Ayer por la noche se aprobaron tanto en el Senado como en Diputados los proyectos presentados por el oficialismo que plantean una reforma del sistema judicial con la pretensión de democratizarlo.
En la Cámara Alta se le dio media sanción, por 39 votos a favor y 31 en contra, a la ley que, por un lado, modifica la cantidad de miembros en el Consejo de la Magistratura, aumentándolos de 13 a 19, incluyendo cinco académicos de cualquier profesión y un abogado más. Por otro lado, también se aprobó que la elección de la mayoría de los miembros consejeros (tres jueces, tres abogados y seis académicos), será por voto popular a partir de las próximas primarias obligatorias (PASO) y no por designación de sus pares.
En la Cámara de Diputados, a su vez, se le dio media sanción a otros tres proyectos de ley también presentados por el oficialismo, en el marco de la polémica reforma judicial. Con 133 votos positivos y 109 negativos, se aprobó el proyecto referido al acceso a la carrera judicial, que habilita la realización de exámenes y sorteos públicos para los distintos puestos y rompe con la designación “a dedo”. La segunda ley votada fue una referida a la publicidad de las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que obtuvo la media sanción con 136 votos. La última de las leyes que se aprobó en esta cámara y que ahora deberá pasar al Senado, es la que convierte en públicas y accesibles a través de internet, por medio de la Oficina Anticorrupción, las declaraciones juradas de los jueces y que consiguió 140 votos positivos y 101 en contra.
El poder judicial en debate
Roberto Gargarella, abogado constitucionalista, reflexionó ayer en el matutino de FM La Tribu 88.3, Llevalo Puesto sobre la superficialidad de algunas medidas y dijo que “mucho de lo que se propone es contrario a los mismos ideales que se invocan”, en relación al discurso oficialista que plantea que este paquete de reformas significan una democratización de la justicia.
Uno de los puntos que más cuestionamientos generó es el de la creación de nuevas instancias de casación para los distintos fueros (actualmente sólo existe en el fuero penal). Al respecto, Gargarella afirmó que eso extenderá los tiempos judiciales en detrimento del acceso a la justicia de los sectores más vulnerables: “Si, por un lado, no se hace nada para que litigar sea menos oneroso, para que no sea obligatorio tener un abogado para darle ayuda especial a los pobres y garantizar su acceso a la justicia y, al mismo tiempo, se prolongan los juicios 5 o 10 años más, ninguna persona sin recursos está dispuesta a empezar siquiera un juicio si tiene esa perspectiva. Y agregó: “Ya tenemos tres instancias arbitrales potenciales, meterle una instancia nueva es reforzar el poder de extorsión de los poderosos”.
También se encuentra en el centro del debate el intento de limitar y regular las medidas cautelares. Estos recursos judiciales, que son de tratamiento rápido y consisten en un reclamo ante la posibilidad de violación de algún derecho, según el proyecto del oficialismo, tendrán un plazo de seis meses para resolverse. El caso más rimbombante del último tiempo en cuanto a este tipo de recursos es el presentado por el Grupo Clarín contra la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que en diciembre del año pasado fue prorrogada sin plazo.
El #18A y la oposición
La puesta en discusión del sistema judicial por parte del oficialismo, como afirmaba Ulises Bosia en el artículo “La Justicia en debate”, genera sin duda politización en la sociedad e instala, más allá de las medidas puntuales y su efectividad en la tan mentada democratización, un debate sobre “el poder del Estado más conservador y aristocrático, al que está menos sometido a la soberanía popular y en el que la participación popular es más minoritaria”. Pero no todos los sectores políticos parecen verlo de esta forma. Desde el diario La Nación hablan de “avance sobre la justicia” y en Clarín se refieren al tema como “embate del gobierno contra la justicia”.
Además, los trabajadores del poder judicial, liderados por Julio Piumato están atravesando un paro por 72 horas en rechazo a la iniciativa de reforma. Y dirigentes de la oposición como Mauricio Macri, Ricardo López Murphy, Alfredo De Angeli, Patricia Bullrich, Francisco de Narváez, Momo Venegas y hasta Victoria Donda, se encuentran a la cabeza de la convocatoria (supuestamente iniciada por “un grupo de ciudadanos” por las redes sociales) de un cacerolazo “para denunciar todo lo que este gobierno está haciendo mal”, repudiar la reforma impulsada y defender la independencia de la justicia.