Por Vivian Palmbaum y Camila Parodi/ Foto por Colectivo Manifiesto
A 12 años de Cromañon, y con las palabras del Ministro de Justicia y Derechos Humanos sobre proponer la discusión de la baja de edad de imputabilidad a 14 años en el medio, las políticas de Estado siguen siendo el exterminio, el gatillo fácil, la liberación de zonas, a la vez que se cierran lugares de contención. Lo que une estos doce años son los cuerpos sacrificables representados en la juventud.
Aquel 30 de diciembre de 2004 se puso en evidencia el descuido que sistemáticamente parece recaer sobre nuestros pibes y pibas. Cientos ellas y ellos, en un número que todavía resulta difícil de precisar, se consumieron en el humo tóxico y el fuego que un ínfimo destello puso en marcha, con los accesos del lugar cerrados con candado. Toda una trama de responsabilidades y complicidades se pusieron de manifiesto. El entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Aníbal Ibarra fue destituido, también por las complicidades del poder político que aprovecharon la ocasión. Es decir que hubo un antecedente de destitución de la máxima autoridad por las responsabilidades políticas que le cabían como Estado.
¿Hoy Cromañon? Jóvenes en peligro de extinción
Ayer, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, propuso poner en discusión a partir de enero de 2018 la reforma del “régimen juvenil penal” y trajo nuevamente un tema que ya había sido rechazado por organizaciones que trabajan con la niñez en 2012: la baja de edad de imputabilidad. Los argumentos son claros: cuando se habla de estas propuestas se condena a la pobreza; es decir combaten la pobreza de nuestras pibas y pibes con más seguridad y más policías en la calle. En ese sentido, las leyes 13.298 (provincial) y la 26.061 (nacional) (de protección de los derechos de niñas y niños) dice expresamente que no se debe condenar una situación de violencia en el núcleo familiar cuando el contexto es de pobreza porque se entiende que hay una falta del Estado. Es este Estado quien debe avanzar con la promoción y la protección de estos derechos –vivienda digna, alimentación, salud, educación– para que no caiga en detrimento el derecho a la vida plena y sin violencias.
La Ley también contempla la apertura de espacios que tengan en cuenta las situaciones de vulnerabilidad de pibes y pibas y que los acompañen, que propongan nuevas realidades, pero en un contexto en el que se enuncia la baja de imputabilidad se cierran espacios de contención, no se promueven becas, aumentos y proyectos dentro las Secretarías tanto a nivel provinciales como nacionales. Por ejemplo, hace sólo unos días cerró la Casa de Noche en Morón, un espacio que se proponía trabajar de manera integral: con el descanso, la salud, la nutrición para poder continuar con los proyectos que los pibes se proponen llevar adelante. Para que esa casa continuara se necesitaba sólo un sueldo municipal al mes, por lo que no representaba un gasto en sí, sino que se trata de una decisión política el no cederle el trabajo y la contención de los pibes a las organizaciones.
Es decir, hay un Estado presente en cuanto a la represión o criminalización de los pibes y de las pibas, y ausente en cuanto al acompañamiento, presencia o contención. Eso da cuenta de que hay una decisión política sobre el pibe o piba, que no son los niños y niñas de las convenciones de los derechos, sino que justamente sirven como chivo expiatorio para construir un discurso: son las y los pobres.
El Narcoestado y los cuerpos sacrificables
En este entramado, otro de los factores que atenta contra la juventud es la “red de ilegalidad” que se genera en los llamados “narcoestados”: para los grandes negociados de las drogas se utiliza a las pibas y a los pibes justamente por su corta edad (a quienes se llama “soldaditos”) y por su construcción de subjetividad como el cuerpo sacrificable o como el chivo expiatorio para que se puedan sostener ciertas economías que no son para nada marginales, sino que son mundiales: hablamos del narcotráfico, las armas y la trata y explotación sexual. Esa contradicción de la que hablábamos antes entre lo que el Estado dice para afuera, que es la necesidad de imputar a pibas y a pibes, cuando en realidad el sujeto social utilizado es con esa edad para generar y sostener redes de ilegalidad y para que sean quienes se exponen a las situaciones de violencia.
Los números son contundentes: la Encuesta Anual de Hogares 2014, (Dirección General de Estadística y Censos, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires) consigna que las barriadas más populares (villas y asentamientos) de esta ciudad, tienen una composición mayoritariamente de jóvenes, con un promedio de edad que alcanza los 26 años (inferior a la media de Ciudad con 39 años).
En esta misma línea, hace pocos días la Coordinadora Contra la Represión Policial, Correpi, presentaba el Manual del pequeño detenido, en donde explica qué hacer frente al abuso policial, sobre la población estigmatizada como peligrosa: pobres. Afirman que más del 90% de los muertos en cárceles y comisarías, de las víctimas de la tortura o del gatillo fácil, son jóvenes pobres. Sólo en pocos casos esas formas represivas alcanzan al hijo de alguna familia de clase media, casi siempre porque estaba en el lugar “equivocado”, o con la “pinta” o la actitud “equivocada”.
Por otro lado, y siguiendo con las responsabilidades políticas de administración y control, en abril de 2016, en Costa Salguero, varias y varios jóvenes perdieron la vida por el consumo de pastillas en una fiesta electrónica, un éxtasis que se comercializaba en el lugar, con una serie de complicidades criminales, que pudieron ser sorteadas gracias a fianzas y costosos abogados.
Educación para pocas y pocos
Cuando hablamos de derechos básicos, el de la educación es uno de ellos. El avance en la desarticulación de la educación pública de los últimos años, con su disminución efectiva en el Presupuesto Nacional aprobado para el 2017, con el consentimiento de oficialismo y oposición, implica medidas como el cierre de programas, disminución del número de docentes, falta de capacitación y mucho más. Tal como acaba de suceder con la reducción y despido de miles de docentes a pocas horas de finalizar el año 2016. Estas políticas de Estado propulsan que se derive la matrícula escolar al sistema privado y deja en el camino a quienes no tienen posibilidad de pagar. Otra vez un Estado que se desentiende del recurso humano que constituye el futuro de un país.
Jóvenes y en peligro
Tomarse una foto con niñas y niños de guardapolvo blanco, acariciar en público a un niño que se acerca en forma desinteresada no es lo mismo que pensar políticas que acompañen su desarrollo y contengan esa juventud que pulsa siempre –aunque la estigmaticen, aunque quieran denigrarla– por el futuro. Aún están las marcas de la Noche de los Lápices y esa generación que la dictadura hizo desaparecer, están los pibes de Malvinas, está Cromañon como un eco, y tantos como Walter Bulacio, como Luciano Arruga, como Pitu y Pola (muertos en el incendio del conventillo en La Boca) como Lucas Carrasco baleado por un policía de la Metropolitana, como los pibes de las fiestas electrónicas, como los pibes de los barrios estigmatizados por su condición. No es todo lo mismo, pero los mercaderes de la muerte apuntan en la misma dirección: jóvenes.
Un negocio que se disputa a las y los jóvenes como consumidores privilegiados y una disputa que ahora se produce en diferentes espacios. Sin educación, sin los derechos que el estado debiera garantizar para asegurar la vida ¿Qué futuro será posible? Mientras los medios exaltan asombrados las tragedias que alcanzan a las clases más afortunadas, las y los jóvenes y pobres cotidianamente sufren el desamparo condenados por su condición. Afortunadamente en cada uno de los territorios hay también muchos que se juntan para luchar por una vida más digna, aunque no sean tan visibles.