Por Jonatan Emanuel Baldiviezo. Ante el intento de avanzar con el enrejamiento de la Plaza de la Misericordia, decenas de vecinos se autoconvocaron el viernes pasado en el barrio porteño de Flores para resistir la decisión del gobierno macrista.
En agosto pasado el Gobierno de la Ciudad anunció el enrejamiento de la Plaza Pueyrredón, conocida como Plaza Flores, y de la Plaza de la Misericordia. En marzo de este año terminaron los trabajos de enrejamiento en la Plaza Flores. Las irregularidades merecieron la denuncia penal por parte de vecinos y de la Defensoría General de la Ciudad por violar leyes que protegen los bienes patrimoniales y arqueológicos de la Ciudad.
Ahora llego el momento de la Plaza Misericordia, ubicada en Directorio y Camacuá. A través de una licitación privada el gobierno porteño adjudicó la instalación de las rejas a la empresa Instalectro por un monto de mas de setencientos mil pesos.
El macrismo utiliza nuevamente el discurso de la inseguridad y el vandalismo para justificar el enrejado. Frente a la inseguridad se pueden adoptar dos caminos: el del miedo, cuya respuesta es aislarse en la esfera privada de cada uno, y el de no temer al encuentro o compartir e interactuar en ámbitos públicos. El gobierno apuesta al primer camino.
En la Plaza Misericordia se repite la misma estrategia: el gobierno no cumple con el mantenimiento, las luminarias no son reparadas, los guardianes de plaza no cumplen sus funciones y no hay seguridad. Frente a este estado de abandono, absolutamente evitable, se propone el enrejado como solución.
En esta plaza, además, las obras no irán acompañadas de una “puesta en valor” como en el Parque Centenario sino que se trata sólo del enrejamiento y la construcción de un canil.
Por otro lado, la deficiencia democrática también es ostensible. La mayoría de los vecinos de Flores recién se enteraron de que su plaza sería enrejada cuando leyeron el cartel de obra. La Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana tampoco dio participación a la Junta Comunal ni al Consejo Consultivo de la Comuna N° 7.
El enrejamiento de las formas de esparcimiento
En forma recurrente surgen las preguntas sobre cuáles son los criterios valorativos del macrismo respecto de los espacios verdes. Si éstos tienen un valor económico o meramente paisajístico. En este último caso, las rejas cumplen el rol de propender a crear grandes jardines sólo contemplados detrás de las rejas y cuyos usos sociales son restringidos en tiempo y diversidad para evitar el deterioro inherente a éstos.
La negación de la democracia participativa cuando se trata de bienes comunes también está relacionada con una idea de lo público. Lo público aquí es entendido como la propiedad del Estado, soberano y dueño de tomar decisiones sobre sus propiedades de forma inconsulta, forma absolutamente diferente de entenderlo a como se lo piensa desde una democracia participativa, donde lo público ya no es algo esencialmente estatal, sino de todos, un bien común y, en consecuencia, su destino pertenece a una decisión adoptada simbióticamente entre el Estado y el sector de la sociedad involucrada.
De esta forma, la Plaza de la Misericordia de ser un espacio público que brindaba la posibilidad de relacionarse con un otro y que estaba enmarcado en una sociedad incluyente es muy posible que devenga, luego del enrejamiento, en un espacio público excluyente. En consecuencia, la política de enrejamiento va en contra del mandato constitucional de que la Ciudad debe promover el acceso libre a los espacios públicos y facilitar el acceso a los bienes culturales y públicos.
Todas estas cuestiones de expulsión social y de decisión sobre territorios urbanos en forma autoritaria generan fuertes resistencias, precisamente porque involucran la defensa del ambiente y hábitat. No son casuales las protestas y las represiones sucedidas durante este año en el Parque Centenario, la Sala Alberdi y por la destrucción de los talleres protegidos del Hospital Borda.
El caso del enrejamiento de la Plaza de la Misericordia no escapa a estas resistencias y expresiones de dignidad. El viernes pasado los vecinos se autoconvocaron en una reunión asamblearia para empezar a organizar acciones colectivas a fin de impedir la instalación de las rejas. Alrededor de 100 personas manifestaron su rechazo, expresando que son obras que no responden a las prioridades sociales y culturales del barrio, que la inseguridad tiene otro tipo de soluciones y que se ha ninguneado la participación vecinal y de las comunas. La Asamblea se desarrolló hasta las nueve de la noche y mucho más duró el encuentro de vecinos pensando y conversando sobre temas comunes del barrio. Las rejas también serán funcionales para impedir estos encuentros, a la hora que los vecinos puedan reunirse luego de un día de trabajo, sus puertas se cerrarán. Un lugar de encuentro y disfrute colectivo se transformará por arte de las políticas de este gobierno a partir de cierto horario en un desierto social, una isla silenciosa e inhumana.