Por Micaela Ryan, desde Caracas. La presencia de nueve paramilitares colombianos detenidos en Venezuela alimenta la hipótesis de la colaboración activa entre la derecha venezolana, fuerzas paramilitares colombianas y Estados Unidos para desestabilizar al gobierno bolivariano.
En las últimas 72 horas se sucedieron dos hechos que marcan el enfriamiento de las relaciones entre Colombia y Venezuela. El domingo 9 de junio, en su programa semanal, el periodista y ex vicepresidente venezolano, José Vicente Rangel, denunció la compra de 18 aviones de guerra por parte de un sector de la derecha venezolana a un grupo de empresarios de la industria de la guerra en la ciudad de San Antonio, del Estado Texas, en Estados Unidos. Según Rangel, estaba previsto que las naves ser entreguen antes de noviembre de este año, para ser trasladadas a una base del ejército norteamericano en territorio colombiano que ubicó en P 11° 25′ 31”, M 72° 7′ 46”.
El mismo día, el gobierno bolivariano detuvo a nueve ciudadanos colombianos en los Estados de Táchira y Portuguesa. El ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, anunció que los ciudadanos colombianos fueron encontrados en posesión de armamento para cometer “sicariato y magnicido”, y no descartó que su misión frustrada fuera asesinar al presidente Maduro. Según la información brindada por el gobierno, los detenidos responden a una organización paramilitar cuyo jefe es el colombiano José María Barrera, alias ‘Chepe Barrera’ de las Autodefensas al Sur del Magdalena. Por la noche, el presidente venezolano confirmó que los paramilitares colombianos capturados en Venezuela no serán enviados a Colombia. “Vamos a enjuiciarlos y van a pagar su cárcel en Venezuela, no los vamos a mandar a Colombia porque venían a asesinar venezolanos. Todo paramilitar que sea capturado en Venezuela va a pagar en cárcel venezolana”, afirmó el Presidente.
En la tarde del martes, el canciller Elías Jaua brindó una rueda de prensa en la que ratificó la hipótesis sobre un plan de ataques violentos contra Venezuela que se impulsa desde Bogotá. El canciller afirmó que se realizan maniobras conspirativas que incluyen guerra psicológica y organización de grupos violentos para atentar contra los venezolanos y el presidente de la República. Afirmó que la captura de bandas paramilitares permite evidenciar que estos grupos violentos “son organizados, promovidos y financiados desde Bogotá, por oscuros personajes de la vida política y económica colombiana”. Esa misma tarde, Maduro instaló el Consejo de Estado, que estará conformado por importantes asesores y asesoras como José Vicente Rangel, Roy Chaderton y Luis Britto García. Uno de los temas del Consejo serán las relaciones con Colombia.
Estados Unidos, Colmbia y Venezuela: los últimos quince días
Los hechos que se sucedieron para arribar al escenario actual se aceleraron a partir de la visita del vicepresidente norteamericano Joe Biden a Santos el pasado 27 de mayo. Tres días después, Santos informó ante el mundo las intenciones de Colombia de unirse a la OTAN.
Las relaciones entre los países vecinos sufrieron un fuerte volantazo a partir de la visita del candidato derrotado, Henrique Capriles, al presidente colombiano. Capriles fue a Colmbia a sostener un encuentro semisecreto con el ex presidente Álvaro Uribe, vinculado a la organización paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia.
El 5 de junio, en ocasión de la asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA), el canciller Elías Jaua y el secretario de Estado estadounidense John Kerry se reunieron en Antigua, Guatemala. Este fue el primer gesto de reconocimiento del gobierno de Obama a la presidencia constitucional de Nicolás Maduro. Del encuentro resultó el anuncio del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países.
La noticia se anunció con pocos detalles, indicando apenas el acuerdo alcanzado de nombrar embajadores. En esa ocasión, el canciller hizo entrega a su homólogo norteamericano de un informe detallado sobre los hechos de violencia ocurridos el 14 y 15 de abril, tras las elecciones presidenciales, que devinieron en el asesinato de once militantes chavistas.
Paramilitares en Venezuela
Las vinculaciones entre organizaciones paramilitares colombianas y sectores de la derecha venezolana existen desde hace años. Entre otros hechos públicos se recuerda el allanamiento a la finca Daktari – propiedad de Robert Alonso- en 2004, en el Estado Miranda a una hora de distancia con el Palacio Miraflores. En esa ocasión, 130 colombianos fueron encontrados realizando prácticas de entrenamiento, vestidos con uniformes camuflados y portando brazaletes con la bandera venezolana.
Otro recordado episodio ocurrió en enero de 2009, cuando 31 paramilitares fueron detenidos en Caracas. En esa ocasión, el entonces vicepresidente Carrizales manifestó: “No es fantasía el hecho de que han ingresado paramilitares a Venezuela. En Colombia ha habido un proceso de desmovilización y hay paramilitares que quedaron por allí”. En ambas ocasiones, el presidente Hugo Chávez, informó que los detenidos se entrenaban para provocar un alzamiento militar y asesinarlo.
Más allá de estos hechos, son permanentes las denuncias de presencia paramilitar en los Estados fronterizos venezolanos, a través de prácticas como el sicariato y el narcotráfico. Los campesinos y pueblos indígenas que habitan las zonas limítrofes conocen con mayor profundidad las consecuencias de la presencia de grupos violentos de origen colombiano que actúa en territorio venezolano. Estas acciones evidencian la existencia de una política sostenida de ciertos sectores económicos y políticos en el país occidental contra Venezuela y su población.