Por Mauricio Polchi
La empresa de insumos de librería Distripaper cerró sus puertas y despidió más de 70 trabajadores y trabajadoras. El Estado construye relatos inverosímiles en el que culpa a los laburantes mientras “libera la zona” para que las empresas puedan hacer con libertad.
El miércoles 26 de julio, los muchachos empezaron a trabajar a las 7 de la mañana. Al caer la tarde, como el depósito estaba repleto de mercadería y el personal administrativo todavía recibía nuevos pedidos, algunos operarios aprovecharon para hacer horas extras y así adelantar las tareas del día siguiente. Por la sobrecarga laboral, evidentemente, el jueves 27 anticipaba otra jornada larga y pesada. Sin embargo, antes de retirarse, aterrizó la inesperada versión de que los dueños planeaban cerrar la empresa. Desde momento, todo fue distinto.
Ni telegrama de despido, ni mensaje de texto, ni un papel pegado en la entrada. Al otro día, mientras amanecía en el conurbano bonaerense y la zona de San Martín todavía estaba atrapada en la oscuridad del invierno, los empleados descubrieron que la puerta de la empresa estaba cerrada y que no había ningún movimiento en el interior del edificio. Incrédulos, se juntaron en la vereda de Eva Perón 2545. Al principio, mostraron paciencia. Luego, los invadió la confusión. Con el correr de los minutos, atravesados por la bronca y la decepción, fueron descubriendo que era cierta la posibilidad de perderlo todo. En total, 76 familias se quedaban en la calle.
“Llegamos y estaba todo cerrado. Después vino el encargado y nos hizo entrar. Pero solo nos habló 10 minutos. Ahí comentó que la empresa iba a presentar la quiebra y que nos dejaban en la calle”, recuerda Facundo, que tiene 13 años de antigüedad en Distripaper. Sobre las indemnizaciones, agrega: “Olvidate, cero, nada. De palabra nos dijeron que capaz pagaban los sueldos. Pero si los dueños ni vinieron a dar la cara, es porque no piensan pagar”. Y remata: “Es todo muy trise”.
La firma Distripaper, propiedad de Eduardo Wexzler y Eduardo Sosnowsky, es una reconocida distribuidora de artículos de librería. Con más de 30 años en el mercado, se ha convertido en la principal proveedora en el rubro de varias multinacionales. Según publicita en su web, tiene como clientes a Techint, Siemes, Toyota, HSBC y Frávega, entre otras marcas.
“Nos hicieron laburar todos los días y cuando llegó fin de mes nos tiraron a la calle. No tenemos nada, acá la mayoría cobra 15 mil pesos por mes y vivimos con lo justo. Ahora estamos sin un mango”, describe Facundo, padre de un pibe de 3 años.
“Encima, nosotros sabemos que la mano está jodida para conseguir algo”, lamenta Daniel, que vive en Valentín Alsina y lleva 17 años en esta empresa. Con lo que tenían puesto, pasaron la primera noche en la calle. Ni una lona, ni un gazebo, ni una carpa, nada para protegerse y sobrellevar la vigilia. Inexpertos en esto de protestar, pudieron empezar la lucha con la camioneta de los fleteros que plantaron delante de la gigantesca cortina metálica. “Mientras tanto, nos quedamos acampando. No vamos a permitir que estos tipos se lleven las máquinas, sino después no cobramos nunca más un peso”, afirma Daniel, durante el mediodía del viernes 28.
Unas horas después, en el arranque del sábado 29 de julio y desde la tribuna de la Sociedad Rural, el presidente Macri profetizó que “cada argentino va a elegir dónde trabajar”. Ahí mismo, desde las gradas del predio de Palermo, le regalaron una ovación.
Del relato M a la distribución de los despidos
En el primer trimestre de 2017 la desocupación trepó al 9,2%, con un aumento de 1,6 punto porcentual del registro anterior. Frente a la crisis económica, que además se refleja con los 21 meses de caída consecutiva en la actividad de las PYMES, el gobierno intentó desligarse del problema.
Después del conflicto en la planta de PepsiCo en Florida, que dejó a 600 personas sin trabajo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, afirmó que “todas las empresas en las que hay comisiones internas que maneja el Frente de Izquierda terminan cerradas”. La gobernadora María Eugenia Vidal se plegó a esa estrategia discursiva y acusó a ese espacio político de “alentar la toma de la fábrica”. La diputada Elisa Carrió, que oficia de vocera para la Casa Rosada y los empresarios, fue más sincera porque expuso el plan oficial y pidió “discutir el costo laboral, porque un empleado cuesta como si tuvieras dos”.
Los despidos de Distripaper dejan al desnudo el Relato M. Otra vez, la versión de la administración Cambiemos choca de frente con la realidad. Ni abogados inescrupulosos, ni activistas, ni narcos, merodean o provocan este drama. En Distripaper ni siquiera tienen representación gremial, no hay comisión interna y tampoco cuentan con delegados. Apenas están afiliados al Sindicato de Comercio, en el que los empleados siquiera estaban registrados. En Distripaper no hay mafias laborales, y mucho menos un activismo clasista que pueda “atentar” contra los propios derechos del movimiento obrero.
Del otro lado de la vereda, la empresa tampoco realizó procedimiento formal alguno sobre el cierre: no envió telegramas de despidos, no presentó un preventivo de crisis, ni convocatoria de acreedores, ni pedido de quiebra. Bajó la cortina y no abrió más. Pareciera que se hubiera decretado “zona liberada” para algunos empresarios. La tenue participación del Estado en estos casos agita el fantasma de los cierres fraudulentos. El Ministerio de trabajo de San Martín solo se limitó a convocar a las partes, pero la patronal no concurrió a la cita. Entonces, la respuesta del organismo fue convocar a una nueva reunión para más adelante. Y así, con ese proceso de desgaste, se dilatan las posibles soluciones que reclaman los trabajadores.