Por Ulises Bosia. A diez días del plazo de presentación de las alianzas electorales priman las incertidumbres. En el caso del Frente para la Victoria la duda tiene que ver con el grado de amplitud que adoptará la presidenta. Las críticas a Scioli y el trabajo de hormiga de De Vido con los intendentes.
Recapitulemos un poco. Después de la traición de Cobos durante el conflicto del campo, el centro de gravedad de la estructura política kirchnerista pasó de la pluralidad y la transversalidad a la idea de la lealtad.
En las elecciones legislativas de 2009, en un contexto adverso, la forma de garantizar la lealtad fueron las candidaturas testimoniales de intendentes y gobernadores. Sin embargo, con la derrota de Néstor Kirchner en la provincia de Buenos Aires quedó en evidencia que esa ingeniería electoral no resultó.
En las presidenciales de 2011, en cambio, el contexto desfavorable había sido revertido y Cristina decidió asegurar en los principales lugares de las listas a soldados de la causa. Incluso persistió en sus decisiones ante la amenaza de Hugo Moyano de pasarse a la vereda de la oposición por el rechazo a sus pretensiones de ubicar a su gente en sitios expectantes. En este caso, en términos electorales, la movida fue muy exitosa y el 54% le permitió el ingreso de un fuerte contingente del núcleo duro al Congreso.
En este 2013, en un contexto menos favorable que en 2011 pero no tan malo como el de 2009, la necesidad de la lealtad sigue planteada. Aunque ahora se le agrega una complejidad mayor que tiene que ver con la sucesión presidencial, desde que están claras las bajísimas probabilidades de lograr una re-reelección.
Eso supone por lo menos dos cosas.
Por un lado, inevitables movimientos subterráneos en el entramado de poderes locales y territoriales del peronismo, amplificados por la actitud ambigua de Daniel Scioli y de Sergio Massa, quienes no se deciden a pasar a la oposición, pero permanentemente coquetean con sus referentes. El kirchnerismo debió buscar un mecanismo de acercarse a todos esos poderes locales y territoriales.
Y por otro lado, como la mayoría de los nuevos mandatos legislativos superarán el 2015, e incluso en algunos casos van a llegar hasta el 2019, el armado de las listas deberá incluir la consideración de que esos legisladores actuarán cuando Cristina no esté más en la presidencia. Y en consecuencia, el problema de la lealtad es aún más acuciante.
Más allá del hermetismo presidencial, veamos algunas señales que pudieron observarse en el último tiempo.
Obras públicas para los intendentes
Para asegurarse la lealtad de gobernadores e intendentes el gobierno nacional creó el plan de obras públicas “Más Cerca: Más Municipio, Mejor País, Más Patria”, que lleva adelante el ministerio de Planificación Federal conducido por Julio De Vido. Según la prensa del ministerio “se busca que los municipios tengan un rol protagónico en el desarrollo de la infraestructura entendiendo que a nivel local existen un mayor conocimiento de los problemas y las necesidades de las localidades”. Es decir, se trata de un plan de obras públicas descentralizadas, de magnitudes relativamente pequeñas, mediante las cuales el gobierno nacional ofrece dinero directamente a los municipios, sin pasar necesariamente por los gobernadores. Además, en un año con una coyuntura económica difícil, el gobierno espera reactivar el empleo y el consumo mediante la promoción de la obra pública, lo que sin duda puede tener un rédito electoral.
A efectos de este plan, desde comienzos de años De Vido viene realizando reuniones con decenas de intendentes, en algunos casos acompañados por los gobernadores de sus provincias y en otros casos no. Entre estos últimos se destaca la provincia de Buenos Aires, donde Scioli es claramente excluido.
De algún modo uno podría pensar que a diferencia de 2009, donde la táctica electoral fue usar la figura de intendentes y gobernadores como candidatos testimoniales, en este 2013, la presidenta espera ganar adhesiones mediante el reparto de la obra pública y la generación de mejoras concretas en los distintos pueblos y ciudades del país, especialmente en el gran Buenos Aires.
La hipótesis más probable
La formación de Unidos y Organizados en 2012, como la expresión política del kirchnerismo más puro, por dentro pero sobre todo por fuera del PJ, expresa la acumulación política de la estrategia de la lealtad que venimos reseñando. Se trata de lo que hasta ahora la presidenta pudo cosechar desde 2008. A la luz de la enorme manifestación del 25 de mayo último, no es poca cosa.
Por esa razón lo más probable es que los primeros lugares de las listas legislativas encuentren principalmente a referentes de ese espacio, que son los más confiables para seguir la conducción de la presidenta ante el problema de la sucesión.
Incluso el nombramiento de Agustín Rossi como ministro de Defensa puede ser un ejemplo indirecto de esta política. En la provincia de Santa Fe, muy adversa para el kirchnerismo, Rossi pretendía encabezar la lista de diputados con muy pocas probablidades de éxito. En consecuencia su nombramiento puede interpretarse como la única forma posible de sacar a una de las principales espadas del kirchnerismo de las listas legislativas de Santa Fe, por sus bajo rendimiento en las encuestas, a diferencia de otros dirigentes como María Eugenia Bielsa, más lejana políticamente pero mucho más rendidora electoralmente. Tanto en Santa Fe como en Córdoba y Capital Federal, el kirchnerismo sabe que no puede ganar la elección y sólo aspira a superar sus resultados de 2009, algo bastante posible.
Los dardos lanzados por la presidenta en sus últimos discursos, que prácticamente por unanimidad fueron interpretados como un ataque hacia Scioli, renuevan la convicción de que Cristina continuará con la misma estrategia.
En síntesis, la hipótesis más probable es tropa propia y el mínimo de flexibilidad necesaria en distritos difíciles para asegurarse la lealtad del PJ.