Por Fernando Vicente Prieto ¿Los únicos privilegiados? En la provincia de Buenos Aires parece olvidarse una consigna central de la mejor historia del peronismo. Ahora, los niños pobres parecen ser “los menos privilegiados”.
Dinero hay, pero no para la niñez
A pesar que las primeras líneas oficiales continúan anunciando récords de recaudación, la deuda social continúa vigente y se expresa en múltiples conflictos, en general sin mucho espacio en medios oficialistas u opositores.
Varios son los contrastes que pueden dar una idea acerca de las prioridades oficiales. Por estos días se destaca la noticia de un incremento del 120% en las partidas del presupuesto 2012 asignadas al pago de la deuda pública, mientras crecen las denuncias de subejecución presupuestaria en materia de desarrollo social en este ejercicio 2011.
En un comunicado, los trabajadores de la flamante Secretaría de Niñez y Adolescencia sostienen que “los Programas y Hogares a cargo de la Secretaría y las ONGs conveniadas están atravesando una gravísima emergencia económica, a raíz del no pago de cajas chicas y becas”. El área ha sido elevada al rango de Secretaría en las últimas semanas. Y la gestión administrativa se encuentra en una transición, aunque todavía a cargo del Ministerio de Desarrollo Social, en el que acaba de asumir un hombre del riñón del sciolismo, Martín Ferré.
La Secretaría, que continuará al frente del mismo funcionario –el ex Franja Morada Pablo Navarro- debuta con el peor de los anuncios: de las 106 instituciones oficiales que tiene la provincia, sólo doce recibirán el pago de la última caja chica del año. Y de las 162 entidades bajo convenio, ninguna. A pesar del hermetismo oficial con que se manejan los datos de ejecución presupuestaria, el cálculo que realizan en la Asamblea del personal es que durante el ejercicio 2011 sólo se abonaron entre cuatro y siete cajas chicas, de un total de doce (una por mes). El resultado es el desabastecimiento y el cese de pagos a los proveedores habituales de alimentos, útiles y demás elementos para desarrollar la tarea.
“Esto repercute en la precarización de la atención que brindan las Instituciones y en la consecuente vulneración de los derechos de los niños y adolescentes que atienden. En suma, en el incumplimiento de las leyes de Niñez y Adolescencia y sus principios fundamentales”, explican desde la Asamblea.
Existe un amplio consenso en que la aplicación efectiva de estas leyes –la 13.298, de Promoción y Protección integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; y la 13.634, del Fuero de Responsabilidad Juvenil- representaría un avance importante en relación a la vieja Ley de Patronato, centrada en un enfoque punitivo. Claro que para esa aplicación efectiva se requiere voluntad política, expresada en programas y recursos concretos.
¿Con los pibes no?
Los antecedentes de la política sciolista en la materia no son los mejores para la población de niños y jóvenes más pobres. Priorizando una mirada de control social, las problemáticas juveniles han estado presentes en la agenda del gobernador a través del proyecto de Código Contravencional. El rechazo a este proyecto reunió a diversas organizaciones, que se expresaron en la Legislatura hasta que el oficialismo desistió su tratamiento hace exactamente un año.
Pese al malestar que, se asegura, la política punitiva genera en el llamado “kirchnerismo puro” –militantes provenientes de organizaciones sociales o con antecedentes en organismos de derechos humanos y partidos de izquierda, que consideran a Scioli un enemigo interno-, hasta el momento no han sido muchas las voces que se alzaron en público para condenar la política del gobernador. En este marco, el desmantelamiento y subjecución de los programas compensatorios ante la emergencia social, al igual que la lucha por los derechos laborales, ha sido confrontado principalmente por el personal de los organismos afectados, en general organizados en asamblea y respaldados por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).
En la coyuntura actual, la asamblea se encuentra reclamando en forma urgente “el pago de las cajas y becas correspondientes a períodos anteriores, para saldar las deudas ya contraídas por las instituciones con los proveedores. Y regularizar a partir de enero el pago en tiempo y forma, para posibilitar la continuidad de los servicios de atención”. Mientras que mantiene vigentes los pedidos de mantenimiento edilicio, regularización de la carrera administrativa y en general contra la precarización laboral que ejerce el propio Estado, a través de la no realización de concursos, la falta de nombramiento de personal en cargos claves y el sostenimiento de escalas salariales “en negro”.
Ninguneados en la práctica por los funcionarios y militantes del gobierno -incluso por muchos con antecedentes progresistas-, silenciados en los medios hegemónicos, los trabajadores del área continúan dando voces de alerta para quien quiera escuchar.