Por Vivian Palmbaum
Nuevamente la provincia de Santiago del Estero es escenario del atropello y las disputas por la tenencia de tierras que son habitadas por familias de campesinos. Una vez más, un empresario en complicidad con el poder judicial, tal como denuncia el MOCASE Via Campesina, intenta apropiarse de tierras que no le pertenecen con el uso de la fuerza pública.
Una situación que se viene repitiendo en la provincia, como el conocido caso de la empresa Manaos. Una realidad que parece extenderse por nuestro territorio nacional favorecido por las políticas del gobierno nacional, como evidenció lo sucedido en El Bolson y Esquel. Una misma lógica: usurparción de tierras en connivencia con el poder político y judicial para favorecer, en este caso, al igual que con Manaos, a empresarios del agronegocio.
Desde el Movimiento Campesino Indígena denunciaron que el 3 de marzo pasado 50 oficiales de policía y de infantería policial llevaron a cabo el desalojo de una familia campesina, habitantes ancestrales de la tierra. El operativo tenía como objetivo entregarle las tierras a una persona de nacionalidad francesa que es acusado de comandar bandas armadas para expulsar campesinos. El Juez Álvaro Mansilla fue quien avaló la medida y de esta manera parece darle respaldo al accionar mafioso del empresario.
Intento de desalojo
En la localidad de Añatuya vive la familia Quiroga, compuesta por el matrimonio de Oscar y Claudia Coronel y los hijos Maira Milagros (13) y Braian (10) que viven en Lote 48. Sobre 1395 Has la familia produce, y convive con el monte nativo, donde cría vacas, cabras, ovejas, caballos, siembra sorgo, maíz, zapallo, sandía, algodón.
La familia viene soportando la amenaza de desalojo desde hace varios años por parte de Patrice Francois Louis Rene Lannou, que detenta esas tierras. En varias oportunidades Lannou recurrió a patotas y bandas armadas que fueron contratadas para intentar desalojar a la familia Quiroga. Durante los años 2014 y 2015 en varias oportunidades bandas armadas a punta de pistola y encapuchadas se hicieron presentes para amenazar a mujeres y niños para que se fueran. Desde el Mocase se acusó a la medida de viciada e ilegal.
Este desalojo se produjo en momentos en que los adultos no se encontraban en el lugar, vulnerando los derechos de los menores exponiéndolos a una situación de extrema violencia y terror.
El MOCASE se declaró en estado de emergencia y alerta por la situación. La familia y vecinos montaron una Carpa Negra en la entrada del campo, en un proceso de resistencia territorial hasta tanto se regularice la situación de la familia Quiroga.
Patoteros, terroristas y mafiosos
A partir de una denuncia que radicó el Mocase VC en el Comité de Emergencia de la Provincia y en la Policía, se consiguió que se realizara un allanamiento donde encontraron a los integrantes de esta banda armada. Sin embargo desde la organización campesina revelan que no se produjeron detenciones, pese a la gravedad del hecho y solo les retuvieron las armas que luego fueron enviadas al juzgado para que el Juez Álvaro Mansilla se las devolviera a los delincuentes, tal lo afirmado desde la histórica organización de campesinos. Patoteros, personas que utilizan el terror con fines de lucro y que son avalados desde el Estado.
En medio de un debate mediático que se ha instalado desde el gobierno nacional que criminaliza a los inmigrantes, desde el MOCASE afirman que la persona acusada de impulsar este accionar casi delictivo, se trata efectivamente de una persona de origen extranjero que además está cometiendo el delito de usurpación y apropiación indebida de tierras. Sin embargo a diferencia de la suerte de cualquier inmigrante pobre o trabajador, sobre el que pesa una estigmatización, este inmigrante ilegal tuvo su premio: la complicidad del Juez Álvaro Mansilla, así afirman desde la organización.
Un poco de historia de organización
El Movimiento Campesino de Santiago del Estero – Vía Campesina (MOCASE VC) surge como organización en Santiago del Estero para luchar por la tenencia de la tierra y las condiciones de vida de las familias campesinas indígenas. El problema generalizado de tenencia precaria de la tierra por parte de los campesinos indígenas había generado un histórico proceso de desalojos silenciosos en la medida en que no había conciencia sobre el derecho a la posesión veinteañal, como tampoco organizaciones que fortalecieran la autoestima y esperanza de un horizonte de justicia. El surgimiento de la organización (4 de agosto de 1990), tal como ellos mismo lo relatan, resulta un punto de quiebre con esta situación preexistente, de modo tal que el silencio se convirtió en conciencia del derecho hecha palabra y acción. Se promovió la organización para la autodefensa de los pobladores, se acompañó con asesoramiento legal y de defensa jurídica correspondiente, se fue logrando una mayor visibilidad política ante los dueños del poder, se amplió los lazos solidarios con otros sectores de la sociedad que se sintieron atraídos por esta lucha.
Campesinas, campesinos indígenas que van conformando organizaciones en sus territorios, los parajes rurales. Más de 9 mil familias en movimiento por la solidaridad, la producción de alimentos sanos, por la agroecología, la justicia y el cambio social.
Santiago del Estero, parte del Gran Chaco Americano, fue saqueado por las empresas que se llevaron la inmensa riqueza forestal. Hoy nuevamente, con la excusa del progreso, vuelven empresas transnacionales de los agronegocios que con la complicidad de los gobiernos, los jueces y la policía quieren destruir los bosques y los bienes naturales. Evitar la destrucción del medio ambiente y recuperar la identidad cultural, la forma de vida comunitaria y solidaria es el paradigma que sostienen.
Articulados a nivel nacional en el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), continental en la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC) e internacional en La Vía Campesina (LVC), porque la lucha por un mundo mejor para todos los pueblos y todos los hombres y mujeres, es la lucha por la liberación planetaria.