Por Mariano Pacheco, desde Córdoba. Ayer por la tarde, tras permanecer un día entero en la comisaría de Río Primero, liberaron a las doce personas que fueron detenidas el domingo tras el desalojo de dos familias campesinas, en el paraje de Tres Esquinas, cerca de Piquillín, en la provincia de Córdoba.
El violento desalojo de las familias, que incluyó la demolición de las viviendas y la pérdida de sus bienes (entre ellos sus animales de cría), fue realizado por la policía de la provincia de Córdoba el jueves por la mañana. Sin mediar palabras, los efectivos de la departamental Río Primero sacaron a los golpes y empujones a las familias de Humberto Gonzales e Irma Monje. “Estas acciones representan una claro mensaje de cómo la provincia de Córdoba elige la política de recortar derechos, reprimir las luchas sociales y fortalecer a los agro-negocios sojeros y la mafia de compra-venta de campos”, denunció el Movimiento Campesino de Córdoba, quienes llamaron la atención que varias topadoras y máquinas viales se dispusieron a borrar cualquier vestigio de posesión ancestral por parte de estas familias. Según declaraciones del MCC, un Mega Operativo policial dispuesto especialmente por la gobernación provincial impidió que los vecinos y amigos se acercaran al lugar. En diálogo con Marcha, uno de los detenidos contó que fue apresado cuando se acercó a solidarizarse con sus amigos.
Si bien los dos menores y la abogada del Movimiento campesino de Córdoba quedaron en libertad el mismo domingo, el resto -por trabas burocráticas- tuvo que esperar hasta el día siguiente para recuperar su libertad. La orden la dictó el fiscal Víctor Chiapero, quien también confirmó la imputación por el delito de usurpación de las 16 personas apresadas por intentar retomar la posición del terreno. Entre ellos se encontraban los damnificados, quienes –aseguran– habitaron ese predio durante casi un siglo, incluyendo tres generaciones.
Historia de un conflicto o cuando A se pela con B y se perjudica a C
Desde 1994, Sara Javes sostiene un litigio en la justicia Civil y Comercial contra Henrry Cataneo, un empresario de la soja ya fallecido que permanecía usurpando gran parte de las tierras que, según su testimonio, permanecían a su abuelo. Sólo 3 de las 183 hectáreas estaban ocupadas por las familias campesinas, monje y Gonzales, quienes nunca fueron notificadas de este conflicto. Por eso ayer por la mañana, cuando Victoria Guana -abogada del Movimiento Campesino de Córdoba (MCC)-, logró entrevistarse con la jueza Olariada de Masiel, se sorprendió que la magistrada le dijera no sólo que no figuraba en el expediente, sino además que ni ella misma sabía que había gente habitando el predio. Por eso para Mariana Romano, también abogada del Movimiento Campesino, debe exigirse que se anule la sentencia, ya que las familias implicadas no pudieron ejercer su derecho a la legítima defensa, porque nunca fueron notificados de la demanda, ni del juicio, ni de nada.
Si bien la detención de las familias campesinas no afecta en nada sus derecho sobre el campo, al haberse resistido a una orden de desalojo (a la cual consideraban injusta) emitida por una fiscalía, ahora pesa sobre sus espaldas el delito de usurpación. De las 16 personas imputadas, 4 son de la familia González. De allí que Ramiro Fresneda, otro de los abogados del MCC, haya declarado al respecto: “Es llamativo como el Poder Judicial es tan lento para resolver la situación de familias con problemas de posesión pero muy rápido para dictar órdenes de desalojo. Está claro que la orden vino de arriba”, subrayó en clara alusión al gobernador José Manuel De La Sota.