por Mateo Muninprado y Leandro Segado*
A una semana de comenzar las clases estalló el conflicto docente. Hay varios actores implicados: el gobierno nacional y los provinciales, las y los trabajadores de la educación, los sindicatos docentes, los medios de comunicación hegemónicos y la sociedad en su conjunto.
El gobierno empezó con un traspié –en lo que hace al arreglo de paritarias–, ya que fue aceptado por la Justicia el acuerdo del 24,3% entre los trabajadores bancarios y las cámaras empresariales bancarias (con cláusula de gatillo -que asegura un aumento en caso de que la inflación crezca más que lo previsto) y retroactivo a enero (entre otros puntos). Esto le valió un juicio político a los jueces que avalaron este acuerdo, siendo querellante el mismísimo Ministro de Trabajo, Jorge Triaca. Un gran acto de avasallamiento sobre los derechos de las y los trabajadores (paritarias libres) y sobre el supuesto papel independiente de la Justicia.
Ahora el gobierno enfrenta una segunda batalla decisiva de cara al escenario electoral de 2017. Y esta batalla la enfrenta nada más ni nada menos que frente al sector docente.
La importancia para el gobierno de las paritarias docentes es de partida doble: Por un lado son “paritarias testigo”, es decir, lo que se arreglen en ellas sirven para las negociaciones de otros gremios. Por otro lado, son momentos clave ya que este año hay elecciones de medio término (diputados y legisladores) y cada acción que toma el gobierno puede dejarlo mal parado, o bien acumular imagen positiva y así lograr mejores condiciones en el escenario parlamentario.
En el segundo duelo, el gobierno tomó la decisión de no negociar paritarias a docentes a nivel nacional sino que esto se haga en cada provincia, lo cual recuerda a las épocas del más oscuro neoliberalismo y de la Ley Federal de Educación, donde las provincias más pobres (con menor PBI) acordaban paritarias menores a las provincias “más ricas”. Esto es un golpe durísimo sobre una conquista y un derecho de las y los trabajadores. Aspecto esencial para no perder poder adquisitivo en una economía dependiente como la de Argentina, donde la inflación suele ser una constante. Amén de ese gravísimo ataque hacia la Educación, el gobierno muy cínicamente puso un techo salarial de 18% (cuando la inflación del año pasado se comió los acuerdos generados en las paritiarias de principio de año generando una caída en el poder adquisitivo de los docentes y cuando se prevé que la inflación para este año será mucho mayor al 18% -tomando en cuenta la aceleración con la que se están encareciendo los precios-).
Frente a este escenario se realizaron movilizaciones, jornadas de discusión, asambleas en las escuelas, y recientemente el Congreso de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), con representantes de todo el país, donde se acordó entre otras cuestiones:
“Paro de 48 hs. el lunes 6 y 7 de marzo. El 6 de marzo con movilización nacional docente y el 7 de marzo acompañando la marcha de la CGT y CTA por “Educación y trabajo; Adherir activamente al Paro Internacional de las Mujeres del 8 de marzo, con la modalidad que determine cada provincia y participara de todos los actos en las provincias; En la segunda semana de marzo acciones en las provincias con la Comunidad Educativa: clases públicas, abrazos a las escuelas, jornadas de difusión, radios abiertas, etc: En caso de continuar sin respuesta por parte del Gobierno Nacional mandatar a la Junta Ejecutiva de CTERA a determinar fecha en la tercer semana a un Paro Nacional Docente de 48 hs. con Marcha Federal Educativa a Plaza de Mayo(…)”.
Voluntariados pagos
Hace pocos días el director General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Alejandro Finocchiaro declaró que los gremios docentes “están en acción de guerra”. Estas y otras expresiones similares por parte de distintos funcionarios del gobierno (en todas sus jurisdicciones y niveles) con ayuda de los “trolls” que instalan en las redes sociales el discurso de que los docentes no tienen el derecho de parar (luego recogidas e irradiadas exponencialmente por los medios de comunicación hegemónicos), van permeando en el sentido común de la sociedad en su conjunto, hasta el punto tal de ver en las noticias gente que se ofrece de “voluntario” para dar clases en caso de que se realice un paro docente. Quien inició esta campaña sucia de desprestigio a la lucha legítima docente fue Bronenberg Mariano, miembro del sanguinario Batallón de Inteligencia 601 del Ejército Nacional durante la última dictadura cívico-militar.
Además de su propuesta intransigente, el gobierno logro obtener un fallo de la Justicia que aprueba el descuento a docentes por participación al paro. Cuestión grave por vulnerar el Estatuto Docente y el derecho a huelga explicitado en la Constitución.
Si las y los docentes están en acción de guerra, queda preguntarse quién es el responsable de la sistemática subejecución del presupuesto, de la precarización de las y los laburantes, de deterioro en la infraestructura de las escuelas y del achicamiento en el presupuesto para los comedores escolares.
Estos avances del gobierno no son contradictorios, ni espontáneos, tampoco son a modo de prueba y error; sino que responden al modelo neoliberal del gobierno de Cambiemos. El ataque no es sólo sobre la educación, sino también sobre la salud, la vivienda, el transporte, etc. Una prueba de este “ataque en todos los frentes” lo podemos ver en este video difundido hace poco tiempo, donde el ministro de Educación Nacional, Esteban Bulrich, se presenta como un gerente de recursos humanos, donde revela sus tácticas para fragmentar y desorientar al sector docente entre otras cuestiones.
La lucha en unidad en la calle y en el aula, la solidaridad entre todos los y las trabajadores y la organización son las herramientas con las que cuentan las y los trabajadores de la educación para mostrarle al gobierno y a la sociedad en su conjunto que “docente luchando, también está enseñando”,
*Docentes y militantes del FPDS