Por Mario Hernandez
Siguen las luchas docentes, los sectores de la economía popular pelean por la Ley de Emergencia Social, en el Ministerio de Trabajo confrontan a Triaca y en el Hotel Bauen organizan la resistencia.
El Presidente Mauricio Macri comparó la situación actual de la educación en la Argentina a la del Japón después de la II Guerra Mundial. “Para que un país pueda levantarse, la escuela nunca debe parar”, publicó en las redes sociales, acompañando la frase de una foto de un grupo de alumnos recibiendo clases de su maestro en medio de Hiroshima destruida por la bomba atómica.
María Eugenia Vidal avanza con los procesos administrativos para sancionar a los gremios que no aceptaron la conciliación obligatoria en la provincia de Buenos Aires. Por un lado, pidió el inicio de un sumario en el Ministerio de Trabajo de la Nación para que determine si corresponde quitar la personería jurídica a los sindicatos “rebeldes”. Y también comenzó un proceso en el organismo provincial que podría derivar en multas de hasta 600 millones de pesos para las organizaciones docentes.
Mientras tanto, el viernes se cumplió el noveno día de huelga en los establecimientos públicos provinciales convocada por Suteba, Udocba y Uda. La Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) y otras entidades menores no se sumaron, pero la FEB, en un congreso habilitó a sus dirigentes a disponer nuevas acciones directas dentro del Frente Docente.
A los gremios docentes, se sumaron el jueves judiciales de la AJB, médicos de la CICOP, auxiliares de educación y estatales de ATE que realizaron un paro de actividades en toda la provincia y movilizaron 60.000 personas a la gobernación en La Plata, para reclamar mejoras salariales y paritarias libres.
La Ciudad de Buenos Aires dio por cerrada la negociación salarial y aplicará desde marzo un piso de aumento en cuotas del 19,75%, el adelanto de las cuotas y un salario inicial de $ 13.000, según informó Soledad Acuña, Ministra de Educación porteña.
Ayer, lunes 20 de marzo, organizaciones gremiales docentes realizaron a una marcha de antorchas desde la Avenida Callao y Corrientes hasta el Obelisco. La misma se replicó en distintos distritos del conurbanos bonaerense, como Lanús y Jose C. Paz. El próximo 22 de marzo a las 15:00 en Plaza de Mayo está convocada la Marcha Federal Docente.
Finalmente, la CGT convocó a un paro sin movilización para el próximo 6 de abril, una fecha alejada del conflicto docente.
Las trabajadoras y los trabajadores dispuestos a resistir el desalojo del Hotel Bauen
Tras la nueva orden de desalojo que llegó hasta el edificio de Callao al 300, en la cual la Justicia autoriza el uso de la fuerza pública para vaciar el inmueble el próximo 19 de abril, los integrantes de la cooperativa que desde hace trece años gestiona el hotel se encuentran nuevamente planificando charlas abiertas y actividades en la vía pública, recorriendo despachos de diputados y convocando a artistas que apoyan su lucha para llegar a una nueva vigilia el 18 de abril, la noche anterior a la fecha fijada para el desalojo.
Según Carlos Heller, diputado por el Partido Solidario y uno de los autores de la ley vetada por Mauricio Macri, la única opción que queda ahora es convocar a una sesión especial y luego conseguir el apoyo de los dos tercios de ambas Cámaras. Esta vía conlleva un riesgo: si no se alcanza la mayoría especial el proyecto no podría volver a tratarse por un año y sólo quedaría la vía judicial.
El próximo 22 de marzo, habrá una movilización hacia el Congreso y el 6 de abril una cena solidaria con presencia de referentes sociales y políticos. Para el 18 y 19 de abril, fecha prevista para el desalojo, planifican un festival sobre la avenida Callao.
“Somos los mismos que te cruzaste cientos de veces en la calle defendiendo el hotel. Un hotel que el grupo Bauen construyó con la ayuda de la dictadura y que abandonó a fines de los ‘90 sin pagar una deuda millonaria y dejando a 70 familias en la calle. Somos los mismos de siempre, los que decidimos dar pelea en plena crisis de 2001”, se escucha la voz de los trabajadores del Bauen en el video que hicieron para sumar apoyo y lograr que el proyecto para expropiar el hotel logre finalmente aprobarse en el Congreso.
El sector de las pymes y las cooperativas fue uno de los más golpeados por los tarifazos en los servicios básicos. El programa Facultad Abierta, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, destaca particularmente la delicada situación que deben enfrentar el hotel Bauen, el restaurante La Casona, la metalúrgica Felipe Vallese y la vidriera santafesina Vitrofin, entre otros.
Con los aumentos de 2016, el hotel Bauen pasó de pagar boletas de luz de $ 24.000 a $ 100.000. En el gas, pasó de abonar $ 11.000 a $ 50.000. El peor aumento fue en el agua: de $ 65.000 a $ 218.000. La Casona pasó a pagar facturas de electricidad de $ 7.000 a $ 40.000. La metalúrgica Felipe Vallese tenía facturas de electricidad de $ 8.000, pero ahora tienen que desembolsar $ 50.000. Así muchas cooperativas vieron reducidos sus ingresos producto de los tarifazos, la baja del consumo y la retracción general de la economía, reduciendo los retiros (sueldos) de los trabajadores. A modo de ejemplos, el bar Barthó de Balvanera tuvo una baja del 50% al igual que la metalmecánica Cerraduras de Precisión. Los trabajadores de la sodería 15 de Noviembre un 25% y los de La Casona un 44%.
Conflictos en organismos oficiales
Los trabajadores de maestranza del Ministerio de Trabajo, nucleados en el SITMA, protagonizaron un corte de la Avenida Leandro Alem y una olla popular bajo el lema #TriacaHaceteCargo. El conflicto enfrenta a los trabajadores con la empresa Imantec, que se niega a pagarles los salarios, pero también contra las autoridades del Ministerio de Trabajo que actúa en complicidad con la patronal para desgastar a los trabajadores.
Así se han negado a hacerse cargo de los salarios, no han movido un dedo para intimar a la empresa y ante las condiciones insalubres de higiene producto de la retención de tareas de maestranza, ha contratado personal adicional para limpiar los edificios centrales por la noche.
A la olla popular y el acto frente a la puerta del Ministerio se hicieron presentes un importante número de trabajadores del Ministerio, que acompañaron la medida de fuerza y han aportado masivamente para el fondo de lucha.
Los trabajadores del Indec se encontraban realizando una medida de fuerza, dispuesta por la Comisión Gremial Interna de UPCN, en reclamo del pago de un plus salarial que se abonó tradicionalmente en el organismo, desde los ‘90, denominado horas censales y que se cortó desde fin de año.
El plus, de algo más de $ 1.000 mensuales, sería una forma de compensación por los bajos salarios, por lo que su eliminación se siente sensiblemente en los bolsillos de los empleados que vieron recortados sus ingresos.
En ese contexto, Jorge Todesca, director del organismo, increpó a los trabajadores por hacer la huelga y les reclamó explicaciones. Primero les pidió a los delegados que se callaran y luego que se retiraran. Pero en lugar de sumisión, las delegadas le retrucaron: “Primero nos tiene que dar explicaciones usted. ¿Qué pasa con las horas censales? Hace tres meses que no cobran los compañeros”.
La charla termina con Todesca saliendo, con custodios, y amenazando a los trabajadores con realizar una denuncia policial por “atentar y destruir las instalaciones” del organismo, aunque se vio claramente que no había daño alguno sobre los bienes del Indec.
Otra semana de cortes y piquetes
Esta semana se dieron dos grandes luchas desde las organizaciones que buscan conquistar derechos para los sectores más precarizados. Ante la falta de implementación de los acuerdos establecidos entre el gobierno y el triunvirato piquetero (CTEP, CCC, Barrios de Pie), este sector retornó con fuerza el miércoles pasado a las calles y puentes, sumando a su vez a otras organizaciones, como el Frente Popular Darío Santillán.
Decenas de miles de trabajadores en todo el país salieron a reclamar el funcionamiento efectivo del acordado Consejo de Emergencia Económico y Social para traducir los 30.000 millones de pesos de ese acuerdo en una paritaria integral con el Estado donde se incremente el monto del pago por los distintos programas de trabajo y un salario social complementario, entre otras demandas.
Mientras la movilización del triunvirato piquetero implicó una presión para formalizar su acuerdo con el gobierno, el acampe del martes 14 frente al Ministerio de Desarrollo Social lo sorprendió y desubicó, por la capacidad de reactivar el Frente de Lucha como protagonista del sector, restaurando la unidad interna y acordando unidad en la lucha con el Polo Obrero. Un protagonismo basado en una masividad cualitativa del Acampe, donde cerca de 8.000 trabajadores mostraron un elevado espíritu de lucha, forzó al gobierno a llegar a un acuerdo impensable hasta el día anterior. Acordó a las dos de la mañana incrementar los planes y recursos al Polo Obrero, retirándose éste del Acampe en ese momento. En cambio le costó bastante más cerrar un acuerdo con el Frente de Lucha, lo que puso en aprietos al gobierno ante la simultaneidad de la medida con los cortes a los accesos a la Ciudad de Buenos Aires de parte del triunvirato piquetero.
Fueron 120.000 asistentes más a los merenderos en la provincia de Buenos Aires durante 2016. Y 20.000 más en el primer bimestre de 2017.
Los conflictos sociales empiezan a afectar la imagen del Presidente. Por primera vez hay más argentinos que desaprueban su gestión (44,2%) que los que la valoran (40,2%), de acuerdo a una encuesta de Management & Fit. También cayó 4 puntos la imagen de la gobernadora María Eugenia Vidal, aunque sigue siendo la figura política con mejor imagen del gobierno.