Por Francisco J Cantamutto
Ya se cumplió el año desde las elecciones y nos acercamos al primer año de gestión del gobierno de Cambiemos. Las excusas sobre la necesidad de tiempos para poder evaluar ya han perdido toda validez y podemos retomar los balances de conjunto.
La devaluación y tarifazo fueron un contrasentido en una política que decía combatir la inflación, pues en lugar de reducirla, la aceleraron, casi duplicando las ya grandes subas de 2015. En la disputa contra esta suba de precios, el gobierno procedió a una apertura generalizada de la economía, tanto en el comercio como en la cuenta financiera de la balanza de pagos. El creciente ingreso de mercancías importadas funciona como límite al aumento de precios, al competir con producción local, para placer del consumidor y miseria del trabajador. La suba de los costos de la energía quitó más competitividad, favoreciendo el cierre de empresas y los despidos.
Sin casi ningún control para los movimientos de capital, el ministerio de Hacienda coordinó con el Banco Central la suba de las tasas de interés para mantener los recursos en el país. Las tasas pagadas por este último organismo, tras llegar al 38% anual, se estabilizaron en los últimos meses por encima del 25%. Pero esta suba no solo intenta evitar una corrida cambiaria: también tiene por finalidad cubrir el mayor déficit fiscal. Para cubrirlo, el gobierno debió emitir más deuda (la cifra roza los 40.000 millones de dólares solo para el Estado nacional) y el Banco Central emitir más pesos. Para quitar estos pesos de la economía –que identifican erróneamente como fuente de inflación- emiten LEBACs, que prometen los jugosos rendimientos recién referidos. Esto ha favorecido la multiplicación de la bicicleta financiera, pues desde febrero a esta parte la devaluación del peso apenas superó el 10%: cada dólar ingresado, cambiado a pesos, que compró LEBAC, obtuvo al vencimiento rendimientos en dólares del 10 al 21%. Esto produjo que la masa total de LEBAC superara ya la base monetaria, y el 84% de las mismas tiene una duración menor a tres meses. Es decir, están disponibles para iniciar una corrida de un momento a otro. Con semejantes tasas de interés, la inversión productiva está paralizada.
Estos son apenas algunos de los rasgos centrales de la política económica del gobierno de Cambiemos, que se presentaron como problemas desde el primer momento: no era necesario esperar a ver lo que ocurría.
Algunos resultados
La falta de inversiones y la caída del consumo provocaron una caída del nivel de actividad, que rondará el 3% para todo el año. Hasta el momento no se visualiza ninguna reanimación de la inversión, ni local ni externa, lo que pone dudas sobre las expectativas. El consumo se ve particularmente afectado por la caída del salario real. El sector mejor pago, el de quienes se emplean en condiciones formales en el sector privado, sufrió una caída del orden del 6,4%. Quienes trabajan en el sector público o en el sector privado bajo formas informales han tenido mayores caídas de su poder adquisitivo. Los aumentos dispuestos en asignaciones familiares y jubilaciones han quedado retrasados respecto de la inflación, que supera el 44% en octubre.
Para septiembre, la construcción cayó más de un 11% (según el Indicador Sintético de Actividad de Construcción, del propio INDEC) y la industria más de un 7%. Las ventas minoristas se retrajeron un 8,2% en agosto según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), y por encima del 15% en los supermercados, según mide el INDEC. La misma CAME denunció el cierre de 6.300 comercios en los primeros 8 meses del año. Se trata de los tres sectores de actividad (construcción, industria y comercio) que han perdido mayor participación en el PBI, cayendo por encima del nivel general de actividad. Esto es de gran importancia porque se trata de los tres sectores de mayor capacidad de creación de empleo.
Vale resaltar que al mismo tiempo, son la agricultura, ganadería y las finanzas los sectores que menos afectados se ven por el escenario general, creciendo en el marco de una recesión nacional. El sector financiero, en particular, viene mostrando sistemáticas ganancias ligadas a lo que se conoce como “bicicleta financiera”, a través de la compra de títulos públicos que pagan altas tasas de interés. Este sector cobra tan bien con esta bicicleta, que no tiene incentivos a prestar para financiar ninguna inversión.
Hasta septiembre de 2016, el Centro de Economía Política Argentina contabilizó 213.166 despidos, un tercio de los cuales fue responsabilidad del sector público. No debe extrañar entonces que entre despidos y caída del salario, la pobreza haya aumentado. Según cifras oficiales del INDEC, el 32,2% de la población es pobre. Entre menores de 14 años, la cifra empeora: más del 47% vive en la pobreza, casi 3 millones de niños y niñas. Aún peor, el 6,3% es indigente, es decir, no puede cubrir ni siquiera sus necesidades de alimentación, valuadas en cerca de $5.000 mensuales para una familia tipo. Como quiera que se mida, la pobreza y la indigencia aumentaron en los últimos meses.
Estos son algunos resultados preliminares de la gestión de Cambiemos, datos para un balance sobre este feroz ataque a las clases populares y trabajadoras.