Hace dos semanas que la Central Obrera Boilviana (COB) comenzó una “huelga indefinida” para exigir un aumento en las jubilaciones. Violentas movilizaciones, bloqueos de calle y negociaciones frustradas marcaron la agenda de los últimos catorce días.
El lunes 6 de mayo comenzó una huelga general planteada por la COB, la mayor confederación de sindicatos de Bolivia. A dos semanas de su comienzo el conflicto se ha ido agudizando y parece no tener fin. Sin embargo, durante este lunes se suspenderán las medidas de lucha y se reiniciará el diálogo entre el gobierno y los sindicalistas.
El reclamo por parte de la COB consiste en pedir una modificación de la ley de pensiones y aumentar de esa forma las jubilaciones mínimas en un 100%. En concreto se le está exigiendo al gobierno una jubilación de ocho mil bolivianos (1.147 dólares) en las asignaciones de los mineros y cinco mil (709 dólares) para otros sectores.
En contraparte, las autoridades bolivianas propusieron subir la renta mínima de jubilación de 531 a 574 dólares para los mineros y de 373 a 459 dólares para el resto de los sectores. Esto es así porque el sistema de pensiones boliviano cuenta con una serie de reaseguros “solidarios” que serían imposibles de sostener en el tiempo si actualmente se elevaran tanto las asignaciones.
Ante esta situación la COB viene rechazando la propuesta y se ha negado a negociar varias veces con ministros, planteando que solo lo harían con el presidente o vicepresidente del país (como sucedió efectivamente en algunas ocasiones durante el conflicto).
La ley actualmente vigente
La actual Ley de Pensiones 065 fue promulgada en diciembre del 2010. La misma fue trabajada y consensuada con las organizaciones de trabajadores representadas en la COB.
Esta vino a reemplazar la ley neoliberal que, como explicó el economista boliviano Abraham Pérez Alandia en el diario boliviano La Época, “eliminó, en su contenido e intencionalidad, el principio de la solidaridad, favoreciendo a un pequeño sector de trabajadores que tenían como ingreso salarios y/o sueldos en la relación obrero patronal y aportaban al sistema de pensiones”. De esta forma logró individualizarlos “a partir de lo que cada uno aportaba. Dejando abandonados aquellos que no tenían la capacidad o los mecanismos para aportar, porque no eran asalariados o porque al engrosar las filas de la informalidad tenían ingresos inestables” agrega Alandia.
La ley promulgada por el gobierno de Evo Morales, por el contrario, creó un Fondo Solidario que se forma a partir de aportes patronales y de trabajadores. El mismo, en palabras del economista boliviano, “sirve para beneficiar a los jubilados cuyo cálculo de renta sea muy baja, debido a que los aportes que hayan hecho fueron muy bajos, como consecuencia de sus bajos salarios”.
Para recibir los beneficios del Fondo Solidario, los trabajadores se pueden incorporar al Sistema Integral de Pensiones (SIP) por voluntad propia o por la acción colectiva de sus organizaciones sindicales, como es el caso de los transportistas y cooperativistas. El requisito es haber aportado por lo menos durante 10 años y haber cumplido 58 años de edad.
De esta manera se buscar compensar la falta de aportes y la informalidad que se arrastra desde los gobiernos anteriores. Sin ir más lejos el ministro de Economía y Finanzas de Bolivia, Luis Arce, explicó en el marco del conflicto con la COB que “nuestra Ley de Pensiones, que ha sido consensuada y discutida por más de cuatro años con la COB y promulgada en su misma sede, ha hecho que se jubilen, en menos de dos años de vigencia, 21.791 personas, casi el 80% de lo que se jubiló en 13 años con el viejo sistema neoliberal”.
Un punteo sobre la protesta
Durante las primeras movilizaciones y bloqueos de carreteras (dónde entre otras cosas se produjo la voladura de un puente con dinamita) el gobierno boliviano reprimió y detuvo a varios manifestantes. Sin embargo, ante el pedido de la COB y como un gesto para continuar las negociaciones los liberó al poco tiempo y desistió del uso de las fuerzas de seguridad en posteriores movilizaciones.
Con el correr de los días, al reclamo inicial encabezado por los mineros se sumaron maestros, enfermeras y docentes universitarios, entre otros gremios. Finalmente el viernes 17 de mayo también se plegaron los médicos afiliados al Colegio Médico de Bolivia con un paro de 24 horas. Cabe recordar que estos mismos médicos protagonizaron el año pasado una huelga en la que pedían, además de aumento salarial, la expulsión de los médicos cubanos, obviando el enorme aporte que han hecho estos profesionales al desarrollo de la salud en el país andino y poniéndole una fuerte carga ideológica y política a su reclamo.
Durante el último fin de semana la COB instó al gobierno a sentarse a negociar en sus términos con la amenaza de radicalizar sus medidas.
Ante estos hechos, sectores afines al gobierno hicieron un llamado a salir a las calles a apoyar al presidente Evo Morales y a refundar la COB ya que plantean que este reclamo ha excedido lo estrictamente gremial y bordea peligrosamente un intento de golpe de Estado. De esta forma este lunes comenzarán movilizaciones regionales para culminar el jueves con un gran acto en la capital, La Paz.
La secretaria general de la Organización de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, Felipa Huanca, dijo que tras las marchas en las regiones, el 23 de mayo “se instalará un cabildo en la plaza Villarroel de La Paz para aprobar la reestructuración de la COB”, cuya cúpula es controlada -según estatutos- por trabajadores mineros. También se sumará a esta medida, entre otras, la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin) quién a través de Alejandro Santos, uno de sus dirigentes, convocó a movilizarse también el jueves en apoyo al gobierno.
Un giro inesperado
Al cierre de esta edición los dirigentes de la COB aceptaron (por primera vez en dos semanas) suspender sus acciones de protesta por 48 horas para sentarse a negociar.
“En las palabras del vicepresidente del Estado Plurinacional que indica y ruega a la COB a deponer actitudes, la COB, en respeto a sus trabajadores y en base a nuestra resolución en ampliado nacional acepta la vigilia correspondiente y empezar a trabajar por tiempo y materia para dar una solución al pueblo boliviano y a los trabajadores del país” explicó Juan Carlos Trujillo, secretario Ejecutivo de la COB.
Durante estos dos días habrá negociaciones y será cuestión de esperar para ver como repercute esto en el conflicto y las medidas anunciadas para esta semana.