en discusión en el país y la necesidad de buscar alternativas terapéuticas a la internación.
¿Por qué, cuando nos toca interactuar con pibes y con pibas de grupos en especial situación de vulnerabilidad social y con uso problemático de drogas -entre otras tantas, tantas cuestiones- seguimos pensando en internarlos en comunidades terapéuticas casi como una primera opción?
En todos estos años de trabajo articulado inter (interinstitucional, intersectorial e interdisciplinario) hemos aprendido que las adicciones forman parte de una respuesta compleja a contextos económicos, sociales y culturales de exclusión y segregación de amplios grupos de la población.
Subrayamos el “una respuesta” porque es fundamental poder transmitir que de ninguna manera el uso problemático de drogas constituye la base del problema sino que antes, mucho antes en el tiempo, cuando trabajamos con jóvenes y adultos con esta realidad, nos encontramos con historias de vida de mucha fragilidad relacional, insuficiente inserción institucional, desempleo, entre otros graves inconvenientes.
Podemos afirmar que se trata de respuestas brutales, pero las necesidades a las que responden también son brutales.
Entonces, si tal como venimos planteando, las adicciones son una respuesta a tal complejidad, necesariamente, cuando trabajamos en el diseño de políticas públicas que garanticen la asistencia integral y la contención, debemos tomar en consideración dicha complejidad económica, social y cultural. Tenemos muchos ejemplos de experiencias de trabajo en Argentina y en el mundo para compartir, que partiendo del trabajo en la comunidad brindan asistencia integral y contención. Solo que existe un pequeño detalle: es urgente y necesario fortalecer dichos dispositivos de trabajo. Fortalecerlos con recursos humanos suficientes, respaldarlos política e institucionalmente.
Vale la pena recordar que en Argentina tenemos una Ley de Salud Mental de avanzada, la ley N° 26.657, sancionada y promulgada en 2010 -recientemente reglamentada- que parte de reconocer que no hay salud mental sin la concreción de los derechos humanos fundamentales y que las adicciones forman parte del campo de la salud mental. Además, esta ley establece que las acciones de salud mental deben realizarse en servicios basados en la comunidad; recomienda la internación de personas como un recurso para utilizar en situaciones excepcionales y en hospitales generales; amplía el reconocimiento de la autonomía de las personas usuarias de los servicios de salud mental y su capacidad de decidir sobre lo que les acontece y desean.
Asimismo, existe un proyecto de ley con media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación, presentado por Horacio Pietragalla, totalmente en consonancia con la Ley Nacional de Salud Mental, que propone la creación de un Plan Integral de Prevención, Asistencia e Inclusión Social para personas con uso problemático de drogas.
Este es el rumbo que estamos asumiendo como país: Salud Mental y Derechos Humanos. Salud Mental e inserción comunitaria.
Finalmente, no nos estamos olvidando del tema de la internación. Consideramos que es un recurso terapéutico genuino y necesario cuando forma parte de la red de salud -no como una estrategia de asistencia diferenciada-, en el ámbito de los hospitales generales y con fuerte articulación con los dispositivos comunitarios. Internar a las personas durante un año o más, alejándolas de sus lazos y de su comunidad, no hace más que “patear el problema para adelante”. En cambio, hacerlo durante los plazos que se determinen cuando en paralelo se está trabajando con sus familias, sus comunidades, la escuela a la que asistían, genera mecanismos de inserción laboral, no elimina el recurso de la contención y aborda desde el inicio la complejidad del problema.
Ahora bien, ninguna de las alternativas de respuesta contenidas en la Ley Nacional de Salud Mental o en el proyecto de ley del diputado Pietragalla o en los dispositivos con base en la comunidad que actualmente están funcionando, puede ser construida a partir de la iniciativa de un único actor o sector. Siempre ha sido y será necesario el trabajo colaborativo y solidario, que articule saberes, prácticas, trayectorias y políticas. Recordemos que cada vez que “pisamos el palito” y casi sin querer se nos impone la lógica del “sálvese quien pueda” estamos generando condiciones para que “encierren” a otro pibe (o a otra piba) en una comunidad terapéutica, en un centro de internación.
Estamos hablando de personas. Ofrezcámosle y ofrezcámonos un futuro.
*Profesional de la salud mental con orientación en el área comunitaria y el campo de los Derechos Humanos. Ex coordinadora del Equipo de Salud Mental del CELS. Docente e investigadora.