Por Antonia Orellana Guarello desde Santiago, Chile
Sobreviviente de la extrema manifestación de violencias de un macho, la historia de Nabila Rifo llegó a los tribunales pero está siendo revictimizada por el sistema judicial y la prensa hegemónica. Mauricio Ortega Ruiz, el único sospechoso está acusado de “femicidio frustrado, agresión sexual y mutilación”.
“¿Qué tiene que ver mi vida sexual con lo que me ha pasado?”. Eso respondió Nabila Rifo Ruiz, de veintinueve años, al abogado Fernando Acuña de la Defensoría Penal Pública de Chile, en la novena audiencia del juicio contra el agresor que él representa: Mauricio Ortega. Nabila dirigió la pregunta al aire. Nunca ha visto a Acuña desde que empezó la investigación hace diez meses. El 14 de mayo pasado le arrancaron los ojos.
El único sospechoso, detenido, formalizado e imputado es Mauricio Ortega Ruiz, su ex pareja. Enfrenta los delitos de femicidio frustrado, agresión sexual y mutilación. El 15 de mayo de 2016 el país amaneció con la noticia de que una mujer había sido encontrada agonizando en la calle en Coyhaique, sin globos oculares y fuertemente golpeada. El horror y la sorpresa cundieron ya que, en el sentido común de los chilenos, los crímenes con alto nivel de ensañamiento no son frecuentes en su país.
Las cifras dicen lo contrario. Paralelo al juicio contra Mauricio Ortega, 2.495 kilómetros al norte, se llevaba a cabo el juicio contra Francisco Marré Peña, un joven de 26 años. Marré mató a su “polola” Stephanie Morales Rivera. Una y otra vez. Aceleró, retrocedió. La hija de ambos aún debe visitarlo en la cárcel porque los femicidas no pierden la patria potestad.
En el mismo extremo sur de Chile había antecedentes de crímenes como el de Nabila: en septiembre de 2013, Juan Ruiz le arrancó los ojos a Carola Barría en presencia de la hija de ambos, de cinco meses. Luego las abandonó en la pampa de Punta Arenas.
¿Qué tiene que ver la vida sexual de Nabila con lo que le ha pasado? Nada. Parece pasarse por alto que al igual que en el 45% de los ataques femicidas, en el caso de Nabila había antecedentes previos de violencia denunciados ante la justicia. En Coyhaique, la segunda ciudad más grande de la patagonia chilena, Nabila y Ortega compartían una casa. Ahí permaneció ella cuando terminaron en 2015, y de ahí se fue cuando el 5 de junio de ese año Ortega entró al hogar blandiendo un hacha y amenazando matarla.
La denuncia terminó en una “suspensión condicional de procedimiento”. Según la investigadora Lidia Casas, esta solución alternativa a la penal se ocupa indiscriminadamente en delitos sexuales y de violencia intrafamiliar -Chile no tiene ley de violencia de género- por una “escasa capacidad de los fiscales de llegar a juicio”.
En el caso de la agresión con el hacha, la “condición” de la suspensión era que Mauricio Ortega asistiera a sesiones de terapia psicológica para agresores. Tuvo tres sesiones. ¿Qué son tres sesiones? Una de bienvenida donde se conocen, otra donde apenas se entra en materia y otra donde se despiden.
En promedio, las mujeres chilenas demoran siete años en denunciar violencia dentro de sus relaciones. Según declaró Nabila ayer, “nunca hablé de lo que me pasaba con nadie”. También le mintió a la funcionaria de la Oficina de Protección de Derechos que visitó su hogar en 2015 para evaluar el riesgo de los niños producto de su denuncia.
Le negó cualquier violencia de parte de Ortega, cuestión que ha sido resaltada por la defensa del agresor. “Lo hice porque no quería tener más problemas con él”, explicó.
Así llegaron al 14 de mayo del año pasado cuando Ortega la siguió y golpeó con una piedra hasta que ella se hizo la muerta. Después de ese recuerdo todo se apaga.
Lo que pasa al sobrevivir
El año pasado el fiscal Pedro Salgado conversó varias veces con la prensa a la salida del Hospital de Urgencia y Asistencia Pública. “Para nosotros lo fundamental ahora es la recuperación de la víctima. La circunstancia que ella, en algún momento, pueda aportar alguna información, sin duda que será relevante, sin embargo no es lo fundamental, lo importante es que ella se recupere”, decía.
Era el 24 de mayo de 2016 y Nabila Rifo había salido hace unos días del coma inducido en la capital. La trasladaron al centro del país porque el hospital de Coyhaique no cumplía las condiciones para su recuperación. Los trabajadores del lugar intentaron resguardar a Nabila Rifo. Ubicaron su cama en un piso desconocido para la prensa, se montó un control estricto de visitas y la encargada de comunicaciones vetó cualquier ingreso de periodistas. Cuando Nabila despertó el flujo de información llegó hacia ella de a poco, controlado por las terapeutas del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género. En las afueras del hospital mujeres se manifestaron todos los días en contra de la violencia machista. “Nabila no estás sola” y “Justicia para Nabila” eran los carteles en los ya típicos amarillos con negro de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres.
Fue en ese momento y a solicitud de la Fiscalía que, apenas estuvo en condiciones, Nabila declaró ante una siquiatra. En ese momento exculpó a Ortega y planteó que un hombre “metalero” había intentado agredirla. “Yo quise defenderlo diciendo que fue otra persona. No lo quise culpar a él, yo quería que me explicara qué había pasado”, explicó en su declaración la semana pasada, retractándose de sus primeros dichos.
Es sobre la base de esa primera declaración que el defensor penal público, Fernando Acuña, ha levantado su tesis para exculpar a Ortega: quien agredió a Nabila fue un tercero que, además, la habría violado.
Luego de eso viene el caudal. La prensa local y nacional, con datos proporcionados por el propio Acuña, difundieron que la mujer había declarado contra la dueña de un local investigado por trata y explotación, por lo que lo brutal del ataque se explicaría como vendetta del crimen organizado. Hasta el momento nada de eso ha sido sostenido ni por la Policía de Investigaciones, que es la que trabaja en crímenes de trata, ni por alguna prueba aportada en la defensa en ya nueve días de audiencias. Para las audiencias parece ser creíble porque, contra toda evidencia, se piensa que en Chile no hay crímenes cruentos en violencia de género.
“Fernando Acuña no ha tenido sólo estrategias jurídicas sino que sobre todo comunicacionales. Ha tenido un nivel sostenidamente alto de apariciones en prensa buscando confundir a la opinión pública”, han señalado desde la Red Chilena contra la Violencia hacia las mujeres.
Entre otras, esta estrategia ha involucrado difundir audios telefónicas de conversaciones de Nabila Rifo con parientes de Mauricio Ortega donde ella dice que aún lo quiere. Según declaró la sobreviviente de femicidio frustrado y mutilación, esos familiares no la volvieron a llamar después de esto.
También se ha entregado información falsa a la prensa. Hace un mes la propia Nabila debió salir a desmentir que había visitado a su agresor en la cárcel, cuestión que el diario nacional El Mercurio y toda su red de filiales locales reprodujeron pese a que tanto el alcaide como el entorno de ella señalaron que era falso al medio.
En el intertanto, volvió a Coyhaique y enfrentó su nueva vida. Fue en ese momento en que dejó de proteger a Ortega.
Defensa sin límites
“¿Sabía usted que Nabila no usaba calzones?”, fue una de las preguntas del defensor Acuña a la sicóloga tratante de la víctima en los primeros días del juicio. Su estrategia jurídica ya empezaba a levantar polvo por el alto nivel de cuestionamiento moral que ocupaba.
En medio de esa estrategia, Acuña ha sostenido en el juicio transmitido vía streaming y profusamente seguido en redes sociales, así como a la prensa, detalles sobre rastros biológicos de otras relaciones sexuales de Nabila. Según él, eso es parte de la tesis de agresión sexual por un tercero distinto a Ortega.
Pese a que la propia mujer declaró que la presencia de estos en su cuerpo eran producto de sexo consentido en los dos días anteriores al ataque, el defensor insistió ayer en preguntarle cómo era la forma en que tenía sexo, provocando la protesta de los querellantes. Pese a eso el juez accedió a la pregunta. El mismo juez, además, permitió al defensor leer documentos que no habían sido incorporados como medios de prueba durante el interrogatorio, algo que contraviene el Código Procesal Penal chileno.
“La técnica interrogatoria pretende confundir a Nabila saltando de un registro y fecha a otro. Cuestionar su credibilidad como testigo es lo único que tienen en este momento”, explicó la abogada feminista Lorena Astudillo.
Lo que está en juego también es su credibilidad como víctima. Porque en Chile no basta con sobrevivir apenas de un ataque brutal que te dejó ciega y en coma por semanas, sino que además hay que presentar certificado de antecedentes morales que te acrediten como una víctima “ideal”.
En las investigaciones de Lidia Casas sobre la aplicación de la justicia penal en Chile luego de una reforma iniciada hace más de una década, queda claro que los operadores de ésta sobrevaloran los roles tradicionales y el deber ser femenino en los juicios. A esto se suma la cobertura de la prensa y la presión que ésta ejerce.
Desde la Defensoría Penal Pública respondieron un cuestionario el fin de semana pasado, asegurando que en ningún caso sus preguntas buscan “responsabilizar a la víctima de lo ocurrido ni menos afectar su honra. Como se entenderá, resulta una responsabilidad básica de cualquier abogado defensor agotar las líneas de presupuestos fácticos que atingen a su teoría del caso”.
La Asociación de Defensores Penales Públicos también saltó al baile. A través de un comunicado defendieron la labor de sus colegas y señalaron que “es inimaginable que en un estado democrático de Derecho, la Defensa se limite en su rol, no ejerciendo obligaciones contenidas en la Constitución y en las Leyes, lo cual significaría en la práctica que el Derecho a Defensa no existe, dejando a las personas indefensas frente al inmenso poder del Estado”.
La pregunta: ¿se debe limitar la defensa cuando su línea atenta contra la integridad de una víctima? ¿Cuál es el límite? La pregunta que parece rondar, implícitamente, es si los abogados serán capaces algún día de defender en un juicio por violencia de género sin tratar de puta a la víctima. Al parecer no, aunque seas parte de un organismo estatal y haya tratados internacionales y metas de “transversalización de enfoques de género” que te obliguen a no revictimizar.
Y pese a eso, luego de nueve días de audiencia y diez meses de cuestionamiento, llega la firme respuesta de Nabila al defensor cuando este le pregunta por sus prácticas sexuales: “¿qué tiene que ver mi vida sexual con lo que me pasó?”. Es una lástima que el defensor no le respondiera la pregunta. Eso se suele calificar como “una parada de carros”: un corte en seco. Según la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, que se ha reunido con ella, esta declaración televisada por decisión de ella fue una forma de responder ante todo el cuestionamiento público que ha enfrentado.
¿Qué tiene que ver la vida sexual de Nabila en lo que le sucedió? Nada. Tiene que ver el que hay un sistema de justicia operando con lógicas radicalmente distintas dependiendo de tu género y clase y condiciones de inoperancia en zonas como Coyhaique. Tiene que ver un agresor que luego de un ataque con hacha sólo debió firmar mensualmente, pudiendo volver a vivir con su víctima, que no tuvo ningún apoyo en ese momento para romper con él.
Quizás también tenga que ver un país tan indolente a la cuestión que la víctima es la que tiene que dar explicaciones en un juicio, constatar que ni es borracha ni fuma o se prostituye. Una ex funcionaria del servicio de atención a víctimas de Fiscalía, Johanna Narr, se preguntaba por Twitter: ¿qué mujer se va a atrever a ir a juicio después de esto?. A lo mejor eso sí tiene que ver.